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Ante recorte, INE prevé reajuste interno y recurso ante SCJN
El INE trabaja en dos vías para subsanar el boquete presupuestal para 2022 de casi 5,000 millones de pesos que le asestó la Cámara de Diputados: un reajuste presupuestal interno y las acciones legales ante la SCJN, informó Lorenzo Córdova.
Foto: Especial
El Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja en dos vías para subsanar el boquete presupuestal para 2022 de casi 5,000 millones de pesos que le asestó la Cámara de Diputados: un reajuste presupuestal interno y las acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó el presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello.
Durante la sesión del Consejo General, Córdova reiteró que dicho boquete presupuestal dificulta al INE a realizar el próximo año la consulta sobre revocación de mandato presidencial. Sin embargo, dijo que el órgano electoral buscará todos los medios para cumplir con su responsabilidad, sin poner en riesgo otras tareas constitucionales que también le corresponden.
Hoy (es) muy complicado, es decir, este Instituto no tiene margen para poder pensar en un ejercicio de revocación de mandato con menos casillas de las que corresponde a una elección federal a menos que queramos violar la ley”.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.
“Estamos en estos momentos trabajando en dos rutas como Instituto Nacional Electoral a propósito de la revocación de mandato, la primera es: haciendo un análisis que tendrá que traerse a este Consejo para que se realice las adecuaciones presupuestales para el próximo año, y desde ahora lo digo con todas las letras: este Instituto hará todo lo que tiene que hacer para tratar de que el ejercicio de revocación de mandato llegue a buen puerto.
“Lo que sí es cierto, es que el boquete presupuestal, que el recorte aplicado por la Cámara de Diputados es de tales dimensiones que es prácticamente hoy muy complicado, es decir, este Instituto no tiene margen para poder pensar en un ejercicio de revocación de mandato con menos casillas de las que corresponde a una elección federal a menos que queramos violar la ley.
“La segunda ruta que estamos explorando es eventualmente el camino, las estrategias, las acciones jurídicas que tendremos que emprender para que, eventualmente, la Suprema Corte de Justicia resuelva este diferendo”, explicó el consejero Córdova.
El consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña reiteró que el INE no puede utilizar fideicomisos para cubrir el costo de la consulta de revocación de mandato, además de que el saldo en ellos no alcanza para tal efecto. También cuestionó que se diga que todos los funcionarios del INE se retiran con recursos millonarios, pues manifestó que legalmente el órgano tiene que cumplir con asuntos laborales. “No alcanza para hacer la revocación de mandato, se les pasó la mano con el recorte”, expresó.
Lineamientos para radio y tv
Durante la sesión de Consejo General, el INE aprobó los calendarios, los lineamientos para el desarrollo del cómputo distrital y la asignación de tiempos en radio y televisión para el eventual ejercicio de revocación de mandato.
El consejero Ciro Murayama cuestionó el decreto presidencial que redujo los tiempos oficiales en radio y televisión al INE y a los partidos políticos, hecho por el cual el órgano electoral presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional. “Aquel decretazo implicó que se perdieran en el conjunto del país 921 impactos al día por 57 días que vamos a estar promoviendo la revocación de mandato, son 52,497 anuncios menos en televisión y en radio el impacto fue de 2,085 al día, por los 57 días de promoción, estamos hablando de 119,101 impactos”, dijo.
Consejos locales
Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la integración de los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso de revocación de mandato de 2022, y determinó que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE es la autoridad competente para conocer y sustanciar las quejas o denuncias en materia de uso indebido del financiamiento de los partidos políticos nacionales en el proceso de revocación de mandato.