PPEF 2024: urge una reforma fiscal

El Paquete Económico presentado el viernes pasado y el Proyecto de Presupuesto para 2024 dejan claro que el primer pendiente de la próxima administración, sea del partido que sea, tendrá que ser una reforma fiscal profunda que incremente de forma significativa y sostenible los ingresos del Estado mexicano.

El presupuesto para el próximo año, posiblemente aprobado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados sin mayores cambios, muestra el mayor déficit de las últimas décadas. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RSPF) —el indicador más confiable para medir el déficit— será de 5.4% del PIB para 2024, la cifra más alta en más de 30 años.

Pero el problema no es el déficit per se: los déficits pueden ser beneficiosos si se utilizan para inversiones productivas en infraestructura u otros servicios. El problema está en la capacidad de pago del Estado mexicano.

Y aquí México presenta serios problemas hacia adelante.

Según los criterios presentados, el próximo año los ingresos presupuestarios representarán solo 21.3% del PIB (3% petroleros, 14.4% tributarios, 4% de entidades como el IMSS, ISSSTE y CFE, así como ingresos no tributarios como aprovechamientos y derechos). El problema no está en el Saldo Histórico de los RFSP —que será 48.8% del PIB— sino en nuestra capacidad para pagarlo con los ingresos del gobierno.

El problema con este déficit es que, a diferencia de lo que dicen algunos, no es sólo para el próximo año. Según el CIEP, el gasto en pensiones contributivas y no contributivas ya representa 22% del presupuesto y seguirá aumentando. Además, seis de cada 10 pesos del presupuesto están comprometidos en intereses de la deuda y transferencias a estados y municipios. Sumado a que el próximo gobierno tendrá que transferir enormes cantidades de dinero a Pemex (este gobierno lleva 1.3 billones) y terminar de pagar el Tren Maya y Dos Bocas, que costaron más del doble de lo presupuestado, no habrá espacio de maniobra con las finanzas públicas. Ni hablemos del sistema universal de salud.

Sabemos, desde hace tiempo, que tenemos que subir ese 14.4% del PIB de ingresos tributarios, la gran pregunta está en el cómo. No hay respuestas obvias y todas son muy costosas políticamente.

Lo que ha hecho este gobierno de cobrar impuestos rezagados está bien, pero no son ingresos sostenibles. Otras propuestas, como el impuesto a las herencias o grandes fortunas, tienen fundamentos de justicia social legítimos, aunque también argumentos sólidos en contra, relacionados a la doble tributación. Además, no cambiarían de forma significativa los ingresos, ya que las grandes fortunas no se encuentran en territorio mexicano. Aumentar las tasas marginales a los empleados de altos ingresos tampoco incrementaría de forma significativa los ingresos tributarios por el bajo número de empleados, y las tasas marginales para personas físicas de altos ingresos ya son altas (32%). Por último, existe la vieja propuesta de aplicar el IVA a alimentos y medicinas, que sí aumentaría de forma importante los ingresos, pero es altamente impopular y regresiva en términos redistributivos.

La próxima presidenta de México necesitará dedicarle el capital político que tenga a abordar el problema de finanzas públicas que este gobierno no quiso arreglar con todo el capital político que tenía al inicio del sexenio. Ahora, la primera presidenta empezará su gobierno con un gran reto, que requerirá el consenso de todas las fuerzas políticas y que podría ser el más importante de las últimas décadas.