Lectura 2:00 min
Cambios en remesas afectarían a familias pobres
Los programas sociales de México no están diseñados para un eventual impacto a las familias más pobres en el país, si las remesas que provienen de Estados Unidos a México fueran recortadas, advierten especialistas del Colmex y del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Los programas sociales de México no están diseñados para un eventual impacto a las familias más pobres en el país, si las remesas que provienen de Estados Unidos a México fueran recortadas, advierten especialistas del Colegio de México (Colmex) y del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Durante el foro La Migración en México: reto, perspectiva e impacto del retorno, celebrado en el Senado, Agustín Escobar Latapí, director general del CIESAS, expuso que un eventual descenso en las remesas no impactaría en términos generales al grueso de la población, ello debido a que México es una de las naciones latinoamericanas que menos recursos per cápita recibe por este rubro.
Sin embargo, lo grave en términos sociales, es que los hogares más pobres, aunque reciben remesas menores, dependen más de éstas. No sabemos si entre 500,000 o un millón de hogares, al quedarse sin remesas, entrarían en una situación catastrófica. Ahí sí la política social mexicana tiene que responder de emergencia y los programas no están diseñados para eso hasta el día de hoy , advirtió.
Claudia Masferrer, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex advirtió que México podría pasar de un país de emigración a uno de creciente inmigración debido al creciente retorno de los mexicanos y por el incremento en el arribo de la población extranjera.
Añadió que existe un aumento en el número de migrantes retornados en el grupo de edad comprendido entre los 40 a 64 años, por lo que la necesidad de reintegrarse a la vida laboral, no es exclusiva de la población joven.
El presidente de la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara Alta consideró que las políticas públicas en materia migratoria deben acompañarse de presupuesto y capacidad institucional, misma que hoy no está articulada.