Qué hacer con las Big Tech, el dilema de los cinco fantásticos

La pregunta del millón –o de los muchos billones—para las autoridades de competencia del mundo es qué hacer con las cinco mega compañías de tecnología que dominan los mercados: Alphabet (Google), Amazon, Apple, Metta (Facebook) y Microsoft.

En 2022, Alphabet vendió 282.8 billones de dólares; Amazon, 515; Apple, 394; Meta, 114; y Microsoft, 198. Las ventas combinadas de estas empresas superan 1.5 trillones de dólares. Esta cantidad supera a los 1.43 trillones de dólares a los que equivale el PIB de México (14va economía del mundo por tamaño).

Es probable que usted no conozca a nadie que no utilice uno o más de los productos o servicios de estas empresas. Y ese es precisamente el reto para los reguladores de competencia: su trabajo es proteger a los consumidores del poder de las empresas monopólicas… pero los consumidores favorecen a las Big 5.

En primer lugar, muchos de los servicios de estas compañías son gratuitos para el usuario, como las redes sociales o servicios de mensajería de Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), o las búsquedas en Google. En segundo, nadie quiere usar sistemas y productos distintos a los que todo el mundo ya conoce y son compatibles con los de los demás (Outlook, Microsoft Office, Gmail, Google Docs). Finalmente, la facilidad de poder comprar en línea a precios sumamente competitivos, sin salir de casa, como la que ofrece Amazon, ha puesto incluso al mamut de las ventas al menudeo con precios bajos siempre, Walmart, contra las cuerdas.

No obstante que los consumidores parecen estar contentos con la oferta, calidad, precios e innovaciones de los productos y servicios de los gigantes digitales, lo mismo la autoridad antimonopolio de Estados Unidos (FTC) que la Comisión Europea y la propia agencia de competencia mexicana, Cofece, están buscando investigar y sancionar a estas empresas, o impedir que realicen nuevas adquisiciones.

En Estados Unidos, el presidente Biden se comprometió a revitalizar la política de competencia con el nombramiento como presidenta de la FTC a Lina Khan, una joven académica que alcanzó notoriedad por sus publicaciones sobre la urgencia de poner límites a las big tech utilizando herramientas de competencia. Algunas acciones recientes: el gobierno norteamericano intentó bloquear que Microsoft comprara al desarrollador de videojuegos Activision; también quiere forzar a Google a desincorporar parte de su negocio de publicidad. Intentó fallidamente impedir que Meta comprara a Within Unlimited, un desarrollador de contenidos de realidad virtual, aunque un juez rechazó los argumentos de la FTC. Se sabe que la agencia está próxima a presentar un caso contra Amazon.

Por su parte, la Comisión Europea ha multado con cientos de millones de euros a Google y Facebook; ha impuesto regulación a las big tech para evitar la conducta de auto dirigirse negocio (self preferencing, como cuando Amazon arroja en primer lugar en una búsqueda sus propios productos), o para limitar el uso de los datos privados como mercancía, sin consentimiento de los usuarios.

La Cofece ha abierto investigaciones de prácticas monopólicas relativas (abuso de dominancia) en el mercado de servicios digitales, y de barreras a la competencia en insumos esenciales en el mercado de comercio electrónico minorista. Aunque por ley no puede revelarse el destinatario, no es difícil imaginar quiénes son los investigados.

Las autoridades parecen coincidir en una cosa: los cinco fantásticos ya son demasiado grandes. Eso parece no ser bueno por sí mismo, y están alineadas en el mensaje de que hay que hacer algo al respecto. El problema es qué.

El reto va a ser convencer a los jueces de cambiar el estándar que se ha utilizado por décadas en materia de competencia, que es el del beneficio del consumidor, y que se ha interpretado bastante estrechamente como precios bajos (que ya ofrecen), por criterios más amplios. No es claro que esté en el mandato de los reguladores de competencia proteger los derechos de otros competidores más pequeños para acceder al mercado, sancionar prácticas laborales abusivas o el mal uso de datos privados y, menos aún, disminuir el poder político de los gigantes digitales.