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Aprueban reformas a ley de migración
Las reformas aprobadas por los Diputados incluyen penas de ocho a 16 años de prisión y multas de 5,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el DF a quien obligue a extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Migración para imponer penas de ocho a 16 años de prisión y multas de 5,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a quien obligue a extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada.
Las sanciones se incrementarán hasta en una mitad, es decir que serán de 12 a 24 años de cárcel y de 7,500 a 22,500 días de salario mínimo, cuando se cometa explotación de extranjeros violando la Ley general para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
De acuerdo con el dictamen, la intención es vincular la Ley de Migración con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y con la Ley para la Protección y Asistencia de las Víctimas de tales delitos, en materia de explotación y sometimiento a la delincuencia organizada de los migrantes.
Ello, a fin de tipificar como tales los delitos en materia migratoria y, de ese modo, llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y obtener la reciprocidad que se desea se aplique en su beneficio.
Los legisladores consideraron de suma importancia incorporar como delito en materia migratoria la explotación y sometimiento a la delincuencia organizada de extranjeros.
Las enmiendas a los artículos 160 y 159 Bis precisan que, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, se impondrán penas de ocho a 16 años de prisión y multas de 5,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a quien obligue a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada para cometer delitos.
El artículo 160 precisa que se aumentarán hasta en una mitad las penas cuando las conductas se realicen violando la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y la Ley para la Protección y Asistencia de las Víctimas de tales delitos.
Desde la tribuna, la petista Loretta Ortiz Ahlf explicó que el decreto aprobado tiene también el objetivo de aplicar un tratado internacional que hace tiempo celebró México, que es el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que se adoptó en Nueva York el 15 de noviembre del año 2000.
El decreto se turnó a la Cámara de Senadores para su eventual ratificación o enmienda.
rolando.ramos@eleconomista.mx
mfh