Negociar con el narco

El narcotráfico es una actividad ilegal en la medida en que no exista la legislación adecuada que regule el comercio y consumo de drogas de distinto tipo. Mientras tanto el mercado de estupefacientes se ha convertido en un arma de alto poder para controlar la vida de millones de seres humanos en diferentes sentidos.

Se trata no únicamente de la ganancia económica que un negocio ilegal produce, sino de sus consecuencias en el ámbito de la salud mental y física de los consumidores, y la violencia que la disputa por los territorios produce entre las diferentes bandas de competidores. Suponer que el mercado de productores, distribuidores y consumidores de droga puede desaparecer por la acción represora del Estado es una premisa que ha resultado ser falsa a lo largo del tiempo.

Pero una cosa es que ese Estado mantenga el control del tipo de droga que se vende, los lugares donde adquirirlos, los límites geográficos y de control social del narco, y otra es que el poder de los criminales determine la toma de decisiones en alguna zona e introduzca sus negocios paralelos de cobro de piso, secuestro y venta de sustancias peligrosas de manera tal que suplante al Estado como autoridad legítima.

Si bien es cierto que las estrategias de confrontación directa contra el narco por parte de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no resolvieron el problema de tener en el norte al mayor mercado mundial de consumidores de droga, lograron establecer límites al actuar de los cárteles en distintas partes del país. Pero la infiltración del crimen en el terreno político ya había avanzado significativamente.

La decisión de López Obrador de no confrontarse con la delincuencia y hacer uso de la Guardia Nacional sólo como instrumento pasivo para delimitar territorios entre bandas, dio como resultado el incremento brutal del poderío militar, social y económico de cárteles de distinto tamaño y de una lucha despiadada por el control de territorios y mercados.

Si la represión de Calderón contra el narco provocó miles de muertos ante el achicamiento de los espacios y la disputa por plazas cada vez más pequeñas, la complacencia de AMLO y el suponer que los criminales acordarían pacíficamente el reparto del botín, resultó en un baño de sangre y en la desaparición del Estado como la institución encargada de la seguridad ciudadana. Guerrero es hoy ejemplo más claro de esto.

Hoy, obispos negocian treguas entre cárteles mientras delincuentes acusan a políticos de haber sido parte del negocio. La elección de junio y el futuro del país dependen de la capacidad para recuperar el territorio perdido. No hay otra salida.