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Por una política cripto favorable a los desarrolladores y no a los especuladores
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Si Estados Unidos quiere liderar en criptografía, inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia, necesita reglas claras que reconozcan el valor que estas innovaciones pueden aportar a la economía, sobre todo restableciendo la competencia en el sector tecnológico. Desafortunadamente, ninguno de los candidatos presidenciales parece entender esto.
CAMBRIDGE. La industria de las criptomonedas está aportando cientos de millones de dólares a los candidatos de la elección presidencial de noviembre en los Estados Unidos con la esperanza de que apoyen una normativa razonable. Pero a pesar de la magnitud de las inversiones (el sector es el principal aportante de fondos de este ciclo electoral), las ideas de los candidatos no están claras, ni tampoco cómo harán para priorizar a los desarrolladores en vez de a los especuladores.
Algún observador casual puede haber oído que el expresidente Donald Trump, candidato republicano, ha abrazado la causa. En un congreso reciente de bitcoin en Nashville, prometió convertir a Estados Unidos en la “capital cripto del planeta”, crear una reserva estratégica en bitcoins y adoptar las “criptomonedas estables” o stablecoins. La audiencia, encantada. Pero el tipo de promoción que quiere hacer Trump de las criptomonedas resalta el principal problema del sector: el debate político lleva demasiado tiempo dominado por quienes quieren usar la tecnología para la especulación financiera, mientras que se margina a quienes de veras quieren construir algo con ella.
La vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata, no ha dicho mucho sobre el tema; pero ahora tiene una ocasión para ofrecer una postura más estudiada y progresista hacia la innovación financiera. La política para las cripto, lo mismo que la política para la IA, es ante todo una cuestión de innovación y competitividad nacional. Para que Estados Unidos lidere este sector estratégico, lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es reemplazar a las autoridades de regulación financiera hostiles, lideradas por el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, quien se ha negado sistemáticamente a tener un diálogo significativo con la industria.
Pero tampoco serviría de nada designar reguladores más afines a la mentalidad de ganancias rápidas. La principal fortaleza de las cripto (su capacidad para incentivar la construcción de redes abiertas) es también su mayor debilidad. Lo mismo que con la fiebre decimonónica de los ferrocarriles, las criptomonedas han impulsado la creación de nuevas infraestructuras valiosas, pero también hubo actores inescrupulosos que las explotaron para perpetrar estafas y fraudes: Sam Bankman-Fried es un excelente ejemplo de alguien que supo cómo aprovecharse de las deficiencias del marco regulatorio vigente.
El caos regulatorio actual beneficia ante todo a empresas que sólo se dedican a la especulación e incluso a la estafa lisa y llana. Peor aún, muchos actores de la industria que se adelantaron a pedir que se regule el sector o que intentaron colaborar con las autoridades han debido enfrentar medidas legales que provocaron una pérdida de acceso a servicios bancarios esenciales.
Es común que los reguladores no tengan incentivos para adaptar las normas vigentes a la aparición de nuevas tecnologías, y que las empresas instaladas les provean argumentos para proteger el statu quo. La persecución del delito en el sector cripto llegó demasiado tarde (o no llegó) y los consumidores están escaldados. Al no haber una normativa clara, muchos participantes del mercado con empresas establecidas o que necesitan servicios bancarios rehuyen explorar esta tecnología, a pesar de su potencial. El resultado es un sistema que recompensa a inescrupulosos y estafadores, mientras desalienta a innovadores interesados en mejorar los mecanismos de pago, reformar el sector financiero, proteger la privacidad de los datos o enfrentar la concentración de mercados a manos de las megatecnológicas.
Una regulación de las cripto bien diseñada demanda mucho más que los comentarios halagüeños de Trump. El tema va más allá de las cripto. Para liderar en IA, defensa y otros campos, Estados Unidos necesita una normativa que reconozca el aporte que pueden hacer estos sectores innovadores a la economía general (en particular, restaurando la competencia). Es una tarea compleja, que demanda mucho más que cortejar a los maximalistas del bitcoin y limitarse a permitir la existencia de stablecoins.
Piénsese en la propuesta de Trump de que el gobierno de los Estados Unidos atesore bitcoins como activo estratégico. Que esto mejorará la cotización del bitcoin es evidente, pero de qué manera servirá al interés nacional no lo es. En vez de eso, el gobierno federal debería declarar las redes basadas en blockchain como infraestructura crítica, a la manera del 5G.
Tampoco debería el gobierno apoyar a ciegas la minería de bitcoins dentro del país sin alentar, al mismo tiempo, el uso de las renovables o de fuentes de energía no utilizadas y sin reforzar redes de distribución cada vez más frágiles (sirve de ejemplo Texas). Al momento de definir regulaciones, hay que estudiar de qué manera pueden la minería de bitcoins y la fabricación de chips contribuir a la seguridad nacional con un mínimo impacto medioambiental.
En su discurso de Nashville, Trump acusó a la administración Biden de inmiscuirse en las relaciones de las empresas cripto con sus bancos. Pero el problema real es que el entorno regulatorio y de supervisión dificulta a los bancos una relación segura con las cripto. Muchos en el sector bancario son conscientes de la importancia que tendrán los pagos y activos digitales en el sistema financiero, pero no han podido avanzar por culpa de reglas absurdas, como el boletín 121 de la Comisión de Bolsa y Valores sobre prácticas contables (SAB 121), que impone pesadas exigencias contables a empresas que no tienen modos de explorar posibles excepciones en privado con la comisión.
Trump también prometió adoptar las stablecoins para reforzar el dominio del dólar. Pero una vez más, la cuestión es más compleja de lo que parece. Para evitar que el mercado termine tan concentrado como ya está la industria de las tarjetas de crédito, Estados Unidos necesita alentar un entorno competitivo para la emisión de stablecoins. El principal caso de uso no debería ser la dolarización, ya que eso puede debilitar los controles de capitales, desestabilizar las economías emergentes y socavar la efectividad de los regímenes de sanciones. En vez de eso, la legislación debe apuntar a que las stablecoins se conviertan en un medio de pago seguro para la realización de transacciones internacionales instantáneas.
Hacer realidad esta visión demanda un sólido marco de integridad ética. Los emisores actuales de stablecoins no saben, o no quieren saber, si sus dólares digitales están en poder de delincuentes o países sancionados. Pero esta peligrosa omisión pone grandes trabas a la adopción generalizada. Los criptoemprendedores tienen el deber de desarrollar soluciones innovadoras a los problemas de identidad e integridad, pero hasta ahora no ha habido muchos avances en este frente. Se necesitan nuevas reglas que incentiven mejor al sector privado para que haga el trabajo difícil.
En definitiva, las autoridades en Washington tienen que reunirse y redactar reglas nuevas, en vez de tratar de encajar las aplicaciones de las cripto en el molde de leyes de hace casi un siglo. Y la industria, por su parte, tiene que encarar los muchos problemas que los servicios financieros tradicionales y los líderes del sector cripto llevan demasiado tiempo ignorando. Una política razonable para las cripto tiene que priorizar a los desarrolladores, no a los especuladores. La promesa, como en los primeros días de Internet, es una tecnología que puede restaurar la competencia en sectores donde no se la ha visto en décadas.
El autor
Christian Catalini, fundador del MIT Cryptoeconomics Lab, es investigador del MIT, cofundador y director de estrategia en Lightspark e integrante del Comité Asesor en Tecnología de la Comisión de Futuros de los Estados Unidos.
La autora
Jai Massari, integrante del Berkeley Center for Law and Business y profesora visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, es cofundadora y directora jurídica de Lightspark e integrante de la Subcomisión para el Futuro de las Finanzas del Comité Asesor sobre Riesgo de Mercado en la Comisión de Futuros de los Estados Unidos.
La autora
Rebecca Rettig, directora jurídica y directora de políticas en Polygon Labs, es integrante de la Subcomisión para el Futuro de las Finanzas del Comité Asesor sobre Riesgo de Mercado en la Comisión de Futuros de los Estados Unidos.
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