Estamos a 15 días de las elecciones consideradas las más grandes de la historia contemporánea de México. Esto implica cambios no sólo a nivel presidencia, sino para el congreso, en el cuál estarán en juego las 500 diputaciones federales y las 128 senadurías. A esto, se suman el cambio de 9 gubernaturas, a su vez, relevo de 25 administraciones locales y de la Ciudad de México. Así habrá actividad electoral en los 32 estados de nuestro país. Si contemplamos la magnitud de esta elección, también tenemos que tomar en cuenta la violencia política crónica y los altos niveles de criminalidad que se ha evidenciado desde que inició el proceso electoral en el mes de septiembre del 2023, el cuál se ha caracterizado por asesinatos, intimidaciones, amenazas, secuestros, y ataques armados por parte de grupos del crimen organizado. Si realmente ponemos atención a estos escenarios, la violencia electoral y la criminalidad se han presentado en casi la mitad de los estados del país como Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Chiapas, donde han sido asesinado candidatos y precandidatos este año. A esto, hay que sumarle otro tipo de violencias como amenazas, intimidaciones y secuestros, que han provocado que algunos de los participantes se silencien, o lleven sus campañas en redes sociales o renuncien a la contienda electoral. Tan sólo como referente en Guerrero, de los 85 candidatos para alcaldes en la entidad, 20 se dieron de baja razones de violencia e intimidaciones. Este tipo de violencias políticas intimidantes, se han llevado a cabo en estados como Guerrero, Tamaulipas, Puebla, Morelos, Chiapas, Guanajuato y Jalisco entre otros. Este es el escenario real de la violencia criminal y política que se vive en el país. Aunado a esto, la falta de programas de protección y coordinación eficientes para los contendientes, hacen que las acciones criminales vulneren con facilidad el proceso de campañas en las localidades, dejando claro el nivel de intervención de las organizaciones delictivas en la vida política de los municipios. Este proceso electoral sólo reafirma lo que hemos insistido en cada oportunidad que hemos tenido a la mano, que, en México la criminalidad gestiona localidades de facto en algunos territorios, que han mostrado que pueden cruzar límites cuando sus intereses son prioritarios sin importar las instituciones, comunidad o la ciudadanía. A su vez, que pueden gestionar territorios e intervenir en la vida política y pública de los funcionarios y candidatos, pero, sobre todo, que pueden llegar a imponer a voluntad, liderazgos preferentes para fortalecer sus controles y expansión de economías ilegales de la mano de altos niveles de corrupción e impunidad. Esto, más allá del partido político y el color de bandera que llegue, es lo que está en juego, nuestra vida cotidiana, nuestra paz y tranquilidad. Así, teniendo en cuenta el lamentable y crítico escenario electoral -con 29 asesinatos de candidatos y candidatas a cargo de elección popular en esta contienda - y un sin número de ataques y agresiones registrados en el proceso electoral, no sólo a los candidatos, sino a funcionarios, operadores, familiares, ayudantes, entre otros, el horizonte que debemos de estar mirando no se puede reducir a las elecciones del 2 de junio, sino a lo que estamos viviendo todos los días en materia de violencia, criminalidad, impunidad y corrupción. Esto nos implica a reflexionar a profundidad qué tiene que venir para México en materia de seguridad, no solamente ahora, sino para el futuro. Qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos, qué es prioritario y dónde lo es. Es importante no ignorar esta realidad, y hacer las preguntas y exigir con claridad. No necesitamos propuestas, necesitamos un plan articulado, con plazos, metodologías, presupuestos, con un mapa de riesgos actualizado para llevar a cabo intervenciones concretas en plazos concretos y con el uso de la fuerza adecuado de la mano de una gestión y coordinación clara…¿Usted cree que sea posible?...
