Lo que se rompió con el Fondo de Gastos Catastróficos

Con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), el instrumento del Seguro Popular para atender enfermedades de alta especialidad, operan aún un total de 856 hospitales o establecimientos médicos. De éstos, 790 (más del 90%) son públicos y 66 privados.

Ahí están incluidos la red de 23 institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad (INSHAE) y centros de tratamiento más pequeños; por ejemplo los oncológicos como Fucam, con amplio reconocimiento por su atención a precios accesibles a pacientes con cáncer de mama, o clínicas oftalmológicas que hacen trasplantes de córnea.

Los pagos del FPGC a estos establecimientos se realizan a servicio devengado, es decir hasta que los pacientes concluyen tratamiento que tarda en promedio de 6 a 8 meses. A todos estos centros, el Gobierno les ha venido retrasando los pagos, y ello ha puesto en serios aprietos a muchos de ellos.

De tratamientos prestados a pacientes a fines de 2017 y 2018, las instituciones prestadoras siguen sin cobrar y vienen financiando desde entonces al Gobierno, pero a estas alturas para muchas de ellas ya está en riesgo su sostenibilidad.

Al entrar la nueva administración, una de las primeras medidas fue despedir a las tres cuartas partes del personal operativo del Seguro Popular; con ese argumento se ha retrasado más en los pagos, teniendo adeudos multimillonarios en gastos catastróficos a las entidades acreditadas públicas y privadas.

Hay que aclarar que este esquema no es subrogación de servicio porque no hay licitación pública; el esquema funciona bajo una estricta revisión de la Secretaría de Salud (SS). Las unidades se acreditan para poder atender pacientes del Seguro Popular, y una vez acreditados, se firma un convenio con cada estado para la prestación de servicios, pero no implica ninguna partida anual de la SS, pues es recurso ya asignado a través del Fideicomiso del FPGC desde inicios del SP.

La incertidumbre está en que todos esos centros hospitalarios no saben cómo se operará ahora con el nuevo Fondo de Salud para el Bienestar pues será hasta mediados de año que se conozcan las reglas del INSABI. En el caso de los INSHAE la mayoría trae aprietos económicos y se agravaron porque les empezaron a restringir los pagos, aunque reciben de otras partidas presupuestales. Es uno de los factores de la carencia de terapias para pacientes con enfermedades costosas, en particular las oncológicas.

La peor situación la viven los privados, y su infraestructura médica valiosa con buen servicio puede irse por la borda.

Son los grandes costos del rompimiento a rajatabla del FPGC junto con sus reglas, tabuladores transparentes y protocolos técnicos establecidos, que toda esa red acreditada de prestadores de servicios hoy está emproblemada, pero además la entrada en vigor el 1 de enero del Insabi sin contar con reglas.

Acusan corrupción, ahora en Hospital Hidalgo de Aguascalientes

Nos llegó información sobre nepotismo e influyentismo en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes que atiende a pacientes de todo el Bajío. El desabasto de insumos, equipo y medicamento no es novedad hoy en ningún hospital público del país: tampoco la falta de personal de enfermería y paramédico. Pero en el Hospital Hidalgo, nos dicen, es vergonzoso porque se suspenden cirugías o procedimientos por falta de recursos materiales y humanos aunado a que se cobran elevadas cuotas de recuperación, mientras que se extienden los servicios privados cobrados al doble y en horarios de servicio público en el mismo hospital. Nos cuentan que directivos del hospital que encabeza Armando Ramírez Loza están confabulados con el secretario del sindicato Francisco J. Araiza Méndez y la representante del Trabajo y Conflictos, Rocío Rangel; asignan basificación a familiares, amigos y recomendados violando el contrato Colectivo de trabajo, entre muchas otras ilegalidades.

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