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Los beneficios globales de controlar el poder de Live Nation-Ticketmaster
La histórica demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Live Nation-Ticketmaster señala el fin de una era en la que los reguladores antimonopolio estadounidenses hacían la vista gorda ante la coerción por parte de empresas dominantes en el mercado. Igualmente importante es el hecho de que una victoria del gobierno federal podría remodelar la industria mundial del entretenimiento en vivo.
WASHINGTON, DC. A finales de mayo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y 30 estados presentaron una demanda antimonopolio histórica contra Live Nation, el promotor de eventos más grande del mundo, y su subsidiaria de propiedad total, Ticketmaster. Como parte de la iniciativa antimonopolio del presidente estadounidense Joe Biden, el caso ha generado una amplia cobertura mediática, sobre todo por la protesta que siguió a la venta fallida de entradas en los últimos años, incluida la exitosa gira Eras de Taylor Swift.
La mayoría de los informes se ha centrado en el hecho de que el Departamento de Justicia está tratando de disolver Live Nation-Ticketmaster, producto de una fusión desastrosa que fue aprobada en 2010. Pero la demanda también señala el fin de una era en la que los reguladores antimonopolio de EU hicieron la vista gorda a la coerción por parte de las empresas dominantes. Igualmente importante es que una victoria del gobierno federal podría remodelar la industria global del entretenimiento en vivo, dado el alcance e influencia internacional de Live Nation-Ticketmaster.
Durante las últimas décadas, los reguladores antimonopolio estadounidenses han tenido la costumbre de insistir en tecnicismos y recurrir a la jerga legal. Por el contrario, esta demanda enfatiza los efectos adversos del dominio y la coerción corporativos en términos contundentes. El gobierno describió a Live Nation como una corporación “opresiva” que “ejerce su poder” para expandir “su alcance y llegar a cada grieta de un ecosistema [de entretenimiento] cada vez más complejo e interconectado, eliminando rivales, aumentando las barreras de entrada e inhibiendo la competencia en función del fondo”.
Es una descripción precisa: el uso generalizado de contratos de exclusión por parte de Live Nation con lugares y artistas ha permitido a la compañía ejercer un control casi total sobre los horarios de las giras y la venta de entradas. Según estos acuerdos, los artistas no pueden vender entradas directamente a sus fans a través de ventanillas de preventa ni utilizar vendedores de entradas que no sean Ticketmaster. Como resultado, los fanáticos pagan más en tarifas, mientras que los promotores más pequeños y los puntos de venta de entradas han sido eliminados, lo que consolida el dominio de Live Nation en el mercado.
No tenía por qué ser así. Antes de la década de 1970, cuando la aplicación de la ley antimonopolio estadounidense se redujo en su alcance, los tribunales condenaron duramente tales contratos como conductas ilegales. Sin embargo, desde la fundación de Live Nation en 1996, estos acuerdos han escapado al escrutinio e incluso han sido elogiados. Las políticas de competencia de laissez-faire permitieron a Live Nation y otros ejercer “control sin responsabilidad” sobre empresas y artistas fuera de sus límites corporativos, en detrimento de consumidores, trabajadores y rivales.
La demanda de Live Nation-Ticketmaster, junto con otros casos antimonopolio recientes, refleja el nuevo compromiso de la administración Biden de replantear el uso de acuerdos de exclusividad por parte de las corporaciones dominantes como una práctica comercial dañina, en lugar de una competencia leal. Por ejemplo, la denuncia de la Comisión Federal de Comercio contra Amazon por monopolizar el comercio minorista en línea se centra en gran medida en la conducta excluyente de la empresa; es decir, sus restricciones sobre lo que los vendedores externos pueden hacer fuera del mercado de Amazon. De manera similar, el juicio antimonopolio del Departamento de Justicia contra Google cuestionó su uso de contratos exclusivos para mantener su dominio en las búsquedas web.
Es importante destacar que el caso del Departamento de Justicia contiene lecciones para otras jurisdicciones en las que opera Live Nation-Ticketmaster, especialmente en el mundo en desarrollo. Los consumidores de estos países pueden inicialmente dar la bienvenida a una compañía conocida que representa a tantos artistas internacionales, pero eso cambia rápidamente en el momento en que Live Nation-Ticketmaster comienza a abusar de su poder de mercado, ya sea aumentando los precios o restringiendo arbitrariamente el acceso a ciertos espectáculos.
Consideremos lo que pasó en México. En 2021, Live Nation compró el 51% de OCESA Entertainment, el mayor promotor de conciertos del país, y vendió alrededor de 20 millones de entradas al año. En diciembre de 2022, Ticketmaster estropeó la venta de entradas para el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, que se suponía sería uno de los más grandes de la historia del país. Miles de entradas válidas para el espectáculo con entradas agotadas fueron rechazadas en el recinto y Bad Bunny acabó actuando en un estadio medio vacío.
Éste no fue un evento aislado. En 2023, Profeco, el organismo de protección al consumidor de México, encabezó una demanda colectiva contra OCESA y Ticketmaster por la cancelación unilateral de boletos para eventos entre 2021 y 2023. Luego de una investigación, en la que Ticketmaster se resistió a las visitas de supervisión in situ del regulador, la empresa reembolsó los billetes y pagó indemnizaciones a los consumidores en abril. OCESA y Ticketmaster también han ejercido su poder de mercado (juntos controlan el 64.5% del mercado de entretenimiento en vivo en México) para imponer contratos excluyentes, lo que llevó a los legisladores mexicanos a proponer una prohibición de estos acuerdos. Quizá lo más preocupante es que la demanda del Departamento de Justicia deja al descubierto cómo Live Nation toma represalias contra los lugares que no cumplen con sus contratos exclusivos, obligándolos a organizar eventos en fechas menos favorables hasta negarse a promocionar espectáculos y prohibir la reventa de entradas en plataformas alternativas. Si el gobierno estadounidense gana, podría alentar a los reguladores de otros mercados a desafiar este comportamiento coercitivo, ya sea por parte de Live Nation o de los monopolistas locales.
El caso Live Nation-Ticketmaster llega al corazón de cómo estructuramos el acceso al arte y la cultura, una parte esencial de la experiencia humana, un punto que el fiscal general Merrick Garland enfatizó al anunciar la demanda. Garland describió cómo ver a un prometedor Bruce Springsteen abrir para Bonnie Raitt en la década de 1970 lo “transformó”. Es un sentimiento compartido por cualquiera que alguna vez haya tenido la experiencia sublime de ver actuar en vivo a su banda o artista favorito. No se debe permitir que ningún monopolista que busque únicamente maximizar sus propias ganancias se interponga en ese camino.
La autora
Karina Montoya es reportera senior y analista de políticas en el Center for Journalism & Liberty, un programa del Open Markets Institute.
El autor
Daniel A. Hanley es analista jurídico senior del Open Markets Institute.
Copyright: Project Syndicate, 2024.