Cinco dilemas de Claudia Sheinbaum

El gobierno de Claudia Sheinbaum será el más poderoso en la historia moderna de México. Tiene en sus manos un masivo partido de Estado con una gigantesca red de subsidios y bases político-electorales, mayorías calificadas constitucionales en el Poder Legislativo, el control total del Poder Judicial, e inexistentes los contrapesos de organismos autónomos. Su poder se extiende hasta los medios de comunicación, donde se imponen vetos y una influencia decisiva. Es una gran responsabilidad. Cargará, sin embargo, cadáveres en el armario heredados por su predecesor, que le van a plantear dilemas existenciales. Sobresale, en primer lugar, mantener el talante divisivo y polarizante que caracterizó al gobierno de López, o bien cambiar la narrativa y la actitud, convocando a la unidad nacional, al diálogo, a la reconstrucción, y a la concordia. Muchos lo esperan. México necesita una verdadera Jefa del Estado y una real Presidenta de todos los mexicanos, no de un partido. 

El segundo dilema es fiscal. El costo de los “programas sociales”, subsidios y dádivas llega a casi 7% del PIB, o 22% del gasto público total. Es insostenible. Hay que añadir los nuevos subsidios anunciados en la toma de posesión para mujeres mayores de 60 años, así como el gasto (que estimo en al menos 60 mil millones de dólares) que se prometió para la construcción de más de 3 mil kilómetros de trenes de pasajeros, que, por supuesto, nunca serían rentables. (Por cierto, en Argentina, Milei está en proceso de liquidar las empresas ferroviarias que han sido un barril sin fondo para el Estado). Debe agregarse un costo creciente del servicio de la deuda, el subsidio y “fortalecimiento” sin fin a un Pemex quebrado y endeudado astronómicamente, y subsidios prometidos a combustibles y electricidad. También, el imperativo de financiar la reconstrucción en seguridad, salud, educación, ciencia y tecnología, infraestructura productiva, combate a la corrupción, medio ambiente, energía, agua, política exterior, pobreza extrema, productividad, atención de desastres naturales, y cultura, entre otros, dada la estela de destrucción dejada por López. Claramente, no son viables tales gastos en su conjunto. Entonces, el dilema es poner los pies en la tierra y hacer recortes radicales, o bien, elevar aún más el déficit público (que ya sobrepasa el 6% del PIB) y por tanto la deuda, que rebasaría pronto el 60% del PIB – algo muy riesgoso. Está también la opción obvia de seguir desmantelando a la administración pública y a los servicios públicos (como lo hizo López) para pagar subvenciones y obras megalómanas, y, desde luego, un aumento generalizado de impuestos a través del IVA y el ISR, o de nuevos gravámenes, que sin embargo ha sido descartado por la propia Presidenta.

El tercer dilema es frente a los militares. El nuevo gobierno puede profundizar la militarización, y la opacidad (y probablemente con ello, la corrupción), en la miríada de negocios, funciones, contratos, presupuestos y proyectos que se les han dado a las fuerzas armadas, acrecentando y consolidando su poder político y económico, y consumando un gradual auto-golpe militar. O bien, revertirlo, empezando con el infausto decreto de “Seguridad Nacional” con el cual se encubren todas las contrataciones y presupuestos ejercidos por militares en trenes, aeropuertos, medicamentos, puertos, aduanas, líneas aéreas, seguridad pública, y construcciones diversas. De aquí surge igualmente un cuarto dilema: mantener la militarización de la Guardia Nacional (ostensiblemente fracasada) dejando abiertamente al crimen organizado el control sobre el territorio nacional – con lo cual Harfuch quedaría sin materia relevante de trabajo – o, recuperar la idea de una policía nacional civil a las órdenes de la SSPC y de un policía de verdad (el propio Harfuch), capaz de combatir al crimen con toda la fuerza e inteligencia del Estado.

El quinto dilema (que en realidad son varios) es con respecto a las energías renovables sobre las cuáles hizo énfasis Claudia Sheinbaum durante su inauguración. Por un lado, pretende mantener una ideología estatista en el sector energético “fortaleciendo” a los monopolios de gobierno, y reservar arbitrariamente al Estado el 54% de la generación de electricidad. Por otro lado, plantea llegar al 2030 con 45% de energía renovable en el sector eléctrico. Ambas cosas son incompatibles. Para lograr esa meta sería indispensable recuperar la Reforma Energética del 2013, las subastas de energía limpia, el despacho eléctrico por mérito económico, los Certificados de Energía Limpia, abrir sin restricciones el sector a la inversión privada, invertir fuertemente en la red de transmisión, facilitar permisos de generación e interconexión a privados, y restablecer plenamente el mercado eléctrico. ¿Y esto, puede ocurrir? Por cierto, también prometió Claudia Sheinbaum sanear el desastre ambiental en Tula. Eso no es factible sin cerrar la diabólica refinería, y sin cambiar al 100% a gas natural la mortal termoeléctrica. ¿Qué haría con el combustóleo? (Las coquizadoras no estarán listas). Tampoco es factible promover la producción de litio si se mantiene la estatización del metal. (Ahí está el trágico ejemplo de Bolivia). Las decisiones sobre estos y otros dilemas marcarán el futuro de México.