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México y la bestialidad criminal
México atraviesa uno de los momentos más sombríos de su historia reciente en términos de seguridad.
Los niveles de violencia criminal han alcanzado proporciones insostenibles, con crímenes que van más allá de la simple atrocidad y entran en el terreno de la bestialidad, donde las víctimas son deshumanizadas y sus sufrimientos no despiertan compasión alguna en los perpetradores.
Si ya era macabro el hallazgo de la cabeza del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, sobre el toldo de un automóvil, lo ocurrido hace unos días muestra el tamaño de esta pesadilla.
Oficialmente, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) confirmó la localización de 11 cadáveres dentro de una camioneta abandonada en una carretera que conduce al puerto turístico de Acapulco. En un comunicado, la institución informó que “se determinó la identidad de dos mujeres, cuatro menores de edad y cinco hombres adultos, originarios de la comunidad de Chautipan, quienes eran buscados por esta fiscalía”.
Lo que trascendió sobre el caso es una imagen infernal. Los 11 cuerpos fueron despedazados y tenían claras señales de tortura. Todos fueron decapitados. Los adultos fueron desollados y los cuatro menores de edad fueron violentados al punto de la enucleación. Es decir, les extirparon completamente los ojos.
Está claro que la violencia en México ya no es un fenómeno aislado ni una simple secuencia de actos perpetrados por el crimen organizado. La brutalidad que ha sacudido al país en los últimos meses parece desafiar toda lógica y humanismo.
Los dos casos registrados en la entidad sureña de Guerrero, justo al inicio del sexenio, no solo reflejan el poder de los cárteles sobre las autoridades locales, sino también un desdén absoluto por la vida humana.
La decapitación de autoridades y civiles se ha convertido en una modalidad recurrente de violencia, que busca sembrar miedo y exhibir la impunidad de los criminales.
Los delincuentes no solo matan, sino que se aseguran de dejar una marca indeleble de brutalidad. El mensaje es claro: el precio de la vida humana es cada vez más barato. La impunidad parece ser la regla y el terror, el método.
Frente a este panorama de desbordada violencia, las voces que alertan sobre la posibilidad de una intervención extranjera crecen. Ante la incapacidad del gobierno mexicano para contener el crimen organizado, se incrementa el temor de que Estados Unidos, bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico y los grupos terroristas, decida intervenir en México.
La idea de que los cárteles están operando como grupos terroristas y que están afectando la seguridad nacional podría ser la justificación que la comunidad internacional necesita para permitir una intervención militar.
En un intento por contener la violencia, el gobierno de México ha anunciado la creación de una "supersecretaría de seguridad", un organismo que tendrá a su cargo la coordinación de las acciones en materia de seguridad pública a nivel nacional. Este proyecto estará encabezado por Omar García Harfuch, exjefe de la policía de la Ciudad de México, quien se ha ganado notoriedad por su mano dura contra los cárteles de la droga en la capital.
¿Será suficiente para detener la espiral de terror que ha sumido a México en la oscuridad? ¿Cómo manejar un conflicto de esta magnitud sin caer en el autoritarismo ni perder el rumbo hacia la justicia y el respeto a los derechos humanos?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene un reto descomunal.