La renuncia, detonada por la reforma que viene del IMSS

Si bien la extensa carta de Germán Martínez Cázares a la dirección general del IMSS revela y explica muchas cosas de lo que está sucediendo en todo el sector salud, también deja abiertas preguntas de cómo se están tomando las decisiones al interior de las instituciones que componen el sistema público de salud mexicano.

En principio, confirma que la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, es una secretaria sin cartera —recuerda a José Ángel Córdova con Carlos Salinas—, que resuelve directo con el presidente y sus decisiones incuestionables tienen más fuerza que las del propio titular Carlos Urzúa.

Se dice que la mayoría de puestos clave en el IMSS son posiciones del equipo de hacienda, lo que refleja que desde ahí empezó el problema. La gota que derramó el vaso, nos dicen, fue una próxima reforma para el IMSS, donde le piden achicarse al máximo recortando delegaciones y dejando sin elementos reales para hacer su labor, sobretodo si le están exigiendo atender a más población; por lo pronto a 250,000 “jóvenes construyendo el futuro” y trabajadoras domésticas que pueden llegar a 3 millones de derechohabientes adicionales. Se supone que el IMSS —como bien dice GMC en su carta— es autónomo y no se rige como otros organismos de gobierno, porque su presupuesto es tripartita (también aportan empresas y patrones), sino que tiene sus propias normas de ingreso-gasto.

Su presupuesto se ejerce independiente mientras no tenga déficit que afecte las finanzas públicas porque en ese caso sus requerimientos podrían ser enormes. Sencillamente su presupuesto equivale a cerca de 3.5% del PIB. Es de tal tamaño que, como hace ver GMC, ejerce más de 1,000 millones de pesos al día y en un mes puede gastar más que lo que la UNAM en un año.

Ahora, con todo lo que está pasando, podemos dimensionar el logro que significó superar su déficit financiero en el sexenio pasado. El IMSS estaba en la quiebra técnica en el 2012 y absorbía recursos fiscales por 22,000 millones de pesos anuales; su viabilidad estaba comprometida y tenía garantía de sólo dos años. Entre la dirección llevada por los ahora criticados “neoliberales”, José Antonio González Anaya y Mikel Arriola, superaron el déficit que amenazaba con quebrar al IMSS y en el 2016 anunciaron el primer año de superávit. Pudieron reconstituir reservas financieras en más de 70,000 millones y la viabilidad del IMSS quedó garantizada por el equipo anterior hasta el 2030.

Fue un logro de ese neoliberalismo tan señalado por el actual presidente como algo atroz y cuestionable porque se supone ubica a los objetivos capitalistas y monetarios por encima de todo.

Pues ahora queda evidenciado que el IMSS podría volver a estar en riesgo.

Hoy la Secretaría de Hacienda le está exigiendo recortes al máximo, medidas igual de neoliberales y con cero sentido social porque ponen en entredicho la funcionalidad de los servicios de salud del principal organismo de atención médica del país. Además, son exigencias mediante oficios fuera de la norma que rige al IMSS.

Una de ellas es el último oficio donde la oficial mayor le pide al director de administración del IMSS que ahora se haga cargo del reparto de los medicamentos y material de curación resultante de la compra consolidada que debe empezar a distribuirse para el segundo semestre. Lo delicado es que más adelante podrían ser exigencias que lleven a gastar más de lo que ingresa y entonces perder ese equilibrio conseguido a lo largo de años con gran dificultad. Y con ese intervencionismo de aparente responsabilidad financiera pero clara irresponsabilidad social, quién garantiza que no regresaremos al déficit que el IMSS arrastró por 35 años; que sus finanzas sanas podrían estar en la tablita si es que se vuelve a dirigir con intereses políticos.