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Los socios de Rosario
El viernes 26, Rosario Robles Berlanga recibió el citatorio para que acuda a los juzgados del Reclusorio Sur. Tres días después fue filtrado el oficio emitido por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, para solicitar al juez fecha y hora para la audiencia inicial para la imputación y vinculación a proceso, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. La comparecencia deberá ocurrir el próximo jueves, 8 de agosto de los corrientes en un juzgado federal.
El expresidente de la Comisión Especial para la Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación, Julio Antonio Hernández Barros, se hizo cargo de la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano y Territoria, en el sexenio peñista, quien inicialmente ofreció acompañar a su clienta y después anunció que tramitó un amparo, y condicionó su presentación. Atenderá la cita, siempre y cuando haya la debida salvaguarda de sus derechos.
Hernández Barros está familiarizado con el caso denominado La Estafa Maestra desde septiembre del año pasado, cuando se convirtió en el defensor de Gustavo Rodríguez González, exdirector de Comunicación social de Sedesol, quien fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública. El OIC de dicha instancia dio vista a la PGR.
Inhabilitado por 10 años, el exvocero de Robles Berlanga retomó el ejercicio periodístico, como corresponsal de SíntesisTV, una revista digital bajacaliforniana del empresario pevemista Pablo Palani Rouvroy. En suspenso quedó la sanción impuesta por la Función Pública, por 210 millones de pesos.
“Ni vendiendo todos mis órganos alcanzo a pagar la multa”, sentenció el exfuncionario, quien ya había entregado su expediente a Barros Hernández. Tres meses después, las investigaciones de La Estafa Maestra alcanzaron a media docena de excolaboradores de Robles Berlanga, entre ellos su excoordinador de asesores, Enrique Rodríguez Tiburcio y de delegaciones, Simón Pedro de León Mojarro; y los ex directores generales Armando Saldaña y Marcos Salvador Ibarra.
La Estafa Maestra vinculó a instituciones federales y organismos descentralizados de distintas administraciones estatales, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que les permitió contratarse entre sí para evitar licitaciones. Sedesol y luego Sedatu contrataron universidades públicas y otros organismos estatales para distintas tareas, que van desde la evaluación de proyectos hasta la producción de spots.
“Todos los entregables son preparados por las mismas dependencias para permitir el pago y simular administrativamente la prestación de un servicio por parte de las universidades”, confió uno de los excolaboradores de Robles Berlanga, quien conoció de la orquestación de esta trama financiera. “Muchos contratos fueron suscritos con firmas falsificadas de algunos servidores públicos en funciones”.
De acuerdo con ese testimonio, los recursos salían de las arcas federales y desaparecían en un mar de cuentas bancarias y de empresas fantasma.
Las irregularidades detectadas por las indagatorias de la ASF desvelaron un esquema de subrogación que derivó en la malversación de al menos 7,700 millones de pesos.
Robles encargó la misión a sus más cercanos colaboradores: Emilio Zebadúa, ex oficial mayor; Rocío Bolaños, su vocera, y Ramón Sosamontes Herreramoro, jefe de su oficina.
Atípica, la asignación directa de esos contratos inicialmente se investigó la subrogación pero en el 2013, la ASF halló los primeros indicios de la simulación de los servicios, bajo el amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones.
En medio, la contadora Claudia Gabriela Morones Sánchez, ex funcionaria federal —junto con el exvocero de Sedesol, son los únicos sancionados por esta red de corrupción—y también directiva en la firma Factores y Servicios Humanos Lizpog, que tiene entre sus accionistas a Lizette Chávez Zaragoza y Lizette Prado Ordóñez, cuyo hermano Enrique fue director de Adquisiciones y Contratos en las dos dependencias que encabezó Robles Berlanga en el sexenio peñista.
Una maquinación inmoral. Una red de corrupción. Una codicia desmedida. Y una ganancia estratosférica. Las piezas del caso allí están. Y también está José Manuel Armenta, quien encabezó la Dirección de Infraestructura y Espacios Públicos: todo indica tendría varios pendientes que comprobar especialmente en las obras realizadas en convenios con diversos estados.
Las pesquisas sobre la Estafa Maestra estuvieron estancadas, hasta hace un año no obstante las revisiones de la cuenta pública, desde el 2014. De las observaciones a los pliegos de responsabilidades penales no hubo demoras, pero el deslinde de responsabilidades quedó en la esfera del entonces titular de la subprocuraduría especializada en delitos federales, Felipe Muñoz.
“Se persiguió a los denunciantes de firmas apócrifas y se soslayó a los involucrados en la ruta del dinero”, se quejó el informante, “parecía que Muñoz quiso proteger a los artífices de La Estafa”.
Otros colaboradores de la exsecretaria —entre ellos Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Evaluación y Prospectiva; Ramón Sosamontes, jefe de oficina, y Emilio Zebadúa González, oficial mayor— estarían bajo investigación. Este último estaría fuera de México.
EFECTOS SECUNDARIOS
MEDIDAS. En un terreno de siete hectáreas del municipio de Pesquería se erige un parque logístico, en las cercanías de la planta de KIA Motors Nuevo León. Las nuevas instalaciones —desde su concepción hasta el inicio de obra— estuvieron listas en un plazo récord de 65 días, con una inversión de 350 millones de pesos provenientes del fondo inmobiliario Meor, con sede en Guadalajara. Este proyecto facilitará operaciones de la industria automotriz para el norte del país y sur de Estados Unidos y generará más de 1,000 empleos directos e indirectos en la región. “Este año estamos desarrollando poco más de 150,000 metros cuadrados en proyectos industriales y comerciales, por más de 1,400 millones de pesos”, informó el CEO de Meor, Javier Camarena.
REINCIDENTES. En Semana Santa, Interjet dejó 12,000 pasajeros varados y nuevamente, en plena temporada alta, la aerolínea low cost incurrió en demoras y cancelaciones. Profeco contabilizaba —hasta el cierre de este espacio— 27 vuelos cancelados y otros 11 pospuestos, lo que había afectado a casi 6,000 clientes.