Lectura 3:00 min
Absuelven a siete mazahuas detenidos en el 2010
Se les acusaba de posesión de cartuchos para arma de fuego exclusivo del Ejército. Después del análisis de la causa penal, el juez determinó que las pruebas no eran concluyentes para demostrar su plena responsabilidad.
Un juez federal dictó sentencias absolutorias y ordenó la inmediata liberación de siete indígenas mazahuas acusados de varios delitos, entre ellos portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México resolvió tal determinación basándose en la figura jurídica denominada duda absolutoria.
Tal resolución se basa en el análisis de los elementos que integran la causa penal y de la cual la autoridad jurisdiccional determinó que no eran concluyentes para demostrar su plena responsabilidad.
Mediante un comunicado del Consejo de la Judicatura, detalló que a los acusados se les atribuía su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y para armas de fuego en cantidades mayores a las permitidas, portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de clorhidrato de cocaína con fines de comercio.
Cabe recordar que en el 2010, agentes policiacos detuvieron a los indígenas en la autopista Valle de Bravo-Toluca, a la altura del poblado San Antonio de la Laguna, municipio de Donato Guerra, Estado de México. El parte informativo de los policías refería que la captura de los mazahuas se dio en respuesta a una denuncia anónima que advertía que dichas personas presuntamente portaban armas y droga. Luego fueron detenidos e ingresados a los Centros Federales de Readaptación Social de Nayarit y de Villa Aldama, en Veracruz.
Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación no aportó mayores pruebas para robustecer la acusación, mientras que la defensa de los detenidos aportó diversas pruebas, entre ellas una treintena de testigos vecinos de la comunidad de San Antonio de la Laguna, municipio de Donato Guerra, en el Estado de México, pertenecientes también a la etnia indígena mazahua, que declararon que los acusados fueron sacados de sus domicilios, además de fotografías en las que se mostraban los destrozos a las viviendas de los detenidos.
Ante el material de pruebas aportadas, la autoridad jurisdiccional consideró que existían dudas razonables respecto de los hechos atribuidos y la participación de los sentenciados, lo cual condujo a la absolución de los acusados.