La destrucción de la ciencia mexicana

El régimen del presidente López destruye la ciencia mexicana, desde su odio por el conocimiento científico, desprecio por las instituciones, aversión a la disciplina académica, desconfianza por avances tecnológicos, y antipatía contra expertos y especialistas. Desde una tóxica ideología parroquial, se propone desmantelar toda la arquitectura científica de nuestro país. Hay un paralelismo inquietante entre el presidente López y su directora del CONACYT (Elena Álvarez Buylla), y Iósif Stalin y su “científico” de cabecera Trofim Lysenko en la desaparecida Unión Soviética. Lysenko era de extracción campesina, y consideraba que sólo el conocimiento ancestral campesino ruso podría beneficiar al pueblo. Rechazaba a la ciencia académica moderna, en particular a la genética y a la biología evolutiva, y trataba de suplantarla con una falsa ciencia popular. Negaba la evolución por selección natural y entronizaba la “herencia de los caracteres adquiridos”, lo que legitimaba la obsesión comunista por un “hombre nuevo”.  Stalin lo consideraba un científico descalzo, auténtico promotor de saberes profundos del pueblo ruso. Fue director de la Academia de Ciencias Agrícolas de la URSS, desde donde, con la anuencia de su protector, Stalin, purgaba, encarcelaba y mandaba asesinar a verdaderos científicos soviéticos. Gracias a Lysenko y a la colectivización, la agricultura soviética sufrió un estrepitoso fracaso que provocó terribles hambrunas. Fue hasta la era de Nikita Jrushchov que la ciencia soviética pudo sacudirse el yugo de Lysenko.

En el México del presidente López, el CONACYT de Elena Álvarez Buylla trata de ejercer –como Lysenko–  un control estalinista, dogmático, ideologizado e irracional de la ciencia, para finalmente destruirla. Purga a directores (como en el CIDE y otros Centros Públicos de Investigación – CPI); maniobra para despedir rectores de universidades públicas no afines; fustiga lo que denomina “ciencia neoliberal” moderna; impone recortes presupuestales incapacitantes del 50% a los CPI; desaparece a la biotecnología del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la sustituye por obscurantismo retrógrado y supercherías; agrede a la comunidad científica, la divide y polariza; trata de confiscar recursos obtenidos por los CPI a través de proyectos con la iniciativa privada y organismos internacionales, modificando Convenios de Asignación de Recursos con SHCP; cancela becas a estudiantes de posgrado en el extranjero; bloquea proyectos concurrentes de desarrollo científico y tecnológico con empresas privadas; expulsa del SNI a las universidades privadas; y trata de conculcar patentes y  propiedad intelectual que no le corresponden. Y desde luego, ignora que la ciencia y la tecnología modernas son llaves de innovación, cambio institucional, productividad, competitividad, crecimiento y desarrollo económico, que necesariamente se dan en binomio entre el Estado y la iniciativa privada, en un escenario de cooperación internacional. Más aún: el gobierno del presidente López ha destruido y saqueado fideicomisos de ciencia y tecnología que alimentaban a los CPI y a investigadores con recursos plurales y multianuales que daban viabilidad a proyectos científicos de mediano y largo plazos. Todo ello, además del funcionamiento desastroso del CONACYT: cancelación de convocatorias, publicación a destiempo, retraso en los resultados, y cambio de normativas y su aplicación retroactiva.

Ahora, Elena Álvarez Buylla y el CONACYT promueven una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (contra la “ciencia neoliberal”). Ahí se formalizan todas las decisiones tomadas contra la ciencia mexicana, que hasta el momento han sido instrumentadas por medio de actos administrativos, acuerdos y modificaciones reglamentarias. Esta propuesta, además, pretende anular la libertad de investigación; abolir la representación formal y participación activa de la comunidad científica en decisiones de política (Foro Consultivo Científico y Tecnológico); eliminar la autonomía de los CPI y desaparecer definitivamente  fideicomisos de ciencia y tecnología; excluir a investigadores de universidades privadas; y finiquitar la concurrencia científica y tecnológica con la iniciativa privada que operaba a través de Programas de Estímulos a la Investigación.

Se han interpuesto numerosos amparos contra las acciones del presidente López y del CONACYT; muchos serán desechados. Desgraciadamente, hay represalias contra directivos de CPI y de investigadores que han alzado la voz en defensa de sus instituciones y de la ciencia mexicana; por ello, su reacción es entendiblemente tenue. Será tarea de la nueva Cámara de Diputados contener la destrucción de la ciencia mexicana e impedir la aprobación de la ley de marras.

@g_quadri