Desaparecer normas oficiales en salud generará incertidumbre y degradación de servicios, alertan especialistas

La decisión del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar 33 normas oficiales mexicanas relacionadas con servicios de salud, se trata de una medida unilateral, que no cumple con los supuestos que marca la ley en la materia; genera incertidumbre en pacientes y profesionales del sector y, de consumarse, afectará la calidad en los servicios y hará más difícil acceder a los servicios de salud de calidad, exponen analistas, legisladores y dirigentes de organizaciones de pacientes.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas de observancia obligatoria que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana.

Una vez aprobadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades (CCNNPCE) y publicadas, deben ser revisadas cada cinco años para decidir su modificación, cancelación o ratificación.

El pasado 1 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de calidad 2023, donde se señala la decisión del Comité Nacional de Normalización de Salud Pública (CCNNSP) de cancelar 33 normas en materia de salud y derogar una más.

Entre ellas se encuentran las de:

• Control de diabetes mellitus.

• Prevención de tratamiento y control de Adicciones.

• Prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.

• Epidemiológica y promoción de la salud sobre el crecimiento prostático benigno (hiperplasia de la próstata) y cáncer de la próstata (tumor maligno de próstata).

• Epidemiológica y promoción de la salud sobre el crecimiento prostático benigno (hiperplasia de la próstata) y cáncer de la próstata (tumor maligno de próstata).

• Tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino,

• Control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

• Asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Decisión responde a un tema absolutamente ideológico, recrimina Salomón Chertorivski

Para el exsecretario de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, la decisión de cancelarlas se trata de un tema absolutamente ideológico, según el cual, las normas generan algún compromiso con empresas privadas y, por lo tanto, hay que desaparecerlas, lo cual “es una gran tontería”.

Si había esa preocupación sobre ese tema, se pudo resolver modificándolas, pero llevan cinco años y no han modificado ninguna, indicó.

En entrevista, el también diputado federal indicó que las NOM marcan los mínimos necesarios, de manera general y obligatoria para todo el país.

A manera de ejemplo, planteó que, en el caso del cáncer de mama, si no existiera una norma oficial que dice que todas las mujeres, sin importar que sean derechohabientes del IMSS o el ISSSTE o son atendidas por los servicios de salud de los estados o se atienden de manera privada, tienen derecho a hacerse una mastografía cada dos años después de los 40, entonces cada institución determinaría cuando se debe de hacer ese procedimiento que sirve para detectar la enfermedad.

Recalcó que las normas se crean y actualizan atendiendo a las mejores prácticas internacionales y conforme a los últimos avances del conocimiento científico.

Destacó que, en caso de que se consume su extinción, habrá que ver cuánto tiempo van a tardar cada una de las instituciones de salud en expedir los lineamientos a los cuales se van a apegar, en ausencia de las normas, y si van a integrarse con base en las mejores prácticas internacionales.

Genera más incertidumbre en pacientes con cáncer, alerta Kenjil López Cuevas

Por su parte el presidente de la fundación Cáncer Warriors México, Kenjil López Cuevas, explicó que la eliminación de esas normas genera incertidumbre en los pacientes con esa enfermedad, la cual se suma a la que causó la desaparición del Seguro Popular, que fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la posterior desaparición de este último, así como a la que generó la entrada en operación del IMSS-Bienestar.

Mostró su preocupación particular por las normas relacionadas con los tipos de cáncer de mama, cérvico uterino y de próstata, pues precisamente son las que generan la mayor cantidad de muertes en México tanto de mujeres como de hombres.

Refirió que cada año se diagnostican alrededor de 15,000 nuevos casos de cáncer de mama y 8,000 fallecimientos; alrededor de 9,400 nuevos diagnósticos anuales de cáncer cérvico uterino y alrededor de 4,000 fallecimientos, mientras que, de cáncer de próstata, se registran más de 25,000 nuevos casos diagnosticados y 7,000 muertes al año.

El problema mayor es que entre 70% y 80% de los casos ya se diagnostican en etapas avanzadas, abundó.

Asimismo, recalcó que se trata de normas de observancia obligatoria cuyo fin esencial es el fomento de la calidad y la protección de los objetivos legítimos de las leyes de salud.

Indicó que al menos las tres normas oficiales antes citadas, tienen como objetivo común unificar los principios, políticas, estrategias y criterios de operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica.

El activista indicó que es necesario que el gobierno haga pública la justificación de la decisión de cancelar las normas oficiales 048, 014 y 041 y pidió se convoque a organizaciones civiles para que expliquen a las autoridades las consecuencias de cancelarlas.

No se cumplió con el procedimiento de cancelación: Éctor Jaime Ramírez

Por su parte, el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Éctor Jaime Ramírez Barba, explicó que, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, el procedimiento de modificación y cancelación de las normas oficiales mexicanas podrá iniciarse siempre y cuando haya ocurrido modificación a las normas internacionales, tomadas como base para su elaboración; que no atienda adecuadamente los objetivos legítimos de interés público que persigue, resulte obsoleta o la tecnología la haya superado; que se requieran modificar los procedimientos de evaluación; cuando las causas que motivaron su expedición ya no subsisten y cuando la autoridad normalizadora así lo considere conveniente, pero siempre que exista una justificación para ello, lo cual en estos casos no se cumple.

Enfatizó que un derecho ganado de estándares de calidad no puede ser retrocedido.

Además, dijo que para cancelarlas debió haber un análisis del estado y evolución de medidas alternativas, lo cual no se ha presentado. Asimismo, indicó, es necesario realizar un análisis sobre los impactos o beneficios de la norma que se quiere cancelar y presentar los datos cuantitativos y cualitativos al respecto.

“Lo que está haciendo la 4T es invalidar cualquier denuncia, nacional o internacional porque, al no haber un patrón de referencia de cómo te deben de atender, no hay obligación para el Estado Mexicano. Significa que ya no van a comprar los mejores medicamentos, significa que no van a tener personal y que cada quien maneje (por ejemplo) el cáncer como pueda”.

Luego mencionó que si hoy un mexicano decide ir a un tribunal para demandar la intervención de una autoridad ante alguna irregularidad que considere lo afectó en algún procedimiento médico, al juez le sirve de referencia lo que dicen las normas oficiales.

Va a generar incertidumbre legal: Carolina Gómez

En ese sentido, Carolina Gómez, coordinadora de Comunicación y asuntos públicos de la consultora AVVOCATURA destacó se trata de normas que están vinculadas a enfermedades que siguen vigentes y, si bien, haya algunas que deban actualizarse no deben desaparecer.

La especialista subrayó que las normas oficiales establecen los mínimos indispensables en materia de salud porque funcionan como referencia no solo para cuestiones clínicas y seguridad del paciente, sino para el acceso a recursos presupuestales, por ejemplo, cuando hay alta incidencia de casos de enfermedades.

Para la especialista, se trata de un despropósito porque va a generar incertidumbre legal, tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud, sobre todo cuando se presenten casos en los que quieran promover algún tipo de denuncia o estén involucrados en algún señalamiento de tipo legal. 

Al respecto, federaciones, asociaciones y colegios de profesionales médicos de México manifestaron que si desaparecen las normas oficiales en salud “los médicos pueden enfrentar una mayor incertidumbre en cuanto a sus obligaciones legales y su responsabilidad profesional, es decir, quedarían expuestos a enfrentar procesos de responsabilidad en el orden civil y penal, sin un marco que evalúe su culpabilidad en términos de la práctica médica, lo que puede llevar a abusos, criminalización de los profesionales de la salud o que no se sancione adecuadamente ciertas acciones que perjudiquen al paciente”.

Subrayaron que las normas proporcionan marcos de referencia claros sobre prácticas médicas, protocolos de atención, seguridad del paciente, manejo de enfermedades, uso de medicamentos, entre otros aspectos. “Sin estas normas, los médicos pueden enfrentar dificultad en la toma de decisiones basadas en evidencia y mejores prácticas médicas, lo que puede afectar la calidad de la atención que reciben los pacientes”.

Además, expusieron que sin las normas es posible que cada médico o institución adopte diferentes enfoques en la atención de pacientes

Por su parte, Carolina Gómez recalcó que las normas oficiales son documentos técnicos que refieren a evidencia científica atendiendo a morbilidades de los mexicanos y mejores prácticas para prestar la atención.

Por ello, las consecuencias de eliminarlas las resentirían, en primer lugar, los pacientes y luego los médicos y en general los profesionales de los servicios de salud, que se enfrentarán a confusiones para saber cuáles son los estándares mínimos y prevenir los riesgos asociados en la atención médica.

Dijo que lo que debe procurarse es mantener el menor número posible de malas praxis de los médicos, que signifiquen riesgos para los pacientes y eliminando las normas oficiales mexicanas no se contribuye a eso.

Desde su perspectiva, lo que están haciendo es tratar de limitar la calidad de la atención médica. Recordó que el artículo cuarto constitucional establece que los mexicanos tienen derecho a la salud, pero eso no significa necesariamente que tengan acceso a la salud de calidad, como lo sustenta una norma oficial mexicana.

diego.badillo@eleconomista.mx