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Decisión, “sin diagnóstico”
La falta de reglas de operación para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y recursos financieros que no serían suficientes para la población objetivo es lo que cuestionaron personas que han ostentado cargos en el sector salud.
La falta de reglas de operación para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y recursos financieros que no serían suficientes para la población objetivo es lo que cuestionaron personas que han ostentado cargos en el sector salud.
Salomón Chertorivski (excomisionado Nacional de Protección Social de Salud, a cargo en su momento del Seguro Popular, y exsecretario de Salud a nivel federal) consideró que, para terminar con el episodio de incertidumbre generado por la forma en que inició el Insabi, deben mantenerse las reglas de operación del otrora Seguro Popular.
Ello, mientras no se emitan las reglas del nuevo programa y se firmen los convenios con los gobiernos estatales.
En entrevista, Chertorivski mostró su preocupación “porque se fulminó” el programa de un día para otro y se creó el Insabi, pero sin legislación secundaria, reglas de operación, calendarios de implementación, periodo de transición, mecanismos claros de financiamiento y sin aclararle a las entidades cómo será el proceso de absorción de los servicios.
Esa situación, explicó, ha generado grandes espacios de incertidumbre porque se eliminaron las formas de financiamiento que tenía el Seguro Popular y se recentralizarán los servicios de salud.
Dijo que, si bien en su momento deberán publicarse las reglas de operación, la gravedad del caso es que se trata de un instrumento que todos los días opera para cubrir las necesidades de atención médica de millones de personas.
Quien fuera secretario de Salud con Felipe Calderón afirmó que lo más delicado de la eliminación de esa política destinada a solucionar el problema de acceso a servicios médicos de personas sin seguridad social es que el Insabi no fue diseñado sobre diagnósticos.
“Las decisiones se tomaron sin diagnóstico, con base en prejuicios y ocurrencias, en lugar de toda la información que, sobre el sistema de protección social en salud, Seguro Popular, existe”.
Sobre las acusaciones de que durante el funcionamiento del Seguro Popular hubo denuncias por corrupción, Salomón Chertorivski contestó: “No causó corrupción, fue vulnerable ante la corrupción que impera en este país”.
Argumentó que también se han presentado casos deshonestos en Pemex, IMSS o Infonavit, y no se han cerrado dichas instituciones. “Lo que se necesita es que las instancias responsables de combatir la corrupción hagan su tarea, que se castigue a quienes incurren en esos actos”, completó.
Por separado, Éctor Ramírez Barba, exsecretario de Salud de Guanajuato y actual secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, expuso que el gobierno federal busca un control político a través de los servicios de salud, tras manifestar su preocupación porque con el Insabi hay una centralización de ello, además de considerar que es “financieramente insostenible”.
Desde el punto de vista de la operación de servicios —prosiguió—, no existe ningún fundamento para que el gobierno federal los controle, sobre todo los de primer nivel.
De prosperar esa idea, agregó Ramírez Barba, los gobernadores tendrán que referir a sus congresos que aprueben ceder a la Federación inmuebles, equipo, personal y todo lo necesario para prestar los servicios del salud, además de endosar presupuesto al Insabi.
Respecto de la inviabilidad financiera, ejemplificó que echarán mano del Fondo de Gastos Catastróficos, de donde obtuvieron más de 40,000 millones de pesos, lo cual no fue una decisión correcta —opinó— porque se van a dejar de atender a personas con enfermedades graves en servicios de tercer nivel.
Recordar que fue el 14 de diciembre del 2018 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de dar marcha atrás a la descentralización de los servicios de salud para la población sin seguridad social.
Ese día señaló: “Es evidente que no ha funcionado, y va a ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice la atención médica de calidad y medicamentos gratuitos”.
En tanto, en la iniciativa de ley para eliminar el Seguro Popular, presentada en julio del 2019 por Morena en el Congreso, se establece que a casi 15 años de operación del Seguro Popular eran tangibles las limitaciones de ese modelo.
No se ha logrado el acceso efectivo de acuerdo con la necesidad de las personas, toda vez que éste se encuentra restringido a la suficiencia presupuestaria y a un catálogo limitado de servicios que no incluye todos los padecimientos, se argumentó.