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Avanzaron ante un juez menos de 2%de indagatorias por tortura en 2022
Según el informe Observatorio contra la Tortura 2022, en aquel año se iniciaron un total de 6,226 carpetas de investigación por tortura en todo el país, lo que representó un aumento del 11% con respecto al año anterior.
Los probables responsables exigieron la cantidad de 2 millones de pesos, después decenas de llamadas, para liberar a la familia.
Según el informe Observatorio contra la Tortura 2022, en aquel año se iniciaron un total de 6,226 carpetas de investigación por tortura en todo el país, lo que representó un aumento del 11% con respecto al año anterior. Sin embargo, de todas estas carpetas, solamente 82 fueron judicializadas. Esto significa que menos del 2% de las investigaciones por tortura se tradujeron en casos llevados ante un juez.
Los peritajes médico-psicológicos son una prueba relevante para acreditar actos de tortura, pero el acceso a ellos sigue siendo limitado. Según el documento, se realizaron un total de 1,063 peritajes médico-psicológicos, lo que representa el 19% de las víctimas de tortura registradas por las fiscalías durante el mismo período. Además, en la mayoría de los estados, los peritajes realizados por personal de las fiscalías no encontraron una correlación entre los relatos de las víctimas y los hallazgos físicos y psicológicos.
Según lo comentado por Ángel Salvador, coordinador de Prevención de la Tortura de Documenta, durante la presentación del informe, un hallazgo encontrado en el informe es que el nivel de peritajes que encuentran una correlación varían si las certificaciones las hacen las comisiones de derechos humanos o las fiscalías.
Además, aseguró que el nivel de casos en los que existe una correlación entre el relato de la víctima y los hallazgos es cuando este trabajo es realizado por las comisiones.
También, explicó que otro punto destacado en el informe es la baja tasa de investigaciones iniciadas por denuncia de las víctimas. Solo el 7.8% de las investigaciones se inician de esta manera, lo que, según su opinión, sugiere un bajo nivel de confianza en las instituciones de justicia y un posible temor a represalias. Además, indicó que, aproximadamente el 70% de las investigaciones se inician por vista judicial, lo que indica que muchas veces la tortura ocurre durante la investigación de otros delitos.
Por su parte, Natalia Pérez, investigadora de Fundar, nivel general, durante el periodo de 2018 a 2022, se presentaron 7,511 denuncias por tortura en México.
Sin embargo, estas denuncias rara vez se traducen en sentencias judiciales. Durante el mismo periodo, el gobierno reportó solo 28 sentencias relacionadas con casos de tortura, lo que pone de manifiesto una brecha significativa entre las denuncias presentadas y las acciones judiciales efectivas.