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Ciudades santuario, en la controversia
Un análisis del Centro de Investigación para la Migración Legal de EU contabiliza que 99 del total de las ciudades que han sido señaladas como protectoras de los inmigrantes han aceptado cooperar con el gobierno.
Las ciudades santuario serán afectadas de diferentes maneras por la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que tiene como objetivo bloquear su financiamiento, pues de 168 condados analizados por el Centro de Investigación para la Migración Legal, pertenecientes a esta categoría, 69 han declinado ser partícipes de las leyes antiinmigrantes, mientras que 99 han aceptado cooperar.
Los 11 millones de mexicanos indocumentados que se estima que viven en Estados Unidos se encuentran, casi en su totalidad, en estos condados, sostiene el internacionalista por la UNAM, Jesús Gallegos, que cita a su vez el informe del Centro de Investigación para la Migración Legal.
El especialista señala que, en principio, lo primero que se tiene que entender es que la clasificación de ciudades santuario no existe en las leyes estadounidenses.
Es una etiqueta que se ha establecido en la opinión pública, en realidad no existe una norma jurídica que permita así designarlas. De lo que estamos hablando, en estricto sentido, es de una revisión de los pesos y contrapesos entre el gobierno federal y los gobiernos locales(...) La ley en materia migratoria es de orden federal, pero su aplicación a nivel local depende de los apoyos de las autoridades de los condados y, en ese sentido, tendría que ser voluntaria , enfatiza.
La diferencia entre las ciudades que cooperan con las leyes antiinmigrantes y las que no, precisa Gallegos, estriba en el momento de una detención, pues las leyes federales estipulan que si alguna persona es detenida por las autoridades locales se deben de tomar las huellas digitales del indicado, para luego ser enviadas a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), que puede pedir que se detenga a la persona, no por el delito cometido, sino por su situación migratoria. Esta orden puede tardar hasta 72 horas, dice el internacionalista.
Las ciudades pueden optar por no aceptar estas leyes o solicitudes de ICE y liberar a la persona si ésta paga su fianza (...) Usted al momento que llega al tribunal y se le toman los datos, el tribunal pasa la información al FBI y a ICE, este (último) comprueba que tiene una condición indocumentada, pero en caso de que sea una ciudad santuario, como se le ha llamado, la ciudad puede decir: bueno, a mí me pagó mi multa y yo no tengo por qué detenerlo, porque no es una persecución de inmigrantes, sino de mantener el orden , agrega Gallegos.
Ejemplo de esto son ciudades como Nueva York, Chicago o Washington, en las que sus cuerpos policiales actúan de manera independiente a las leyes de inmigración federales, en tanto que existen ciudades como Miami, en la Florida, gobernada por Tomás Pedro Regalado, de ascendencia latina, y que mantiene un alto número de población latina, que han decidido cooperar con las leyes de inmigración.
En materia económica y política, señala Gallegos, existe también una diferencia, pues las ciudades fronterizas con México mantienen una gran presión interna por el flujo migratorio que reciben, además de las aportaciones federales que suman gran parte de su presupuesto local, en tanto que en ciudades grandes como Nueva York las aportaciones federales representan menos de 1% del presupuesto de la ciudad.
En el 2015 tenemos conocimiento de que en la Cámara de Representantes en el Poder Legislativo se aprobó un proyecto de ley que tiene por objeto prevenir las ciudades santuario, de ahí que de las 168 identificadas, 99 hayan optado por mantener una dinámica cercana a las leyes federales , precisa el internacionalista.
De acuerdo con el Centro de Recursos Legales de Inmigración, se tienen identificados 364 condados que mantienen independencia de las leyes federales de inmigración en EU, así como cuatro estados: California, Connecticut, Vermont y Rhode Island, que limitan claramente en sus leyes estatales la cooperación con inmigración.
El argumento de la administración Trump y algunos otros republicanos para limitar la proliferación de estas ciudades es que dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir, algo que se podría evitar si se hubieran deportado desde el momento de su primera detención.
Cambio de prioridades
El Centro Pew, especializado en estudios de opinión pública en Estados Unidos, presentó la semana pasada un informe sobre las prioridades que, de acuerdo con la población estadounidense, deberían tener tanto el Ejecutivo como el Congreso de la Unión Americana.
En el estudio se pude apreciar que 76% de los ciudadanos estadounidenses respondió que la principal prioridad para el gobierno debe ser el combate al terrorismo.
En segundo lugar se ubicó el tema de la economía, con 73%, seguido de la educación, con 69%; el empleo, 68%, y el costo en salud, que se ubicó en quinto lugar de las prioridades entre los estadounidenses, con 66%, mientras que el tema de migración se posicionó en el lugar 15, después de la necesidad de una reforma fiscal en el vecino del norte.
No obstante, el tema de la migración es más visible entre la población con mayor edad en Estados Unidos, pues de acuerdo con la encuesta, 56% de las personas que tienen 65 o más años respondió que este tema debe ser tratado como prioritario. En comparación, tan sólo 36% de la población de entre 18 y 29 años precisó el tema migratorio como algo de relevancia inmediata.
Asimismo, el Centro Pew estima, de acuerdo con información gubernamental disponible hasta el 2014, que existen alrededor de 8 millones de personas indocumentadas que trabajan o están en busca de empleo en la Unión Americana.
A su vez precisa que los estados que han visto aumentar su mano de obra de inmigrantes indocumentados en los últimos años son: Louisiana, Minnesota, Nueva Jersey, Pensilvania, Utah, Virginia y Washington, de los cuales cuatro de ellos, Minnesota, Washington, Nueva Jersey y Pensilvania, mantienen en algunos condados políticas de independencia a las leyes migratorias federales.
Disminuyen las de mexicanos
Crecen deportaciones de centroamericanos desde México; más de 117,000 en el 2016
En el periodo 2010-2016 disminuyeron las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos y subieron las repatriaciones de centroamericanos desde México, concretamente los provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
De acuerdo con las síntesis anuales de las estadísticas migratorias de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en ese lapso el número de migrantes mexicanos repatriados desde Estados Unidos se redujo en 43.64 por ciento.
En el 2010 fueron retornadas desde el vecino país del norte 469,268 personas, cifra que disminuyó a 405,457 en el 2011 y así sucesivamente hasta llegar a 204,817 en el 2016, aunque estas últimas son preliminares.
En tanto, de acuerdo con los datos reportados en el Anuario de Migración y Remesas México 2016, elaborado por la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional de Migración y la Fundación Bancomer, en el caso de los migrantes centroamericanos repatriados por las autoridades migratorias mexicanas, hubo un aumento de 26.14%, al pasar de 62,788 en el 2010 a 117,990 en el 2016.
Los reportes del INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, muestran que tan sólo el año pasado se registraron 143,226 eventos de extranjeros provenientes de América Central devueltos por la autoridad.
De esa cifra, 59.679 fueron de nacionalidad guatemalteca, 50,964 hondureña, 31,347 salvadoreña y 1,200 nicaragüense. En ese lapso fueron repatriados 23 beliceños, nueve costarricenses y cuatro panameños. En total el año pasado México repatrió a 147,370 personas, incluidos 2,142 estadounidenses.
El reporte atribuye el incremento en el número de deportaciones a que las medidas de control migratorio aplicadas por ambos países se han vuelto más restrictivas. (Con información de Diego Badillo)