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La inclusión financiera en el sector rural
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en México la inclusión financiera se refiere a que la población acceda y use los servicios financieros formales, como el ahorro, el crédito, los seguros y los medios de pago, en el marco de una regulación que garantice protección al consumidor y promueva la educación financiera.
En la presente columna, explicaré la situación de la inclusión financiera en México, en especial en el sector rural. Posteriormente, ejemplificaré la manera en la que Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) fomenta esta inclusión.
Los beneficios de una amplia inclusión financiera se traducen en un mayor bienestar y desarrollo económico, esto dado que el acceso a recursos crediticios facilita la inversión productiva, la adquisición de insumos, la adopción de tecnologías innovadoras y la diversificación de mercados, actividades que pueden incrementar la rentabilidad de las empresas.
A decir del Banco Mundial, la evidencia sugiere que la inclusión financiera permite a los individuos estabilizar su consumo e invertir en educación, salud y emprendimientos. Por estas razones, durante los últimos años, países como México han impulsado la inclusión financiera; sin embargo, todavía tiene mucho potencial de crecimiento, en especial en el medio rural.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 señala que, en su mayoría (76% en localidades de hasta 15,000 habitantes y 67% en localidades urbanas), la población mexicana hace frente a una emergencia económica mediante un préstamo de amigos, familiares o conocidos, en lugar de emplear un crédito formal de instituciones financieras. Lo anterior refleja que el uso de servicios financieros formales es bajo, sobre todo en zonas rurales.
De forma paralela, el Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2018 del Consejo Nacional de Inclusión Financiera indica que, con relación al acceso, en el 2017, 20.5% de los 1,285 municipios rurales con una población de hasta 15,000 habitantes contaba con sucursales de intermediarios financieros, de las cuales 54% correspondía a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (cajas) y 31.8% a los bancos, principalmente.
En cambio, de los 732 municipios con más de 15,000 y hasta 50,000 habitantes, 74% contaba con sucursales financieras y los bancos aportaron 57% de éstas. Entonces, las localidades pequeñas en general reciben una menor oferta de servicios financieros que proviene en mayor medida de los intermediarios financieros no bancarios, en detrimento de los bancarios; esto sugiere poca competencia, lo que podría significar costos más altos para los usuarios.
En la edición de mañana, se abordarán otros aspectos de la inclusión financiera, así como algunas acciones para impulsarla, particularmente en el sector rural.
*Especialista de la Subdirección de Evaluación de Programas. La opinión es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.