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El TEPJF no ha recibido denuncias sobre intromisión de delincuencia organizada en elecciones: Mónica Soto
La magistrada presidenta afirma que, en lo que va del proceso electoral en marcha, ningún partido o candidato ha denunciado ese tipo de actos, por lo cual ese tribunal no se ha manifestado al respecto
Los magistrados del TEPJF tuvieron un desayuno ayer con representantes de medios de comunicación. Foto: Especial
La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, informó que, hasta el momento, esa institución no ha recibido algún medio de impugnación o asunto que resolver, relacionado con la presunta interferencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales en marcha.
Durante las últimas horas, la candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, comentó que expondría personalmente ante los magistrados del TEPJF su preocupación porque la intervención del crimen organizado inhibe la participación de sus seguidores como representantes de casillas en las elecciones del 2 de junio próximo.
Por otra parte, la magistrada presidenta informó que, entre el 3 de agosto y el 6 de septiembre próximo, esa institución definirá quien será el sexto magistrado que se integrará a la Sala Superior para cumplir con el número de magistrados necesarios para declarar la validez de la elección presidencial del 2 de junio próximo.
La ley electoral establece que la calificación de la elección presidencial en específico y su declaración de validez, le corresponde a la Sala Superior de ese tribunal y con la presencia de, al menos, seis magistrados. Actualmente solo hay cinco porque el Senado no ha designado los dos que se retiraron recientemente.
La magistrada explicó que la reglamentación que rige al TEPJF establece que, ante esa situación, pueden llamar a un magistrado de las salas regionales, que puede ser el de más edad o el de mayor antigüedad en el cargo.
En ese sentido, la magistrada detalló que se espera que eso ocurra a partir del 3 de agosto, porque es la fecha que tienen las salas regionales para resolver todos los asuntos que se les presenten relacionados con los procesos electorales actuales.
Casi listo catálogo de intervenciones de funcionarios en elecciones
En otro asunto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, expuso que a todos les preocupa lo que decidirá el Tribunal Electoral sobre las reiteradas intervenciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en los procesos electorales en marcha, pero que los magistrados no pueden opinar al respecto, porque pueden quedarían imposibilitados de manifestarse sobre el asunto si el tema llega en algún recurso de impugnación a esa institución.
“A todos les preocupa lo que decidirá el Tribunal Electoral sobre la participación del presidente de la República en estos eventos (intervención en la elección) y las sanciones que al efecto ha emitido la Sala Regional Especializada. No podemos adelantar criterio. La Ley Orgánica y la Ley de Responsabilidades nos impide prejuzgar. Yo no puedo, en este momento emitir una opinión sobre cómo van a incidir en el resultado final de la calificación de la elección presidencial, pero desde luego, en función de este catálogo, tendremos que voltear a verlo y tenemos que voltear a ver las impugnaciones y cómo se plantean los agravios al respecto, porque nosotros no podemos tomar decisiones sin estar viendo y respondiendo agravios”.
El magistrado se refirió al catálogo de sentencias donde ha quedado acreditado las violaciones a las leyes electorales cometidas, no solo por el presidente López Obrador, sino por funcionarios públicos y que actualmente se integra en esa institución, luego de una resolución de la Sala Superior.
Recordó que, en un primer momento, se proponía integrar un cuadernillo para tener un registro de las sentencias que ha dictado la Sala Regional Especializada, en torno a ciertas vulneraciones a la normatividad electoral.
Lo que quedó en la sentencia de la Sala Superior, fue establecer un catálogo, llevar un registro de todas las sentencias que ha emitido la sala regional especializada respecto de las ilegalidades cometidas por los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, es decir, municipal, estatal y federal. Ese catálogo está siendo integrado en las distintas ponencias y en los próximos días estará listo, detalló.
Por su parte, el magistrado, Felipe de la Mata Pizaña, comentó que la ley electoral es vieja, anticuada e incompleta.
“Podría decirse que es un error el hecho que los legisladores omitieron reglas claras para hacer cumplir las sentencias del tribunal y particularmente hacer obligatorio a los funcionarios públicos el cumplimiento de la ley electoral, lo cual es indispensable. Sin embargo, estamos ante un problema de legalidad, pues no existe dentro del catálogo de sanciones que se encuentran en la propia ley, un rubro específico para servidores públicos”, mencionó.
Luego comentó que quiere pensar que eso es un error, aunque llamó la atención que también fueron servidores públicos los que redactaron la ley vigente desde 2014. “No lo sé… y si no fue error, pues qué horror”.