Avanza en comisiones ley de transparencia

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó, sin cambios, la minuta que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo decreto se someterá a la discusión y ratificación del pleno cameral en la sesión ordinaria de mañana.

Dicha ley secundaria, reglamentaria del Artículo 6 de la Constitución y para toda la República establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Abel Salgado Peña (PRI), presidente de la citada comisión ordinaria, informó que las reservas sobre eventuales modificaciones que presenten los legisladores se discutirán de manera directa en el pleno cameral.

En entrevista, Julio César Moreno Rivera afirmó que la Cámara de Diputados asume el compromiso de aprobar en el actual periodo de sesiones ordinarias, que concluirá el próximo día 30, la nueva ley general de transparencia, los cambios a la Constitución en materia de justicia para adolescentes, la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y las reformas a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para evitar casos de defraudación como el de Ficrea.

Abogan por Ley Anticorrupción

Funcionarios públicos, representantes de organizaciones civiles y académicos pidieron al Senado aprobar lo antes posible y en sus términos la minuta anticorrupción, pues de buscar la legislación perfecta podrían obstaculizar un mejor sistema para prevenir y sancionar a los funcionarios y particulares corruptos.

Ayer, ante senadores que dictaminarán la reforma, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Hallivis Pelayo, estimó que sólo 4% de los asuntos que lleguen a la institución estarían relacionados con la responsabilidad de servidores públicos tras la aprobación de la reforma.

Refirió que del 2000 al 2015, el Tribunal recibió 1 millón 504,000 demandas, de los cuales sólo 26,176 asuntos fueron de responsabilidad de servidores públicos. Con la facultad del tribunal de castigar a los corruptos, la imposición de sanciones sería más técnica, justa e imparcial, dijo.