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Reforma judicial, no hay marcha atrás
Parece la crónica de una Reforma Judicial anunciada.
Este 11 de junio del 2024 se confirmó lo que ya era evidente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum coincidieron pública y abiertamente en que es necesario realizar la Reforma Judicial.
Dijeron que se aprobará el próximo mes de septiembre, con el inicio de los trabajos de la nueva legislatura en el Congreso de la Unión.
Sheinbaum envió un mensaje a los inversionistas. Dijo que no debe preocupar a los mercados.
Desde el 3 de junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el triunfo mayoritario del partido Morena, refrendó su deseo de que se apruebe la Reforma Judicial.
El día después de las elecciones, en las que el partido en el poder arrasó y ganó la Presidencia de la República, la mayoría en la Cámara de Diputados y casi la de Senadores, además del predominio en los congresos estatales, el Jefe del Ejecutivo se pronunció porque se realice la reforma judicial.
En esa semana, se registraron señales que parecían emanadas de dos equipos.
Hasta el lunes 10 de junio parecía que la virtual presidenta electa, sería más moderada, al manifestarse a favor del diálogo y un parlamento abierto en torno a la reforma judicial.
Sin embargo, al día siguiente, el 11 de junio, tanto el presidente en funciones como la próxima primera presidenta de México, en sendas conferencias se pronunciaron a favor de la aprobación de la reforma judicial, a pesar del nerviosismo y volatilidad que ha provocado en los mercados de capitales y cambiario.
Se confirmó que es un solo equipo y que van en coordinación por la Reforma Judicial.
López Obrador fue mucho más enfático y preciso, respecto de la urgencia de la aprobación y los tiempos para que se apruebe y posteriormente se realice la elección de los jueces, ministros y magistrados.
Dijo que debe aprobarse en septiembre y que organizada por el INE, la elección de los integrantes del Poder Judicial podría hacerse en el primer trimestre del 2025.
Acusó que el peso (que en la semana del 3 al 7 tuvo una caída del 8%) resiste porque durante el sexenio se ha fortalecido 10% y señaló que los que se oponen son los “machuchones” que estaban acostumbrados al chantaje para mantener sus privilegios.
Por su parte, en su primera conferencia de prensa, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum se dirigió a los inversionistas.
Les dijo que no hay motivos de preocupación ni de incertidumbre, de cara a las reformas constitucionales en especial la reforma judicial.
En reacción inmediata el tipo de cambio del peso frente al dólar, aumentó su depreciación.
En bancos, el dólar rompió la barrera de los 19 pesos y el interbancario, se cotizó a la compra en 18.54 pesos y a la venta en 18.55. La cotización de Banxico, al cierre fue de 18.44 pesos por dólar.
Del presidente de México, no cabía la menor duda de que con la mayoría en el Congreso, impulsaría la inmediata aprobación de la Reforma Judicial.
De hecho, el Jefe del Ejecutivo, a lo largo de todo el proceso electoral pidió el voto por la candidata oficial.
Y también pidió el voto para lograr la mayoría calificada.
En febrero de este año, presentó un paquete de 20 reformas, entre las que está la Reforma Judicial.
Dijo que las presentaba porque son necesarias para su proyecto de transformación.
Apostó a que su partido ganaría la elección presidencial y la mayoría calificada en el Congreso. Y ganó.
Por eso se veía muy difícil que diera marcha atrás.
En términos generales, López Obrador, nunca retrocede en lo que propone.
Menos lo haría en la consecución de una de las piezas fundamentales.
Aquella que le dotará, en el último mes de su gobierno, de todo el poder. Mismo que heredará a su sucesora.
En los últimos días, el presidente López Obrador ha sido reiterativo y contundente en sus expresiones.
La más específica es aquella en la que sentenció que primero es la justicia y luego los mercados.
Lo dicho. La decisión es clara e irreversible. Se reformará el Poder Judicial.
En consecuencia, es previsible que continuará la volatilidad en los mercados, generada localmente, por la posibilidad de que se afecte al Estado de Derecho.