Y arrancan las promesas en materia de seguridad

La seguridad sigue siendo la deuda pendiente para los mexicanos. No importa el partido, el color, las filias y las fobias, si en algo podemos compartir una inquietud en común los ciudadanos es en padecer o temor a vivir una situación de inseguridad y violencia. Hemos sido testigos, sexenio tras sexenio de muertes, desapariciones, controles territoriales criminales, cobros de piso generalizados, secuestros, robos en todas sus modalidades y un largo etcétera… Las cifras y los eventos –por más que busquen defender un verdadero cambio en los niveles de percepción de inseguridad– son insuficientes y nos arrojan una falta de comprensión articulada de los problemas de violencia y crimen que se viven diariamente en la realidad mexicana. Los aproximadamente 171,085 asesinatos acumulados entre diciembre del 2018 y diciembre del 2023, datos a partir de cifras oficiales, nos evidencian una cruda realidad, donde en este país mueren 84 personas diariamente por razones de violencia y criminalidad.

Éste es el escenario real, acompañado de complejidades profundas que en algunos territorios de este país se desarrollan con más crueldad y acciones predatorias que otros, como es el caso del cobro de piso y disputas territoriales en estados de Guerrero o Chiapas, o los desplazamientos forzados en zonas diversas de Michoacán, o el tráfico de armas, migrantes y drogas en zonas de tránsito y estados fronterizos, o el aumento de violencia intrafamiliar o feminicidios. Sí, estas realidades escapan a cualquier medición oficial o extraoficial en el terreno de lo cotidiano. He sido testigo de tres sexenios, donde en materia de seguridad, la intervención por parte de las fuerzas del orden ha quedado rebasada por el fenómeno criminal, y la afectación directa o indirecta la han padecido principalmente los ciudadanos que no pueden ni tienen como defenderse de éste. Hoy el resultado no es la excepción, que se ha desarrollado entre estrategias fallidas, aparentes o inexistentes en materia de seguridad, discursos incongruentes, y la falta de una visión de prevención y límites a la criminalidad de acuerdo con la situación de riesgo a amenaza que se vive a niveles locales, estatales y federales.

Así, las propuestas en materia de seguridad por parte de las candidatas a la Presidencia convergen en una ruta que pareciera la única que por el momento se articula, seguir utilizando a las fuerzas federales “hasta que sea necesario”, de ahí, cada estrategia deriva en más de lo mismo: priorizar estados violentos, atender las causas, hacer megacárceles, mejorar el sistema de justicia, atender la violencia contra las mujeres, etcétera. Por lo tanto, los discursos siguen su curso: una megacárcel ¿realmente contendrá los niveles de criminalidad en las localidades, cuando no se puede siquiera tener una policía confiable y sólida a nivel local en algunos territorios?, ¿realmente seguimos creyendo que las causas de la criminalidad se comprenden y que las estamos resolviendo? Si esto fuera así, entonces cómo explicar los asesinatos, desapariciones, robos en todas sus modalidades, cobros de piso… ¿E despliegue territorial del Ejército, Marina y la Guardia Nacional han dado resultados preventivos en materia de seguridad? Si esto fuera así, entonces cómo explicar los altos niveles de criminalidad en regiones, carreteras e incluso, ahora en el terreno electoral, donde se han tenido que diseñar protocolos para proteger a precandidatos y candidatos (as) a todos los niveles de gobierno.

La calidad y eficacia de una estrategia de seguridad implica no sólo atender las causas de las violencias, sino analizar y tener claras las condiciones de posibilidad que hacen posible la criminalidad y su fortalecimiento…en la medida enque admitamos esta premisa, nuestras intervenciones en materia de seguridad serán más eficaces, y menos calculadas por intereses políticos, más eficientes y sólidas, desarrollando verdaderos mecanismos de prevención y análisis de riesgos, y no de improvisaciones y acciones reactivas. El crimen crece y se desarrolla al amparo de debilitamiento de instituciones, de la inoperatividad de las autoridades para imponer la ley, y de la falta o nula gestión de delitos. El fracaso de una estrategia de seguridad es directamente proporcional a sus usos y proyectos políticos.