Destituidos, 1,999 servidores públicos

Del 1 de diciembre del 2012 al 31 de julio del 2017, han sido separados de sus cargos 1,999 servidores públicos por actos que infringieron la ley, informó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El Senado de la República reportó que, en lo que va de la administración, la Secretaría de la Función Pública ha impuesto 59,143 sanciones a 43,243 servidores públicos. De esta cifra a 4,025 se les impuso una sanción económica y 1,999 fueron destituidos.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional cuestionó, a propósito de las preguntas parlamentarias por el Quinto Informe de Gobierno, sobre la falta de sanciones a funcionarios de alto nivel que se han visto envueltos en presuntos actos de corrupción.

“Se ve más bien la discrecionalidad con la que se ejercen los recursos públicos, la falta de interés en cumplir con la ley, a estas alturas aún se desconoce quién o quiénes recibieron los sobornos del caso Odebrecht. En otros países ya hay exfuncionarios en la cárcel, aquí ni siquiera se sabe de un nombre de quién recibió el soborno”, criticó el albiazul en la Cámara Alta, como parte de las preguntas parlamentarias enviadas al Ejecutivo federal.

En respuesta, el primer mandatario declaró: “el gobierno de la República actúa en el marco de la ley, previniendo, investigando y sancionando los actos de corrupción en apego a la normatividad”.

Abundó que a través de Función Pública se realizan acciones en materia de investigaciones, procedimientos de responsabilidades en curso y auditorías.

Adicionalmente, alegó Peña Nieto, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción se llevan a cabo acciones múltiples, tendientes a sancionar la conductas irregulares detectadas en servidores públicos.

Destacó, asimismo, que la Procuraduría General de la República integra diversas carpetas de investigación o averiguaciones previas en contra de funcionarios o exfuncionarios públicos que una vez que han desviado recursos, los han ingresado al sistema financiero, cometiendo el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, inclusive algunas de dichas carpetas ya se han judicializado.

A la fecha, detalló el Ejecutivo federal, se encuentran sujetos a proceso penal federal diversos servidores públicos, en los que para tal efecto; sin embargo, “realizar mayor pronunciamiento al respecto por la secrecía de investigación, por ende, se llamará a cada uno de los involucrados conforme a la ruta crítica de investigación establecida”.

informe internacional

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó en un estudio que a México “se le percibe como un país que enfrenta problemas de corrupción importantes”.

El organismo multilateral señaló que durante el 2016 el Congreso de la Unión aprobó el “tan postergado” sistema anticorrupción.

Explicó que en el nuevo sistema están seis entidades gubernamentales, con la “fuerte” participación de comités ciudadanos, “lo que hace bastante complejo al sistema, aunque menos vulnerable a la captura política”.

“Persisten las preocupaciones sobre cómo se pondrá en marcha el plan a escala local, ya que los estados ahora deben aprobar su propia legislación y crear instituciones que funcionen eficazmente y sin interferencia”, observó la OCDE en el documento “Estudios Económicos de la OCDE: México”.

recomendaciones

Por tanto, recomendó que, tomando en cuenta la “limitada capacidad administrativa” de muchos gobiernos estatales y locales, se requiere un fuerte apoyo y vigilancia desde el ámbito nacional.

“Eso podría implicar que se proporcione un mecanismo para delegar algunas funciones al sistema anticorrupción federal”, dijo.

Cabe destacar que, de acuerdo con el monitoreo de la Secretaría de la Función Pública sobre la armonización legislativa y la conformación de instancias a nivel local del Sistema Nacional Anticorrupción, hecho público a través de la página http://sna.org.mx/SistemasLocales.html, 15 de las 32 entidades federativas presentan una “armonización legislativa completa”.

En tanto, 15 estados más están reportados con una “armonización legislativa completa en su mayoría”; mientras que Chihuahua y Tlaxcala presenta un registro de “armonización legislativa pendiente en su mayoría”.