Ampliación de mandato violó el derecho al voto

Expertos en materia electoral consideraron que las modificaciones aprobadas por el Congreso de Baja California  para extender el periodo de dos a cinco años de gubernatura en la entidad  es una violación constitucional y un retroceso autoritario en materia electoral.

El pasado lunes causó controversia la aprobación con 21 votos a favor y uno en contra de la reforma a la Constitución local que extiende el periodo de administración del gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla, por lo que partidos de oposición afirmaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la modificación.

Entrevistado por El Economista Luis Carlos Ugalde, quien se desempeñó como consejero presidente del Instituto Federal Electoral, ahora INE, entre el 2003 y el 2007, consideró que la nueva medida es anticonstitucional y viola los derechos de los ciudadanos.

“Es una violación a los derechos que rigen la vida democrática, en el sentido de que los electores acudieron a votar con la información de que se trataba de candidatos que durarían dos años y no se puede modificar y violentar el derecho a votar de millones de bajacalifornianos”, expresó.

En ese sentido, señaló que si se buscaba ampliar el periodo de administración del próximo gobernador la reforma tuvo que haberse discutido en el 2017, antes de iniciar el proceso electoral para los comicios del pasado 2 de junio y así la medida hubiera sido legítima.

Asimismo, aseveró que “la medida es tan endeble jurídicamente que seguramente será revocada por la Suprema Corte de Justicia”.

“Si dejas que esto ocurra, es una invitación a que haya acciones violatorias de la Constitución en un futuro y se podría especular que muchos congresos podrían modificar los plazos de duración de su gobernador”.

Por su parte, el exconsejero del INE durante el periodo 2014-2017 Javier Castillo explicó que, desde el punto de vista constitucional, los procesos electorales son de carácter conclusivo y cada etapa es definitiva.

En ese sentido, recordó que desde antes de iniciar los comicios en la entidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  anuló la sentencia del Tribunal electoral de Baja California que ampliaba el periodo de gubernatura, por lo que la duración de dos años se mantenía como se estableció en el 2014 tras la reforma electoral del Congreso de Baja California.

“Eso definitivamente es inconstitucional, se hace una reforma posterior de haber sido electo el candidato para favorecerlo, lo cual no es posible”, afirmó.

Finalmente, el coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de la Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Khemvirg Puente, dijo que la modificación del congreso local es una seria amenaza al régimen democrático.

Argumentó que se dejó en evidencia el estado de descomposición que existe en el sistema de partidos políticos, no sólo a nivel local sino la inexistencia de una oposición partidaria, ya que todas las fuerzas políticas fueron las que votaron a favor de esta reforma salvo un legislador.

El pasado lunes, el legislador de Morena que propuso la reforma, Victor Morán, argumentó que de continuar con el periodo de administración de dos años se corre el riesgo de generar una mayor afectación al erario del estado, creando incertidumbre política, económica y social.

“Si el argumento es el ahorro en términos económicos, pues también el día de mañana se puede decidir desaparecer los poderes e instituciones democráticas, es decir, desaparecer al Tribunal o el Congreso con el fin de ahorrar recursos del presupuesto, no es una justificación y representa un serio retroceso”, indicó el experto en estudios legislativos de la UNAM.