No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla

Se les advirtió que las malas decisiones de política pública podrían tener consecuencias, pero como decía mi abuela: “No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla”. En los últimos días, nuestro país ha vivido un escenario económico tremendo, desde tensiones comerciales con Estados Unidos hasta la degradación de nuestra nota soberana. Es un hecho que México necesita recuperar el rumbo hacia el crecimiento sostenido e incluyente. Pero, desafortunadamente, esto no podrá suceder si nuestros funcionarios federales continúan manteniendo una transparencia color chapopote y engañando al presidente de la República.

La coyuntura nacional nos muestra que el camino que decidió tomar la actual administración es bastante sombrío y preocupante. Estoy convencida en que todos, independientemente de nuestra trinchera política, tenemos que ser solidarios con mi paisano el presidente. Sin embargo, eso no significa que no alcemos la voz ante la incapacidad de nuestros funcionarios de poder llevar a buen puerto a este país, y mucho menos darles carta abierta para volver al Estado mexicano un circo de ocurrencias donde los principales protagonistas son la falta de transparencia y de legalidad.

Los proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno federal carecen de planeación; de ahí que un grupo de organizaciones y empresarios haya iniciado un juicio de amparo, no sólo para parar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, sino directamente contra la cancelación del de Texcoco. La litis es muy lógica. Esta administración no ha podido demostrar el interés público por el cual lo cancelaron, ni por qué los mexicanos tenemos que pagar un diferencial en la tarifa aeroportuaria por un proyecto que ya no se va a construir.

Por otro lado, está la refinería de Dos Bocas en Tabasco, la cual decidieron iniciar sin contar con los estudios obligatorios que mandata la ley, particularmente el de impacto ambiental, mismo que no es menor para un proyecto energético de tal envergadura. Como legisladora federal y tabasqueña, le solicité personalmente una reunión de trabajo para abordar este tema a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y me puse a sus órdenes, a lo que sencillamente me contestó que no iba a entregarme nada.

Así, las consecuencias llegaron. Fitch Ratings y Moody’s degradaron nuestra nota soberana y la de nuestras principales empresas productivas, como son Pemex y CFE, debido, principalmente, al deterioro del perfil crediticio de Pemex, ocasionado por la pérdida de inversiones y un modelo de negocios que aún no convence a nadie.

Pero pasa que los funcionarios federales no se dan cuenta de que lo que necesitamos los mexicanos es precisamente certidumbre: certidumbre sobre cómo el gobierno planea arreglar su relación con nuestro principal socio comercial, certidumbre sobre cómo se llevarán a cabo los principales proyectos de inversión, y certidumbre sobre cómo se pretende alcanzar el crecimiento económico de 4% prometido para el fin del sexenio.

A pesar de estos días negros en materia económica, yo mantengo la tesis de que si reactivan el proyecto de Texcoco, las rondas petroleras y las subastas eléctricas, podríamos recuperar la confianza que hemos perdido en estos últimos meses. Es irrefutable que las cosas no están pintando bien para México, pero gran parte del problema es que el presidente confía demasiado en un equipo que indudablemente lo está engañando.

Por eso insisto, para que se pueda retomar el rumbo correcto del país que merecemos, el único camino es consolidar la política de apego a la legalidad y total transparencia que se prometió durante la campaña. De lo contrario, en menor tiempo y plazo de lo que creemos, perderemos la estabilidad que aún gozamos, así como las inversiones y empleos que aún tenemos.