Laboratorio legislativo en Tabasco no funcionó

Andrés Manuel decidió desde el inicio de su mandato que Tabasco sería el laboratorio legislativo nacional, y la tarea fue encomendada a uno de sus más cercanos: el exgobernador Adán Augusto López Hernández. Fue así como vimos usar las mayorías aplastantes que tenían en el congreso local para varias reformas a todas luces inconstitucionales: ley Compadre, para más asignaciones directas; ley Garrote, para meter en la cárcel a quien se manifestara; ley Dedazo, para eliminar la elección de delegados; ley antidemocracia, para disminuir prerrogativas a los partidos políticos, así como eliminar diputados de representación proporcional y regidores de oposición; y muchas otras más.

El laboratorio legislativo tenía un solo objetivo, obtener control absoluto, eliminar contrapesos y silenciar cualquier voz que piense diferente a Morena. La buena noticia es que pesar de estas intentonas, el Poder Judicial ha fallado mayormente a favor de revertir estas aberraciones legislativas.

El laboratorio legislativo de Morena no funcionó. La Ley Garrote que imponía penalidades severas a protestas sociales mediante el bloqueo de vías públicas fue invalidada por ser contraria a la libertad de expresión y de manifestación, además de imponer penas desproporcionadas. La Ley Compadre, que permitía la asignación directa de obras públicas y sin procesos de licitación abriendo la puerta a la corrupción fue invalidada por impedir garantizar los principios de eficiencia, transparencia y honradez en el gasto público; y recientemente, con ocho votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia invalidó una parte importante de la ley antidemocracia que pretendía prácticamente eliminar las diputaciones de representación proporcional, algo que a todas luces atentaba contra la democracia y la pluralidad, pues haría que Morena tuviese control absoluto en el Congreso con una sobrerrepresentación con respecto a los posibles votos que obtuvieran.

Los diputados de oposición somos un contrapeso para las decisiones que toma la mayoría oficialista, y debemos existir para mantener los sanos equilibrios de la democracia. Otro de los argumentos que mencionaron los ministros fue que la mal entendida “austeridad republicana” no justifica desaparecer las debidas proporcionalidades que marca la Constitución, incluso que una reforma de esa naturaleza impediría a la oposición solicitar al poder judicial acciones de inconstitucionalidad, eliminando una importante facultad de los legisladores. Todos estos razonamientos esgrimidos en el máximo tribunal de la nación adelantan que el Plan B electoral de Morena que aprobaron en el Congreso de la Unión a finales del año pasado, será revertido en la corte tarde o temprano.

Como mexicana me siento obligada a informar lo que está sucediendo en mi tierra, lo que el hoy secretario de Gobierno pretende replicar en el resto de las entidades federativa, y los riesgos que enfrentan los diputados de Morena si reiteradamente están votando a favor de reformas inconstitucionales, porque podrían caer en penalidades graves.

Afortunadamente la SCJN es un faro de esperanza cuando las decisiones de la mayoría oficialista no están de lado de la gente sino de quienes sólo buscan perpetuarse en el poder. Desde aquí mi reconocimiento a la ministra Norma Lucía Piña y a los ministros que una vez más, dieron un revés al laboratorio legislativo de Morena y defendieron la voz de todos los mexicanos.

Así que meditemos si realmente seguiremos #Augusto con los López...

@PerezSoraya