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Aprueban periodo extra para discutir desafueros
Fue la tercera vez en la que la Comisión Permanente discutió el convocar a la Cámara de Diputados a un periodo extraordinario para analizar los desafueros de legisladores.
La mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lograron aprobar un segundo periodo de sesiones extraordinarias a iniciar el próximo miércoles 11 de agosto con el fin de analizar y, en su caso, aprobar los desafueros de los diputados Saúl Huerta (exlegislador de Morena), acusado de abuso sexual contra un menor de edad, y de Mauricio Toledo (PT), señalado de enriquecimiento ilícito durante su gestión en la alcaldía Coyoacán.
Aunque el dictamen de la Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia incluía el análisis sobre el desafuero de Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Así como una iniciativa con proyecto de decreto presentada de manera reciente por Morena, con la que se buscaba expedir la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dichos temas, por separado, no alcanzaron la mayoría de votos necesaria para ser aprobados por los legisladores.
En la discusión sobre los desafueros, por el PT, el diputado Manuel Huerta Martínez señaló que su grupo parlamentario no acompañaba la propuesta de periodo extraordinario, toda vez que considera que el caso del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez no debe formar parte de los temas que se discutirán y “solicitamos que se retire dicho artículo que hace referencia”.
Asuntos polémicos
Durante la sesión presencial de la Comisión Permanente, la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI), presidenta de la Cámara de Diputados, celebró que por vez primera se lograra discutir cada asunto por separado, ya que el tema del fiscal de Morelos necesita un análisis con más detalle porque se trata de una posible violación a un amparo constitucional “con todo lo que esto conlleva”.
Apuntó también que no hay el tiempo necesario para discutir la iniciativa de Ley Federal en materia de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Desde “el punto de vista estricto de la responsabilidad de legislar en un tema tan complejo y delicado como el juicio político y la declaración de procedencia, no hay forma humana de que esta Legislatura, antes de la conclusión de su encargo en 15 días, es decir, dentro de tres semanas ya habrá concluido su trabajo esta Legislatura, pueda abordar con el detalle y la profundidad que requiere esta iniciativa”, dijo.
Sobre esta iniciativa, la diputada Josefina Salazar Báez (PAN) dijo que “es necesario que aporten sus ideas todos los grupos parlamentarios y la sociedad civil; que no se vote de manera exprés”.
La reforma plantea terminar determinar los sujetos de responsabilidad política en el servicio público; las causales y sanciones en el juicio político; el procedimiento en el juicio político; los sujetos de responsabilidad penal en el servicio público; las autoridades competentes, y el procedimiento para declarar la procedencia del procesamiento penal de las personas servidoras públicas, así como para proceder penalmente contra el presidente de la República.
“Con un régimen de excepción que protegía al presidente de la República y sienta las bases constitucionales para combatir, erradicar y sancionar la corrupción, como desde hace décadas lo ha demandado la sociedad. En suma, estas modificaciones a la Carta Magna representan la construcción de un nuevo régimen jurídico para juzgar al presidente de la República durante el tiempo en que ejerza sus funciones”, argumenta la iniciativa.