El gobierno busca silenciar a la sociedad civil crítica, afirma Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) afirmó que los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra “son un intento deliberado por silenciar a la sociedad civil crítica, por limitar la labor periodística, de investigación y comunicación independientes y por estrangular financieramente” a esa institución.

Este miércoles en la conferencia matutina del presidente López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, exhibió información fiscal de los donantes, proveedores y personal de MCCI.

Luego, presidente anunció que, antes de terminar su sexenio, podría presentar una iniciativa de reforma para regular y limitar el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, y evitar los que consideró abusos a través de los donativos que les hacen y la deducción de impuestos.

Luego de asegurar que el gobierno de Estados Unidos financia a MCCI y que enviará una nota diplomática al presidente Joe Biden por lo que considera una injerencia de ese país en la política interna de México al financiar con más de 96.7 millones de pesos a una organización que, aseguró, hace política en contra de su gobierno, dijo: “Todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos, porque cuando se deducen impuestos por donativos son ingresos que no llegan a la Hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país en beneficio de todos los mexicanos, sino que les regresen estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos”.

En respuesta y en un comunicado de 11 puntos esa organización civil recalcó que divulgar la información fiscal de los contribuyentes no sólo es un abuso de poder, sino una violación al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las autoridades hacendarias, entre las cuales se encuentra la UIF, tienen la obligación de “guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes”.

Por ello consideró que revelar la información de esa organización busca amedrentar a todas las personas que donan, colaboran o trabajan en MCCI.

Explicó que desde 2016 cuenta con la autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir donativos nacionales y extranjeros en estricto apego a la ley y remarcó que nunca ha recibido recursos públicos, porque sus estatutos lo prohíben.

En ese sentido, indicó que el financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, al que el Presidente ha hecho referencia en múltiples ocasiones y que concluyó en 2023, ha sido destinado en su totalidad a las tareas de investigación y divulgación que constan en el acta constitutiva de MCCI.

La recepción de recursos por parte de instituciones de cooperación internacional no vulnera de ninguna manera la soberanía nacional ni las leyes. Por el contrario, y en este caso particular, responde al capítulo 27 del T-MEC, que establece que deben tomarse medidas para promover la participación activa de “la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias para prevenir y combatir la corrupción”, enfatizó.

Asimismo, afirmó que ha sido hostigada y difamada en 265 ocasiones desde las conferencias matutinas.

También recalcó que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad no sirve a intereses de particulares ni a gobiernos extranjeros. “Nuestros programas de investigación se deciden sin mediación externa alguna entre nuestro cuerpo directivo”.

Enfatizó que MCCI nunca ha llevado a cabo ninguna actividad político-partidista ni, mucho menos, ideado, participado o hecho eco de campañas de desprestigio en contra del presidente o partido político alguno.

“Nuestra misión no es ‘mantener la corrupción y los privilegios’, como dice el presidente, sino vigilar al poder, sin importar quien lo ejerza, como puede verificarse en las investigaciones en nuestro sitio web que han revelado escándalos de todos los partidos políticos, órdenes de gobierno y sectores de la sociedad”.

Cuestionar al gobierno en sus políticas públicas, documentar la corrupción, vigilar el uso de los recursos públicos, exhibir la falta de transparencia, exigir que el gobierno garantice los derechos de las personas y que cumpla con sus obligaciones, lejos de ser un delito, es una obligación de la sociedad, mencionó.

Asimismo, reiteró que Claudio X. González dejó la organización en junio de 2020 y que no participa de forma alguna en la asociación y que, desde luego, no es su apoderado legal.

Recalcó que el ataque a MCCI no solo pone en riesgo su labor anticorrupción, sino la de miles de ciudadanos y subrayó que seguirá con su compromiso con el combate a la corrupción y la construcción de un Estado democrático de derecho.

Por otra parte, aclaró que es falso que MCCI no transparente sus finanzas. “Como toda donataria autorizada, está obligada a presentar todos los años su declaración de transparencia de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, su Reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Esta declaración incluye el detalle de los asociados, cuerpo de gobierno, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y la fuente de los mismos donativos”.

Adicionalmente, indicó que nunca hemos recibido observación alguna, aún cuando la administración anterior y la actual han sometido sus finanzas a un estándar de escrutinio “que ni siquiera se cumple en la información pública del gobierno”.