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Reforma de gran calado a la administración pública prende focos
Y la nave va. En materia de reformas importantes, el sexenio no se ha terminado. Todos los reflectores están atentos al desenlace de los cambios electorales. Ahí están puestos los ojos, mientras tanto hay dos reformas de gran calado que han llegado al Legislativo sin hacer mucho ruido. Están a la vista de todos, pero no han provocado reacciones: una implica una cirugía mayor para la Administración Pública Federal y la otra tiene que ver con cambios sustantivos a las reglas del juego en el sector minero.
La iniciativa de cambios a la Administración Pública Federal propone modificaciones a 23 leyes. Llegó a la Cámara de Diputados el 24 de marzo y no tendrá problemas para ser aprobada porque no requiere mayoría calificada. La bancada de Morena y sus aliados alcanza. En la exposición de motivos se dice que esta reforma ayudará a cumplir tres tareas: uno, reversión de los actos de corrupción; dos, prevención de actos lesivos al interés público o que puedan causar daño al erario y, tres, fortalecimiento de la Administración Pública Federal.
¿Quién puede objetar tres propósitos tan loables? La cosa se pone interesante cuando leemos la iniciativa. Llama la atención la introducción de algo que se llama “Cláusula Exorbitante” que será obligatoria en todos los contratos y pedidos que realice el Gobierno Federal. Esto permitirá terminar de manera anticipada y unilateral un contrato, sin resarcimiento de daños, cuando la revocación se efectúe motivada por “interés general, social, público o en la integridad y seguridad de las personas e instituciones públicas”.
Es justo y necesario, ustedes dirán, ante tantos abusos de los proveedores del Gobierno. Los casos abundan. Cada uno de ustedes tendrá una o varias anécdotas en la cabeza. El cándido gobierno siendo víctima de un desalmado empresario o mejor dicho, de un pseudo empresario, un traficante de influencias. El problema, dicen los juristas, es el espacio que se abre para las decisiones arbitrarias por parte del Gobierno, mejor dicho de los funcionarios de Gobierno. Alguien tiene un contrato, a partir del cual hace inversiones y contrata personal. Ese contrato, que implica obligaciones de ambas partes (particulares y Gobierno) puede ser cancelado en cualquier momento, alegando afectación al interés público, la seguridad nacional o presunciones de corrupción.
La iniciativa también busca establecer un tope a los pagos que el Gobierno Federal puede hacer. Nos muestra, en la página 22, un gráfico que se refiere al periodo 2011-2019, cuando crecieron 500% los montos de pagos de indemnizaciones a las que ha sido obligado el Gobierno Federal. En 2020, tuvo que pagar 214 millones de euros. Es triste para un país con tantas necesidades gastar su dinero en eso. La cuestión es ¿tienen razón los particulares? ¿El monto es correcto y proporcional a lo que invirtieron y está en el contrato? Estamos hablando de todo tipo de contrataciones. Tengo en mente el litigio en el que Checo Pérez le ganó a Pemex en 2021 por 2.8 millones de dólares. La petrolera y el piloto firmaron un contrato de patrocinio que Pemex canceló unilateralmente.
La propuesta de reforma a las leyes de la Administración Pública Federal consta de 73 páginas y está firmada por el presidente López Obrador. Podemos suponer que esto es suficiente para entender que tiene prioridad y que su aprobación se dará en las próximas semanas. Está bien escrita y, a diferencia de la propuesta de cambios a la Ley Minera, tiene referencias teóricas o conceptuales más ricas, de más nivel. En la iniciativa de Ley Minera, se traza con brocha gorda una historia de los últimos 30 años de historia mexicana, donde se impone la caricatura porque predominan los perjuicios y los lugares comunes en contra del neoliberalismo y una industria que es extractiva, por definición. En la iniciativa relativa a la administración pública, hay citas del Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y una lectura crítica informada de la New Public Management, una corriente de pensamiento que estuvo en auge hasta hace apenas unos años. Más allá de las formas, en el fondo, hay una apuesta por rebalancear las fuerzas: más poder para el Estado; más facultades para el Ejecutivo Federal y una mayor vulnerabilidad de los particulares frente a los actos de Estado
Esta Ley generará controversias que terminarán en la Suprema Corte de Justicia
¿Cómo combatir la corrupción, evitar el daño al erario y fortalecer la administración pública sin vulnerar los derechos de los individuos y empresas particulares? ¿Cómo defender el interés público, sin partir del supuesto que el interés particular es mezquino? Me refiero a derechos legítimos y a intereses privados razonables o justos. Asumo que la mayor parte de empresas y ciudadanos actúan de buena fé y se relacionan con el Gobierno como proveedores tratando de ofrecer los bienes y servicios en las mejores condiciones de precio y calidad. ¿Cómo sacar de la ecuación a los depredadores públicos y privados? ¿Cómo construimos instituciones que hagan de México un país más eficiente, competitivo y justo… contemporáneo de las mejores practicas internacionales?