TIC A.C., libre y justo

Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C. (TIC), el cuarto operador de telefonía móvil de México, ha luchado contra viento y marea para ofrecer servicios de telecomunicaciones a los más pobres de México. Desde 2016, cuando recibió su primera concesión de espectro radioeléctrico, esta organización sin fines de lucro ha enfrentado los prejuicios, la discriminación y la violencia de un aparato burocrático torpe y obstinado. Y, contra viento y marea, TIC A.C. ha prevalecido.

Su más reciente batalla se libra en tribunales, en una odisea jurídica que se inició en 2017 contra la aplicación a rajatabla de la Ley Federal de Derechos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que puso en grave riesgo la operación de TIC A.C. Las cosas están por cambiar.

Si los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte apoyan el criterio del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que será votado en la sesión del 13 de enero de 2021, TIC A.C. habrá librado otro de los muchísimos retos que su existencia ha supuesto en el sector de las telecomunicaciones de México. También habrá demostrado que lo suyo es total innovación social, técnica y, sobre todo, de modelo económico.

El proyecto de sentencia al Amparo en Revisión 603/2019 elaborado por Gutiérrez Ortiz Mena lo deja muy claro: la batalla legal de TIC A.C. evidencia que existe “un derecho a favor de los pueblos y comunidades indígenas para acceder a los medios de comunicación y para operarlos a fin de lograr preservar, comunicar y desarrollar su cultura e identidad comunitaria”. Este derecho, continúa, “viene acompañado de una obligación precisa para el Estado de remover los obstáculos y promover medidas para nivelar sus oportunidades de acceso”. Y remata: “El conjunto de derechos de los pueblos y comunidades indígenas constitucionalizan una política de la diferencia, que busca reconciliar el valor universal de los derechos humanos con la composición pluricultural de la sociedad mexicana, mediante el otorgamiento de instrumentos para que las minorías defiendan su identidad y reclamen reconocimiento”. Punto.

“La Constitución otorga a los pueblos y comunidades indígenas espacios para entablar diálogos culturales, no sólo que les permitan evitar la asimilación cultural y, por tanto, evitar la indeseable homologación, sino también para debatir internamente el contenido de sus procesos de representación”, señala el proyecto, que concluye que los pueblos y comunidades indígenas en posesión de una concesión de espectro radioeléctrico deben gozar de una exención del pago de derechos. Esto debe constituir una “acción afirmativa” en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, históricamente discriminados y violentados.

Pero, bendita justicia rápida y expedita, tuvieron que pasar tres largos años, con miles y miles de documentos e idas y vueltas de abogados y recursos, para que la justicia admitiera la razón de TIC A.C. y lo que esta organización representa en términos de derechos indígenas.

Hay un lado muy positivo de esta odisea jurídica. Como publiqué en noviembre de 2018, la larga ruta de TIC A.C. hasta el reconocimiento de sus demandas en la Suprema Corte significará la instauración de un criterio inatacable de protección a las telecomunicaciones indígenas de México.

“Sólo nos unen muy pocas cosas”, dice la primera parte del comunicado zapatista Una declaración… por la vida del 1 de enero de 2021, entre ellas, “la comprensión de que no es la pretensión de imponer nuestra mirada, nuestros pasos, compañías, caminos y destinos, lo que nos permitirá avanzar, sino la escucha y mirada de lo otro que, distinto y diferente, tiene la misma vocación de libertad y justicia”. TIC A.C. es una comprobación de eso que es distinto y diferente, de eso que es necesario porque es libre y es justo.