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Otra vez Altán haciendo planes alegres
Ayer me topé con una nota periodística que se refería al interés de la empresa Altán, el operador de la red mayorista, que mediante una Asociación Público Privada (APP) con el gobierno federal, explota la banda de 700 Megahercios (MHz), espectro radioeléctrico por el que se paga un precio subsidiado, en este caso, paga apenas el 10 por ciento de lo que el gobierno cobra a operadores comerciales que explotan bandas similares, en este caso, la de 800 Megahercios.
Se trata de un modelo de negocio que desafortunadamente no ha encontrado el o los elementos que le otorguen la viabilidad que tanto presumían sus promotores. Es un modelo de negocio que ha fracasado en prácticamente todos los países donde se ha intentado.
En el caso de nuestro país, la tragedia de Altán se localiza, entre otras cuestiones, en el hecho de que solo se le concesionó una banda, la de 700 MHz, que como bien apunta la nota a la que me refiero en el primer párrafo, es una banda de cobertura.
En otros países, las redes mayoristas han tenido la posibilidad de explotar más de una banda, sin embargo, algo ocurre que simplemente no han podido levantar el vuelo. Quienes han leído mis colaboraciones que tienen que ver con la red mayorista, seguramente recordarán que hace ya varios años me refería yo aquí a otra red que empezaba la misma aventura.
Se trata del proyecto que el gobierno de Ruanda concesionó o licenció al operador Korea Telecom, sin embargo, después de varios años en los que aún cuando ese operador sí logró la cobertura que se le exigía, nunca logró la masa de usuarios que también tenía que atender, el gobierno decidió modificar sus planes y retiró a Korea Telecom la exclusividad para explotar una red 4G, que justamente era ese proyecto.
También en el continente africano, Sudáfrica de plano desistió de la idea de impulsar una red mayorista, cuando el gobierno de aquel país tuvo conocimiento que Altán había anunciado que iniciaba un proceso de concurso mercantil. El fracaso más reciente ocurrió en Malasia, donde una red con el propósito similar, DNB, en la que el gobierno había orillado a los operadores comerciales a incoporarse como socios, y a la que también le concesionaron más de una banda, simplemente no levanta, particularmente para el propósito más relevante, que fuera util para impulsar servicios 5G.
Bueno, aún con esos referentes internacionales, hay una aparente nueva generación de ocurrentes que quieren soprender a quien se deje, que lo que necesita Altán para alcanzar la cima del éxito es que se le concesionen otras bandas, la de 2,500 MHz para empezar.
Faltaría resolver cómo diablos le harían para lograr el acceso a otras bandas, cuando no está definido un regimen de subsidio para redes mayoristas en esas otras bandas. Por lo pronto, aún no tienen la concesión de bandas diferentes y ya andan haciendo planes de que apenas se les concesionen, las subarrendarían en el mercado secundario, para lograr ingresos que de otra forma no podrían obtener.
A esos ocurrentes les recuerdo que esos planes de permitirle a Altán que hiciera negocio con un recurso subsidiado por el Estado, que, para generar ingresos extraordinarios en sus primeros años, sus directivos soñaron con subarrendar una parte importante de la banda de 700 MHz, eso sí a precios de mercado, por qué no. Como se dice coloquialmente, querían matar víbora en viernes.
En su momento, quienes participamos de manera activa en el Congreso en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica de 2013 y la legislación secundaria de 2014, advertimos que ese tipo de operaciones no estaban previstas en la naturaleza de la red mayorista que prevé la Constitución.
Hoy, se asoman nuevamente los charlatanes que traen la solución bajo el brazo para una red cuyo modelo de negocio simplemente no ha podido sostenerse, ni aquí ni en ningún otro país. El problema es que esos personajes encuentren funcionarios que se dejan sorprender.
Pero no tengan duda, el proyecto de Altán tarde o temprano terminará por pasarle una factura importante a los contribuyentes de México.
*El autor es economista