¿Política exterior feminista?: el informe de México a la CEDAW

En las observaciones emitidas por el Comité CEDAW al informe presentado por México en 2018 se estableció que debido al alto nivel de violencia hacia las mujeres nuestro país tiene la obligación de emitir informes cada dos años y no cada cuatro como el resto de las naciones. El informe 2020 fue entregado en días pasados por la delegación mexicana y contrario a lo recomendado por el Comité, es claro que el gobierno ha abandonado los pocos avances en materia legislativa, programática y de política pública; y ha actuado en sentido contrario, al agravar la situación que viven millones de mujeres y niñas.

Este contexto se ejemplifica mediante diversas acciones dictadas por el Ejecutivo Federal como la “circular 1” sobre la cancelación de los programas en los que participaban organizaciones de la sociedad civil (PROEQUIDAD o estancias infantiles) o la reducción de los presupuestos a condiciones mínimas de subsistencia (refugios para mujeres víctimas de violencia y servicios de protección a víctimas) generando afectaciones a millones de mujeres en todo el país. Esto ha generado efectos negativos en las organizaciones que se dedican a la defensa y protección de mujeres porque muchas operaban exclusivamente con los recursos provenientes de dichos programas, lo que ha disminuido notablemente su capacidad de organización y atención. La respuesta a estas determinaciones se ha acompañado de propuestas y recomendaciones por parte de expertas y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la política nacional de igualdad y la eliminación de la violencia contra las mujeres, mismas que no han sido tomadas en cuenta.

Un ejemplo de esto es el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 que vislumbra un futuro poco alentador para las mujeres mexicanas. Al Anexo 13 se le suprimieron aquellos gastos destinados a la política de igualdad, y en su lugar se incrementaron programas considerados prioritarios para la actual administración, mismos que no cuentan con perspectiva de género, pues en su mayoría se trata de programas de entrega directa de recursos (tal es el caso del programa de pensiones para adultos mayores que concentra 46% de ese gasto). Lo anterior, a pesar de que se ha demostrado que la sola transferencia monetaria no reduce las brechas de género.

Por otra parte, estas acciones son incongruentes con la campaña internacional emprendida por el gobierno y dirigida a identificarlo como aliado de las mujeres y sus derechos humanos, bajo el lema “política exterior feminista”, el funcionariado promueve una imagen distorsionada de la realidad pues, los últimos meses registran las cifras más elevadas de feminicidios y desapariciones de niñas y mujeres en el país, frente a un gobierno que ha demostrado no interesarse en garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia.

En resumen, este gobierno en muy pocos meses ha debilitado el andamiaje institucional que tantas décadas costó construir para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación contraviniendo lo establecido en tratados internacionales y en preceptos constitucionales. Además, este contexto se ha visto agravado por los constantes ataques y descalificaciones del Presidente hacia el movimiento feminista, donde repetidamente acusa a las organizaciones de aliarse con grupos conservadores para afectarlo electoral y políticamente, fomentando la violencia hacia activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres en todo el país.

La situación que enfrentamos las mujeres hoy en México exige un gobierno con altura de miras y con acciones serias y coordinadas que eviten que más mujeres sean asesinadas. Más allá de la politiquería, el llamado es claro: nos están matando.

*Abogada y activista. Doctora en Derecho. Ex Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

@PatyOlamendi