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Consulta para juicio a expresidentes costará 528 millones de pesos
La Suprema Corte cambió la pregunta a consultar formulada originalmente por el Ejecutivo federal y le quitó el nombre de los cinco expresidentes que antecedieron a Andrés Manuel López Obrador.
La organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, en la que los ciudadanos decidirán si se emprende el esclarecimiento legal de decisiones tomadas en el pasado por actores políticos a fin de garantizar justicia a las víctimas costará, aproximadamente, 528 millones de pesos, informaron Carla Humphrey Jordan y Uuc-kib Espadas Ancona, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Se instalarán entre 50,000 y 59,000 mesas receptoras de la consulta popular para la admisión de la opinión de la ciudadanía, explicó la consejera electoral.
Mientras que Espadas Ancona comentó que el proceso de consulta iniciará formalmente el 15 de julio, lo que implica que toda la organización tiene que quedar lista antes de esa fecha.
“No es una competencia interpartidista, es la idea. Es simplemente la difusión de lo que se va a decidir entre los consultados, esa es la prescripción legal”, dijo en entrevista con El Economista el consejero del INE.
Casi 94 millones de electores podrán ejercer su prerrogativa ciudadana y participar en la consulta popular en puerta, convocada por el Congreso de la Unión a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pregunta formulada
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, fue la pregunta formulada por el mandatario mexicano en su solicitud para convocar a consulta popular que presentó ante la Cámara de Senadores el 15 de septiembre del año pasado.
Reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la pregunta que estará en la boleta diseñada por el INE es la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
El INE solicitó originalmente la asignación de un presupuesto por 1,499 millones de pesos para la organización de todo el ejercicio democrático, que por primera vez habrá de realizarse a nivel federal en México, e instalación de poco más de 104,000 casillas; ante la negativa, el órgano autónomo ajustó su petición a 890 millones de pesos y a 91,000 el número de casillas a instalar.
“La consulta se va a realizar en una cantidad menor, significativamente menor de centros de votación que de las casillas que se instalaron en la elección constitucional del 6 de junio. Esto obedece a dos razones, principalmente a que el dinero lo estamos sacando de exprimir lo que podemos del presupuesto ya aprobado porque no se nos autorizó, no se nos dio un centavo más para la realización de la consulta”, explicó Espadas Ancona.
Pero se sacará provecho, aseguró, “para poder hacer esto adecuadamente, de que la votación es mucho más sencilla que la votación en la elección constitucional; es decir, se trata de una sola boleta con nada más dos opciones (sí o no)”.
Proyectos
Ambos consejeros coincidieron en que no hay proyectos importantes del INE que se tengan que cancelar o posponer su ejecución con el propósito de contar con recursos para la organización de la consulta popular.
“Hasta el momento no hay ningún proyecto específico cancelado. No estoy diciendo que no pudiera llegar a haberlos porque los ahorros, los que estimamos poder tener en este momento son eso, estimados. Habrá que ver en qué medida realmente se pueden lograr y en esa medida no afectar proyectos institucionales más allá de la falta de personal, que eso sí, la falta de recontratación de personal, va a tener un efecto en la capacidad productiva del Instituto”, afirmó Uuc-kib Espadas.
Los proyectos importantes, dijo Carla Humphrey, claramente están destinados al proceso electoral y fiscalización: “hay algunos que tendríamos que empezar a haber hecho; otros, por ejemplo, de capacitación o educación cívica, y no quiero decir que no sean relevantes, sino que simple y sencillamente en proceso electoral lo más importante es eso, el proceso electoral”.
Lamentó que, por mayoría de votos, sus colegas consejeros desecharan su propuesta de utilizar urnas electrónicas para la consulta popular, sobre todo en el contexto de la austeridad.
“Parece que hay una cerrazón en cuanto al uso de tecnología (…) Yo hubiera pensado que esta era una muy buena ocasión, dado que vamos a organizar esta consulta con economías del propio Instituto y dado, también, el tema de la pandemia, poder tener un mecanismo mucho más eficiente y rápido para votar, pero para también conocer los resultados. Cierras la votación en la urna electrónica y en dos o cinco minutos ya tienes los resultados de la votación”.
Resultado es vinculante si participan 37.5 millones de ciudadanos
La Constitución establece que el resultado de la Consulta Popular “será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes” si la participación total equivale, mínimo, a 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores, que a la fecha equivaldría a unos 37.5 millones de ciudadanos.
Las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto, ordena también el Artículo 35 constitucional sobre los derechos de la ciudadanía.
La Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la fracción VIII del Artículo 35 referido, regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular y tiene la finalidad de promover la participación ciudadana en las consultas populares.
Es un derecho de la ciudadanía “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional”, precisa la citada fracción VIII.
Las consultas populares son convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente a 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, y, para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, y por al menos 2% ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores.