Guanajuato: Violencia y movilización social II

En solidaridad con las trabajadoras del PJF en resistencia

Los actos de terrorismo en Acámbaro y Jerécuaro la semana pasada son actos de desafío al Estado que el gobierno no debe minimizar. En Guanajuato, como en Chiapas y otros estados, con mayor o menor estridencia, ya no pueden ocultarse las consecuencias de una política de seguridad fallida y de la negligencia del Estado, en lo federal y local. La política oficial de negar o minimizar masacres, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos que desgarran a la población civil deja a ésta en la indefensión y sigue debilitando al propio Estado.

En este contexto, la resistencia ciudadana, por desarticulada que parezca, representa vida y cambio. En ella persiste y se renueva el poder colectivo de transformar la realidad. Al organizarse, movilizarse, denunciar, la ciudadanía, las organizaciones, buscan acabar con la impunidad y la violencia, exigen justicia, reivindican la defensa de la comunidad. En un estado como Guanajuato, con autoridades omisas o corruptas, un cierto anquilosamiento político y una sociedad conservadora, esta movilización se ha forjado, en un sentido, a contracorriente. Sin estridencias, ha ido logrando cambios en la conciencia ciudadana y obligado a las autoridades a reconocer algunos de los más graves problemas

Entre los colectivos más visibles, mujeres organizadas y feministas trabajaron, desde principios del siglo, en defensa del derecho a decidir y contra el feminicidio. Si bien la alerta de violencia de género recién declarada por CONAVIM fue solicitada por la CDH estatal, puede pensarse que las acciones ciudadanas previas fueron abriendo el camino para una mayor toma de conciencia de la vinculación entre la violencia machista, familiar, criminal e institucional, y otras violencias. Sería de esperarse ahora que el nuevo gobierno estatal se comprometa a enfrentar con seriedad tanto los feminicidios como las desapariciones de mujeres, con una política integral que se aleje de las recetas trillada, que logre coordinar los tres niveles de gobierno con eficacia y sin caer en rejuegos políticos que han minado el potencial de la AVG en otros casos.

Más importante aún, ante la escalada de desapariciones en el estado y el país, es la acción colectiva de madres buscadoras y familiares que de unas cuantas han pasado a constituir más de veinticinco organizaciones, según Sandoval. Entre ellas, recuerda el defensor, Hasta Encontrarte se destacó en septiembre de 2022 con la toma de la Estela de Luz capitalina. En este monumento a la corrupción (2010), dos activistas colgaron una pesada manta para exigir un alto a las entonces 100,000 desapariciones en el país, y protestar contra la militarización y la impunidad, a pocos días de la discusión de la Ley de la Guardia Nacional.

Entonces había en Guanajuato menos de mil personas desaparecidas, hoy son más de 4,000. A este desastre humano se suma una grave crisis forense, con 1,700 cuerpos sin identificar, derivada, como en el resto del país, del desprecio de los gobiernos estatales y federales por la vida y el dolor. Tristemente, también Guanajuato ha perdido a manos de la violencia a buscadoras y defensoras/es, personas que – hay que repetirlo- hacen el trabajo de dignidad y dignificación que, por obligación, le corresponde al Estado. Indigna sin duda que, como refiere Sandoval, medios y periodistas críticas/os enfrenten altos riesgos, cuando también cumplen con informar a la sociedad.

Ante la interrogante que se abre con el nuevo gobierno panista y la renuncia del actual Fiscal, Sandoval señala la paradoja de que ahí Morena es oposición y advierte que éste sólo se irá en enero 2025. Sin embargo, plantea, puede darse una nueva coordinación a nivel local.

Aunque los rejuegos políticos positivos podrían favorecer a la sociedad guanajuatense, romper pactos e intereses creados o dejar atrás prejuicios y arbitrariedades es complejo. Así, la sociedad organizada tiene todavía un largo camino de lucha contra el endurecimiento de los criminales y el militarismo federal.