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La autoridad de competencia
El nuevo órgano tiene las condiciones para ofrecer certeza en la economía mexicana y promover competencia como una condición para generar competitividad, atraer inversión y ofrecer mejores precios y servicios a los ciudadanos.
Como parte de las reformas constitucionales recientes, está en marcha el proceso de discusión de un nuevo órgano de competencia. En lo aprobado por los diputados, que se convierte en una minuta a discutir por los senadores, se mandata la creación de un nuevo órgano, colegiado, con independencia técnica y operativa, y con las capacidades necesarias para desarrollar políticas de competencia. Dicho órgano, además, concentrará todas las áreas de competencia, esto es, también la de telecomunicaciones, que, una excepcionalidad mexicana, antes no tenía facultades en esas áreas de política. Se prevé que en el nuevo órgano exista una área encargada de la investigación, distinta a quien eventualmente van a sancionar, por lo que se asegura certeza en el desarrollo de ambas actividades.
Se trata de una ingeniería institucional similar a la autoridad de competencia de los Estados Unidos y, por tanto, coherente con los establecido en el tratado con América del Norte. El órgano que mandata el nuevo texto constitucional, que operaria después de un periodo de transición, es similar al de otras economías con sectores económicos complejos, como la mexicana, ya que es el esquema estándar para atender la necesidad de regular ese fenómeno. La autonomía constitucional es una alternativa que se tomó en el pasado para el actual organismo de competencia, pero no es un esquema común en otros países y, por tanto, tampoco una precondición para una autoridad de competencia adecuada. El nuevo órgano tiene las condiciones para ofrecer certeza en la economía mexicana y promover competencia como una condición para generar competitividad, atraer inversión y ofrecer mejores precios y servicios a los ciudadanos.
Por otro lado, el nuevo órgano de telecomunicaciones, sin la responsabilidad de conocer del tema de competencia, de acuerdo con lo que se ha analizado, va a poder realizar política pública en materia de telecomunicaciones, para mejorar la conectividad y el acceso de la población a nuevas tecnologías, con la facultad de otorgar concesiones, permisos, regulación y licitaciones de espacio eléctrico. Ahora, con la reforma, el gobierno cuenta con una agencia que se puede proponer alcanzar metas concretas en el tema de conectividad, en ayudar a acelerar la adopción de nuevas tecnologías y la mejor cobertura a lo largo del país.