Libertad económica en México

La semana pasada el Instituto Fraser dio a conocer su informe 2023 sobre el estado de la libertad económica en el mundo con un análisis de 165 países con información para 2021. El índice se conforma de cinco grandes componentes: tamaño del gobierno, el sistema legal y derechos de propiedad, estabilidad del poder adquisitivo del dinero, libertad de comercio internacional y regulación de los mercados (crédito, laboral, de empresas y competencia).

La evidencia internacional, para varios años y diferentes países, señala que existe una alta correlación entre el nivel de desarrollo económico y el grado de liberad económica con la que cuentan los agentes económicos privados, tanto las familias como las empresas. Así, países cuyo arreglo institucional ha sido uno en donde la libertad económica ha sido la regla, uno en donde los agentes económicos privados han gozado de libertad para elegir como asignar los recursos de su propiedad y con un gobierno que ha cumplido con sus funciones (proteger y garantizar la seguridad personal y patrimonial de los individuos, ofrecer bienes públicos y corregir fallas de mercado y regular eficientemente los mercados) son simultáneamente los países que tienen un mayor nivel de desarrollo, medido tanto a través de su nivel de ingreso por habitante como a través de otros indicadores como salud y esperanza de vida, escolaridad de la población, calidad del medio ambiente, etcétera.

De acuerdo al índice de libertad económica, los 10 países más libres son Singapur, Hong Kong (diferenciado y separado de China), Suiza, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, Dinamarca, Australia, Reino Unido y Canadá. Por su parte los 10 países considerados como los menos libres del mundo son Congo, Algeria, Argentina, Libia, Irán, Yemen, Sudán, Siria, Zimbabue y, el menos libre de todos, Venezuela con un puntaje de 3/10 (Cuba y Corea del Norte ni siquiera fueron considerados). México se situó en el lugar 68 con un puntaje de 7/10; Costa Rica y Chile son los países latinoamericanos considerados como los más libres.

A México en particular, en 1980 (año situado en la “docena trágica” de los gobiernos de Echeverría y López Portillo) y con un puntaje asignado de 5.32 se le consideraba un país mayormente no libre. Sin embargo, con las reformas estructurales que se hicieron a partir de 1985 se fue incrementando la libertad económica de los individuos y de las empresas. Así, los puntajes fueron aumentando hasta llegar a un máximo de 7.15 en 2019. Ya con López Obrador en su segundo año en la presidencia, el valor del índice empezó a caer: 7.10 en 2020 y 7.02 en 2021. La cuatroté ha significado una menor libertad económica en nuestro país; no ha caído más porque el Banco de México ha mantenido su autonomía y porque siguen vigentes los tratados de libre comercio, particularmente el de América del Norte (T-MEC).

Al analizar para México los cincos grandes componentes del índice de libertad económica se tienen los siguientes puntajes: tamaño del gobierno 8.15, sistema legal y derechos privados de propiedad 4.46, estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 8.04, libertad de comercio internacional 8.13 y regulación de los mercados 6.33 (de crédito 8.15, laboral 8.91, de empresas 3.94 y competencia 7.32). Resaltan por su extremadamente bajos puntajes el asignado a la regulación de las empresas y al sistema legal y derechos privados de propiedad; son estos dos los eslabones más débiles de la cadena y en consecuencia son los elementos que inhiben el desarrollo económico.

Respecto de la regulación a la cual se sujeta a las empresas resaltan la alta carga regulatoria con un puntaje de 3.11 y los costos burocráticos con un puntaje de 3.56. Esta baja calificación es el reflejo de tener una regulación de los mercados que introducen altas barreras de entrada y salida y, sobre todo, la búsqueda y apropiación de rentas por parte de la burocracia, es decir corrupción.

El otro eslabón más débil es el sistema legal, es decir el Estado de derecho (rule of law): la seguridad legal de la propiedad y el papel del poder judicial para garantizar y proteger los derechos privados de propiedad y el cumplimiento de los contratos. Los puntajes asignados a los subíndices fueron independencia judicial 4.56, imparcialidad de los tribunales 4.5, protección de los derechos de propiedad 5.09, integridad del sistema legal 3.73 y garantía judicial del cumplimiento de contratos 4.21.

Claramente en México tenemos un grave problema cuando del poder judicial se trata en la defensa y garantía de los derechos privados de propiedad y del cumplimiento de los contratos. El problema radica, principalmente, en los poderes judiciales de los estados y no tanto en el Poder Judicial de la Federación. Esto es así dado que el artículo 104 constitucional que establece la competencia de los tribunales federales señala en su segunda fracción que “… A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ella, los jueces y tribunales del orden común”. Es por esto que la mayor parte de las controversias mercantiles y de cumplimiento de contratos se tratan en los juzgados y tribunales de los estados, los cuales no son en su mayor parte efectivamente independientes de los otros dos poderes de gobierno (particularmente los gobernadores), impera una elevada corrupción y no son imparciales. Es aquí, en los poderes judiciales estatales en donde urge una reforma.

Pero más allá, no hay duda de que la libertad económica en México está siendo mermada por un gobierno cuyo presidente no tiene respeto por el Estado de derecho y que no valora la libertad individual; peor aún, su posible sucesora que promete más de lo mismo, la valora todavía menos.

Twitter: @econoclasta