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Opinión

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La integridad empresarial y su vínculo internacional

El 30 de enero de 2024 el gobierno de Jalisco me invitó a dirigir un mensaje a la comundiad empresarial del estado en el foro “Integridad: pilar para el crecimiento y desarrollo”. A primera vista, parecería que este tema no tiene una relación directa con la agenda de corte internacional que tradicionalmente abordamos en este espacio, pero la verdad es que la integridad y la ética son factores que se nutren fuertemente de lo que pasa en el exterior.

Durante mi intervención comenté que la inclusión de principios éticos debe ser una obligación irrenunciable de nuestras organizaciones para apoyar el combate a prácticas cuyo impacto negativo ha sido ampliamente estudiado y medido: de acuerdo al Consejo Económico y Social de la ONU, la corrupción cuesta aproximadamente el 5% del PIB mundial.

En México, la corrupción sigue siendo un problema por atacar. De acuerdo con datos publicados por el INEGI en diciembre de 2023, el 22% de las personas adultas mencionó que la corrupción es uno de los tres problemas que mas le preocupan.

Pero la ética e integridad empresarial puede hacer más que combatir la corrupción. Tenemos que ampliar nuestro entendimiento del concepto para incorporar  también acciones para mejorar el nivel de ingreso de los trabajadores, ser responsables con el medio ambiente y la inclusión social. En ese sentido, en mi mensaje enfaticé que el comercio internacional se esté convirtiendo en la herramienta preferida para implementar acciones de monitoreo y correctivas en esos rubros.

Para un país como México, que en 2023 comerció más de 1.2 billones de dólares con el mundo, esto es muy relevante. La buena noticia es que el texto del Tratado México-EU-Canadá (T-MEC) se ha convertido en un referente a nivel internacional sobre cuáles deben ser los criterios mínimos a implementarse en los acuerdos comerciales.

Específicamente, el T-MEC incluye en su capitulado apartados específicos para promover la ética y la integridad en América del Norte en acciones como las compras de gobierno, competencia económica, empresas propiedad del Estado, anticorrupción y buenas prácticas regulatorias.

Las disposiciones contenidas en estos capítulos obligan a las empresas mexicanas a tener altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, al mismo tiempo que limitan la capacidad discrecional de los gobiernos para realizar actividades que podrían no solamente redundar en actos de corrupción, sino también generar otras consecuencias negativas como la pérdida de recursos naturales o el incumplimiento de unas condiciones laborales mínimamente dignas.

Desde luego, no sugerí en el evento que solamente por tener esas disciplinas en el T-MEC, automáticamente desaparecerán las malas prácticas. Pero el incentivo existente (negativo tal vez) para que tanto las empresas como los gobiernos cambien sus prácticas es que de otro modo estarían incumpliendo con las disposiciones del Tratado, y potencialmente se tendrían que enfrentar castigos comerciales por ello.

Para las empresas mexicanas existe además otro incentivo (de mercado): las prácticas éticas pesan cada vez más en las decisiones de los consumidores para adquirir un producto, en las empresas internacionales para elegir un proveedor o en las acciones regulatorias gubernamentales.

Más aún, en un escenario en donde México aspira a ser el gran centro mundial de atracción de inversiones, resulta fundamental que promovamos los valores y la ética empresarial, además de cumplir con las leyes locales sobre normas ambientales, laborales y de derechos humanos emergentes, para atraer inversiones de calidad.

Al final del evento los participantes emitieron una declaración, en la cual se comprometían a conducir sus organizaciones de acuerdo con estos valores y a promoverlos entre sus clientes y proveedores. Sin duda es un paso muy importante, que ojalá pueda repetirse en otras partes de la república.

El autor es profesor investigador de la Universidad Panamericana; previamente, colaboró por veinte años en el gobierno federal en temas de negociaciones comerciales internacionales.

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Juan Carlos Baker es académico de la Universidad Panamericana. Durante veinte años trabajó en la Secretaría de Economía, en la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, de la que fue titular entre 2016 y 2018.

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