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Difieren audiencia de Lozoya para que Pemex analice acuerdo reparatorio
Se dio como plazo un par de semanas para que la empresa estatal piense la oferta.
Un juez concedió aplazar la audiencia contra el extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Foto EE: Eric Lugo
Tras un acuerdo reparatorio ofrecido por Emilio Lozoya para recobrar la libertad, Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó a un juez federal posponer una audiencia para definir si acepta o no dicho acuerdo resarcitorio por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.
Ante el juez José Artemio Zúñiga, este lunes se llevaría a cabo una audiencia del caso Agro Nitrogenados donde se definiría si Pemex aceptaría el acuerdo reparatorio, consistente en 10.2 millones de dólares (7 millones 385,000 dólares por el proceso penal Odebrecht y 3 millones 400,000 por Agro Nitrogenados).
Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros, abogados de Lozoya, se reunieron en privado en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte con abogados de Pemex a fin de intercambiar información sobre la propuesta de acuerdo reparatorio de Lozoya.
Posteriormente, ante el juez José Artemio Zúñiga, la representación jurídica de Pemex solicitó que la audiencia fuera diferida por dos semanas, a efecto de reunir información no contenida en el acuerdo propuesto por la defensa de Lozoya.
Con ese mecanismo, el exdirector de Pemex pretende lograr que la Fiscalía General de la República (FGR) suspenda los dos procesos penales en su contra y salir del Reclusorio Norte donde se encuentra preso desde el 3 de noviembre pasado.
Lozoya pretende realizar el pago de los 10.2 millones de dólares a lo largo de este año, y dejar en prenda varias propiedades, entre ellas una casa en Lomas de Bezares y la casa de su esposa en Ixtapa, Guerrero.
El 28 de julio de 2020, el juez José Artemio Zúñiga ordenó la vinculación a proceso contra Lozoya por el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir un bien inmueble (la casa de Lomas de Bezares) dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita (presuntos sobornos del exdueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira) con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos con el fin de aparentar una actividad lícita.
Caso Odebrecht
El Consejo de la Judicatura Federal informó que se mantiene para este martes la audiencia de Lozoya por el caso Odebrecht, aunque esta también podría suspenderse por los mismos motivos.
La indagatoria de la FGR por este caso culpa a Lozoya de haber recibido sobornos de millones de dólares por parte de la empresa brasileña a cambio de entregarle contratos de obra de Pemex.
También menciona que Gilda Austin, madre del exdirector de Pemex, recibió en sus cuentas bancarias por 185,000 dólares y luego 1 millón 200,000 dólares que fueron utilizados para adquirir una casa en Ixtapa, Zihuatanejo.
Según la fiscalía, Emilio Lozoya conoció al exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, y le favoreció para conseguir contratos de obra pública. Y que en el 2012, cuando era parte de una campaña presidencial, el ex director de Pemex recibió un pago de 4 millones de dólares por parte de Meneses Weyll, “y le dijo que en caso de ganar tendría cargo que le permitiría proporcionar (a Odebrecht) contratos de obra pública”.
Otros políticos de alto nivel
La investigación en México por el caso Odebrecht, que inició en 2017 en el sexenio pasado, se encuentra actualmente en una inmovilidad, debido a que la FGR sólo ha podido procesar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y algunos otros funcionarios, sin poder llegar a políticos de más alto nivel como se ha hecho en Perú, Guatemala y Brasil, opinaron abogados que han dado seguimiento al caso.
Daniel Torres Checa, abogado constitucionalista de la Universidad Panamericana (UP), y Javier Martin Reyes, abogado y politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidieron en que en el caso Odebrecht la FGR ha dado muestras de ineficiencia por no poder consolidar un proceso eficaz.
En nuestro país hasta ahora no hay una sentencia judicial contra políticos o empresarios por el caso Odebrecht.
Sólo la Secretaría de la Función Pública ha inhabilitado por 3 años y multa de 543 millones 488,615 pesos a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V, aunque la sanción está en litigio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Pide Ejecutivo federal que se evalúe daño antes de aceptar
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún no ha sido enterado sobre el acuerdo reparatorio que propuso el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por lo casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, aunque consideró que antes de aceptar, una autoridad debe hacer un avalúo para conocer si se cubren los daños.
En Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario recordó que en el caso del proceso penal que se le seguía al empresario Alonso Ancira por la venta irregular de la planta Agro Nitrogenados, fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que determinó el monto del daño.
En el caso Lozoya, López Obrador dijo que tiene confianza en la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de las negociaciones que se llevan a cabo por ese caso en juzgados del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
“Son 10 millones de dólares, sí. Todavía se va a ver eso, todavía. (...) Porque sí puede la fiscalía, desde luego, aceptar la reparación del daño y nosotros estamos además de acuerdo con eso, porque significa dinero que va al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o dinero que va a Pemex. Por ejemplo, la devolución por los sobreprecios en la planta de fertilizantes, todo eso va a Pemex y de ahí estamos ayudando a los campesinos para que tengan fertilizante gratuito. Entonces, sí nos importa la reparación del daño, nada más que sea justa.
“En el caso, por ejemplo, de la reparación del daño por la planta de fertilizante, el señor Ancira, es porque hubo una evaluación de la Auditoría Superior de la Federación y a partir de ahí se determinó que sean pagados más 200 millones de dólares.
“Entonces, en el caso del señor Lozoya tiene que ser el mismo procedimiento, tiene que ser una autoridad competente la que haga el avalúo sobre el daño”, destacó.