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Activista solicitó protección
Miriam Rodríguez Martínez, activista y representante de familiares de personas desaparecidas, fue asesinada en San Fernando, Tamaulipas, por sujetos armados que la atacaron en su domicilio la noche del 10 de mayo.
Miriam Rodríguez Martínez, activista y representante de familiares de personas desaparecidas, fue asesinada en San Fernando, Tamaulipas, por sujetos armados que la atacaron en su domicilio la noche del 10 de mayo.
La víctima se convirtió en defensora de derechos humanos luego del secuestro y asesinato de su hija en el 2012, por lo que inició por su cuenta una investigación que logró la captura de los responsables del crimen y posteriormente localizar los restos de su hija en una fosa clandestina.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, condenó vía Twitter el crimen de Rodríguez Martínez, y aseguró que su administración no permitirá que su muerte sea una estadística más .
Sin embargo, defensores en la entidad recriminaron que a pesar de que tras la fuga de 29 reos del penal de Ciudad Victoria, en la que presuntamente huyeron sujetos relacionados con el asesinato de la hija de la activista, Rodríguez Martínez solicitó protección, urgencia que no fue atendida por las autoridades.
En entrevista, Raymundo Ramos Vázquez, integrante del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, detalló que la víctima el pasado 18 de abril, en una reunión de colectivos con Gloria Elena Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, pidió que se le protegiera.
Nos da mucho coraje este asesinato porque la compañera ya había pedido al gobierno del estado medidas de protección y no la tomaron en cuenta , dijo.
Con este asesinato , alertó, nosotros, los defensores de derechos humanos, los colectivos, los familiares vemos que es una advertencia, vemos que esta es una amenaza directa para que ya no sigamos exigiendo justicia y la búsqueda de personas .
Ramos Vázquez urgió el esclarecimiento del asesinato y la detención de los responsables, porque si no, corremos el riesgo de repetir todo ese ciclo de impunidad .
En un posicionamiento, la Procuraduría de Tamaulipas rechazó que Enrique Yoel Rubio Flores, imputado por el secuestro y asesinato de la hija de la activista, haya estado en el grupo de reos que se fugaron en Ciudad Victoria, y aseguró que actualmente se encuentra llevando su proceso penal en el CEDES de esa ciudad.
Explicó que luego de que la activista solicitara a la CNDH medidas cautelares, ésta pidió a su similar en Tamaulipas urgir a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública brindar protección, la cual se le otorgó a través de rondines, tres veces al día en su domicilio .
La CNDH expresó su indignación por el asesinato y destacó el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno para brindar seguridad pública y prevenir violaciones a los derechos humanos de los defensores.
Se trata de la muerte de una defensora que decidió y tuvo el valor de romper el silencio ante la desaparición y muerte de su hija, que dedicó sus esfuerzos a localizar sus restos y que tuvo la valentía de identificar a los responsables .
La Comisión solicitó a las autoridades una investigación exhaustiva, para dar con los responsables y que respondan ante la justicia a fin de evitar la impunidad.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong instruyó a la Subsecretaría de Derechos Humanos a contactar a los familiares de la víctima para prestar cualquier apoyo.
En tanto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atrajo el caso de la activista.