¿Cómo salvar los bosques tropicales y la biodiversidad?

Los bosques tropicales son, sin duda, los ecosistemas más valiosos del planeta, en términos de biodiversidad, de los servicios ambientales que prestan, y de su capacidad de absorber y almacenar carbono, factor fundamental para mitigar el calentamiento global. En el mundo existen aún 1,200 millones de hectáreas de bosques tropicales, fundamentalmente en la Amazonia, la cuenca del Congo, y el Sudeste Asiático, con otras superficies menores en Centroamérica y México, norte de Australia, costa Atlántica de Brasil, Argentina, Paraguay, costa pacífica de Colombia, el Orinoco, Guayanas, y algunos macizos en la India. Estos bosques acogen entre el 50% y el 75% de todas las especies terrestres conocidas en el planeta de plantas, hongos, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos, y otros grupos. 

Trágicamente, se destruyen cada año en promedio más de 10 millones de hectáreas de bosques tropicales en el mundo, una superficie equivalente al territorio total de Hungría o Portugal. México aún cuenta con unos 50 millones de hectáreas de selvas tropicales (en su gran mayoría, caducifolias o selvas secas), pero se devastan anualmente entre 100 mil y 200 mil hectáreas – una superficie mayor a toda la CDMX. La causa primordial de esta deforestación brutal es la ampliación de superficies dedicadas a la agricultura de subsistencia, agricultura comercial, y ganadería. (En México, también, recientemente, la construcción del Tren Maya, y la colonización de Menonitas en Campeche y Quintana Roo). Esto no sólo implica el exterminio de millones de especies, sino grandes emisiones de CO2, Gas de Efecto Invernadero por excelencia. De hecho, la deforestación tropical contribuye entre el 10% y el 15% de las emisiones globales de CO2. Cuando hablamos de bosques tropicales, incluimos selvas altas perennifolias y medianas subperennifolias o subcaducifolias, selvas secas o caducifolias, y bosques mesófilos o de niebla (que combinan especies templadas y tropicales entre los mil y dos mil metros de altitud en zonas húmedas de latitudes tropicales). En nuestro país han sido destruidas alrededor del 90% de todas las selvas húmedas perennifolias del sureste, más de la mitad de las selvas caducifolias y subcaducifolias (existentes sobre todo en la vertiente tropical del Pacífico), y, probablemente, más del 95% de los bosques mesófilos o de niebla.

A nivel global, han fracasado los intentos por detener la deforestación tropical. El caso más sonado es el esquema REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) auspiciado por la ONU, de en proyectos supuestamente de conservación, acreedores a los famosos Bonos de Carbono. Las razones del fracaso tienen que ver con su falta de credibilidad, imposibilidad de demostrar que eran “adicionales” (es decir, que los bosques en cuestión no se hubieran conservado en ausencia de los proyectos correspondientes), dificultades de monitoreo y verificación y demostración de “permanencia”, y, a la existencia de “fugas”, es decir, la deforestación o las actividades agrícolas y ganaderas evitadas en un sitio, se trasladaban a otros. Por lo mismo, tampoco hubo suficiente mercado ni inversión. También influyeron conflictos sociales por los beneficios económicos generados y la titularidad de los Bonos de Carbono entre gobiernos, propietarios, comunidades indígenas y desarrolladores. En vista del fracaso de REDD y de la urgencia de conservación de los bosques tropicales, recientemente, entidades privadas y civiles brasileñas han promovido una nueva estrategia multilateral: pagar a los gobiernos centrales o federales, a los gobiernos locales, y a los propietarios legítimos de la tierra, por la conservación y ampliación de la superficie de bosques tropicales, sin relación alguna con Bonos de Carbono. El financiamiento del esquema provendría de grandes empresas agroalimentarias que son responsables de la deforestación por soya, aceite de palma, caña de azúcar, ganadería y carne de res; y también, por empresas petroleras y mineras. Se considera que pagos anuales de 30 dólares por hectárea de bosque tropical conservado o restaurado crearía los incentivos necesarios a todos los actores. A escala global, esto implicaría 36,000 millones de dólares anuales. Se establecería un “impuesto” global administrado por la ONU, de 1 dólar por barril de petróleo (se producen 100 millones de barriles diarios, o 36,500 millones de barriles anuales), lo que arrojaría 36,500 millones de dólares cada año, que palidecen ante los 7 billones de dólares en subsidios que la industria petrolera recibe anualmente. A ello habría que sumar contribuciones de la industria agroalimentaria y minera. A los países participantes se les restarían 3,000 dólares por hectárea deforestada, lo que alinearía incentivos para la conservación y restauración de bosques tropicales.

Tecnologías modernas satelitales de percepción remota son capaces de medir, monitorear y verificar el esquema con precisión asombrosa. México, que es un país de ingreso medio y supuestamente “emergente” podría replicar la fórmula, con un impuesto a los combustibles (Carbon Tax) que sería etiquetado para propietarios de bosques tropicales, y con el redireccionamiento del funesto programa denominado “Sembrando Vida”. Así se garantizaría la conservación de la biodiversidad mexicana.