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Qué debe hacer el G20 por el crecimiento verde
El G20 tiene la oportunidad y la obligación de liderar el camino hacia nuevas vías de crecimiento económico que estén alineadas con los objetivos globales en materia de clima y desarrollo. Para ello se requerirán no sólo nuevas políticas e inversiones, sino también una comprensión diferente del papel del gobierno.
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LONDRES. Los ministros de Finanzas y Medio Ambiente se reunieron en Washington para los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional y del Grupo Banco Mundial. Deberían abocarse en la necesidad de nuevas vías de desarrollo económico que sean compatibles con el objetivo del acuerdo climático de París de limitar el calentamiento global a 1.5 °C.
El informe final del Grupo de Expertos del Grupo de Trabajo del G20 para una Movilización Global contra el Cambio Climático (que presidimos) insta al G20, cuyos miembros representan alrededor del 85% del PIB mundial, a promover estrategias industriales verdes respaldadas por reformas financieras integrales. El desarrollo debería estar orientado en torno de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por su sigla en inglés) –el término del acuerdo de París para los planes de reducción de las emisiones de los países– y gerenciado de manera tal que haga hincapié en la unidad al interior de los países y entre ellos.
Sin un cambio de rumbo, se proyecta que el calentamiento global superará los 3 °C, lo que provocará una pérdida de por lo menos el 18% del PIB global para 2050. Los modelos dominantes de crecimiento económico están empujando al planeta hacia el colapso, con consecuencias potencialmente irreversibles para la gente y para las economías. Como los estados miembro son responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) actuales y pasadas, deberían hacerse responsables por el 80% de las reducciones de las emisiones necesarias para alcanzar el objetivo de 1.5 °C.
La crisis climática es resultado directo de las decisiones económicas. Para cambiar la dirección del crecimiento económico de modo que respete las fronteras planetarias, las estrategias industriales verdes deben ir más allá de elegir sectores o tecnologías favorecidos. Si se las orienta en torno a alcanzar “misiones” como las NDC, pueden catalizar innovación e inversión en muchos sectores diferentes, impulsado así una transformación en toda la economía.
En lugar de subsidiar a sectores específicos con escasas condiciones, los gobiernos deberían intentar abrir nuevas oportunidades de mercado para las empresas de todos los tamaños y todos los sectores que lo deseen. Al hacerlo, deberían exigirles a estas empresas un alto estándar en cuanto a emisiones de GEI, salarios, apoyo a los trabajadores mediante cambios económicos estructurales y una reinversión de las ganancias en actividades productivas como la investigación y el desarrollo. Y más importante aún, para acelerar la transformación que necesitamos, los gobiernos deben reorientar los subsidios existentes a los combustibles fósiles (que siguen aumentando) y condicionar el apoyo público a las industrias de alto consumo de combustibles fósiles a la descarbonización.
La implementación de estrategias industriales verdes no debería ser una tarea exclusiva de los Ministerios de Industria o Medio Ambiente. Hace falta una participación a nivel de todo el gobierno y un rediseño de instituciones y herramientas clave –sobre todo la contratación pública y la financiación pública– para respaldar los objetivos de las NDC.
La estrategia industrial verde también exige una lente global. Necesitamos nuevas estructuras de gobernanza mundial que puedan centrarse en la equidad y garantizar que todos los países se beneficien a partir del crecimiento verde. Dado que la crisis climática es un desafío global, abordarla requiere de una colaboración global –incluso a través de acuerdos de transferencia de tecnología y conocimiento, y de un respaldo a la construcción de capacidad industrial verde en países de bajos y medianos ingresos.
Con ese objetivo, se debe lograr que las finanzas verdes sean más accesibles a nivel mundial. Los países más ricos –especialmente los que contribuyeron más a las emisiones históricas de GEI– deberían usar sus mayores recursos financieros para ayudar a que las finanzas verdes crezcan, y a la vez garantizar que estén diseñadas para ser asequibles, pacientes (en el largo plazo) y tolerantes al riesgo.
Sin esa asistencia, los países de bajos y medianos ingresos seguirán experimentando restricciones fiscales, lo que inhibe su capacidad para invertir en estrategias industriales verdes o en mitigación y adaptación en términos de cambio climático. Caerán irremediablemente en un círculo vicioso de mayor vulnerabilidad climática y deterioro de las finanzas públicas.
La disparidad actual en la asignación global de financiación verde es asombrosa. Desde 2021, los países de altos ingresos y China han atraído más del 90% de la nueva inversión en energías limpias, mientras que los costos de endeudamiento para los países de bajos y medianos ingresos han seguido subiendo. Si bien estos países son los menos responsables de las emisiones de GEI, se han visto sobrecargados con una “prima de riesgo climático” que infla el costo del financiamiento.
En consecuencia, el G20 debería defender la ampliación de los préstamos condicionales a largo plazo, los subsidios y el alivio de deuda y liquidez de manera que todos los países puedan perseguir un crecimiento verde sin aumentar sus cargas de deuda. También debería apoyar los esfuerzos existentes, como la Iniciativa Bridgetown, para alcanzar una arquitectura financiera mundial más equitativa.
Sobre la base del trabajo de Finance in Common, se debería facultar a los bancos nacionales de desarrollo para que puedan incrementar el capital paciente y alineado con las NDC, incluso a través de una mayor colaboración con los bancos multilaterales de desarrollo. Estas instituciones están bien posicionadas para dirigir la financiación verde, aprovechando su conocimiento local, sus mandatos públicos y el potencial para atraer capital privado que, de otra manera, evitaría los proyectos más riesgosos.
Por último, un sector financiero estable que tenga en consideración los riesgos climáticos sistémicos es crucial para acelerar y sustentar la transición verde. El G20 puede acentuar la importancia de que los reguladores prudenciales adopten taxonomías interoperables más robustas para fortalecer la divulgación de información, recopilar mejores datos y mejorar los modelos climáticos predictivos.
De la misma manera, los bancos centrales tienen que desempeñar un papel clave a la hora de tener en cuenta los riesgos financieros relacionados con el clima y respaldar las condiciones que fomenten un mayor flujo de financiamiento privado hacia inversiones verdes –y desalienten los flujos financieros hacia proyectos intensivos en carbono–. Esto no supondría alejarse de los mandatos existentes de los bancos centrales. De hecho, la “neutralidad del mercado” puede tener el efecto perverso de crear condiciones de financiación favorables para actividades intensivas en uso de carbono que, en definitiva, amenazan la estabilidad macroeconómica y financiera.
Hacemos un llamamiento al G20 bajo la presidencia de Brasil para que lidere el camino hacia vías para un nuevo desarrollo económico, y a la próxima presidencia sudafricana del G20 para que lleve adelante esta agenda. El crecimiento verde no sólo es posible, es imperativo.
La autora
Mariana Mazzucato, directora fundadora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público de la UCL, es copresidenta del Grupo de Expertos del Grupo de Trabajo del G20 para una Movilización Global contra el Cambio Climático.
La autora
Vera Songwe, asesora sénior del Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales, es copresidenta del Grupo de Expertos del Grupo de Trabajo del G20 para una Movilización Global contra el Cambio Climático.
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