Buscar
Política

Lectura 16:00 min

En México se ignora a ocho de cada 10 personas con algún problema o condición mental

Una de las mayores dificultades para atender a estos pacientes es el mayor crecimiento de la demanda de servicios, en relación con el bajo crecimiento en el financiamiento de operación de instituciones de atención; se requiere una intervención integral con un enfoque psicosocial, desde una perspectiva de derechos y no de caridad, señalan especialistas.

FOTO: Shutterstock

En México, tener algún problema o condición mental es como participar en una carrera de obstáculos, durante toda la vida, donde las dificultades son cada vez más grandes y, conforme la edad avanza, la ayuda se achica. Sin la atención especializada, las personas que están en esa situación se convierten en sujetos marginados del ejercicio de los derechos que les corresponden.

Lo grave es que, dada la limitada oferta de servicios especializados de atención, su vida se convierte en una existencia de privaciones y retos sensoriales. Es como ir perdiendo servicios y oportunidades conforme el calendario avanza.

Durante los primeros años de vida de estos mexicanos, el tiempo apremia, porque depende de qué tan temprano se detecte y diagnostique el problema o condición que tienen y se atienda, que se obtengan los mejores resultados. Y eso se refleja en su calidad de vida.

El siguiente momento difícil aparece en la etapa escolar: el reto es conseguir la inclusión y eso no es un juego de niños.

Con la adolescencia llegan otras angustias. Es el momento donde las personas con esta condición empiezan a cuestionar su propia situación y tratar de conocerla. Lo que sus papás vivieron cuando los diagnosticaron, ahora lo viven en primera persona.

Luego, cuando se acaban los apoyos de educación y la mayoría de los apoyos de organizaciones de la sociedad civil y tienen el reto de insertarse al campo laboral, su vida se convierte en una serie de retos que realmente cuestan trabajo superar.

Si logran sortear todo lo anterior, la vida adulta e independiente es otro obstáculo de grandes dimensiones y diferente, de acuerdo con cada circunstancia.

Si se trata de una persona que a esas alturas de la vida requiere de alguien que lo cuide y éste fallece, la situación adquiere otras dimensiones.

Y si logran llegar a la tercera edad, cada año que se mantienen vivas les representa un obstáculo mayor. A los retos sensoriales se suman los que son producto de enfermedades colaterales, situación económica, soledad y acceso a servicios de atención.

Su condición parece destino, pero, no debe ser así: las leyes los respaldan, sin embargo, las autoridades, el presupuesto y los neurotípicos muy poco. Eso dijeron expertas consultadas por El Economista.

Solo 20% son atendidas y no siempre de manera adecuada

De acuerdo con el gobierno federal, en México, sólo dos de cada 10 personas con algún problema o condición mental que requiere atención la obtiene y aquellas que logran ser atendidas, no siempre reciben la adecuada.

De acuerdo con el censo del 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a lo largo del territorio nacional hay un millón 590,583 personas con algún problema o condición mental. 54% hombres y 46% mujeres.

De esas personas, 602,293, que representan 37.9%, además de tener algún problema o condición mental, tienen alguna discapacidad y 264,518, es decir 16.6%, tienen algún problema o condición mental y alguna limitación.

Los expertos han llegado al consenso de que el estado alterado de salud mental puede ser desde el nacimiento, como resultado de una enfermedad o de un trastorno mental y del comportamiento, lesión o proceso de envejecimiento, que dificulta a la persona a participar en actividades de la vida social comunitaria e interactuar con otras personas de manera adecuada para el contexto y su entorno social, por ejemplo, familia, escuela, trabajo, vecinos, etcétera.

Incluye condiciones como autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, retraso mental entre otras.

En México, de acuerdo con los datos del censo, 25.8% son personas de 0 a 14 años; 25.3% de 15 a 29 años; 34.5% de 30 a 59 años y 14.4% de 60 años o más. Eso quiere decir que casi la mitad (48.9%) son adultos.

Según el análisis del estado actual de este sector de la población realizado en diciembre de 2020 por el gobierno federal, cuando presentó el programa institucional 2020-2024, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la brecha de atención de estas personas en el país se explica, al menos en parte, porque el sistema de salud está integrado por un conjunto de subsistemas dependientes de fuentes diversas de financiamiento, inequitativas e inestables. Una de las mayores dificultades para atender a estos pacientes es el mayor crecimiento de la demanda de servicios en relación con el bajo crecimiento en el financiamiento de operación y la escasa inversión y desarrollo de la investigación en esta área.

En ese sentido, de acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP), de 2013 a 2021, México asignó, en promedio, 2.1% del presupuesto de la Secretaría de Salud a este subsector. En 2021, destinó 3,031 millones de pesos, 2.1% del total de la dependencia y representó 9.6% menos respecto del ejercido en 2013 y 0.1% menos del aprobado en 2020, en términos reales.

Según ese análisis, salvo en 2017, cuando el presupuesto a salud mental fue de 2,999 millones de pesos, todos los años entre 2013 y 2018 se tuvieron presupuestos superiores a los ejercidos en cualquiera de los tres primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese rubro.

Sistema de atención a salud mental, aislado del resto

La autoridad reconoce que el desarrollo de los servicios de atención psiquiátrica ha sido más complejo, pues se constituyó un subsistema paralelo, privilegiando la construcción de hospitales psiquiátricos (41 actualmente), aislados del resto del sistema de salud y en la mayoría de los casos con un modelo de operación asilar, alejados de los centros urbanos.

En México, según datos del Inegi, 49% de los casos, que equivalen a 779,769, se concentran en siete entidades: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Nuevo León.

Según el gobierno, en los últimos años, la mayoría de los centros de atención oficiales han hecho esfuerzos por transformar su modelo de operación, para convertirse en hospitales de atención a enfermos agudos con hospitalizaciones de corta estancia. Sin embargo, aún se tienen alrededor de 1,900 pacientes institucionalizados con estancias promedio de entre 10 y 50 años.

Por otra parte, el gobierno admite que organismos internacionales de derechos humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, han conminado una y otra vez a sustituir el modelo de atención psiquiátrica, por una parte incorporando la atención al sistema de salud en general con servicios de hospitalización en hospitales generales y atención oportuna en el primer nivel; por la otra, cambiando la orientación del modelo, privilegiando los derechos anteriormente señalados sobre el modelo médico. Además, la misma autoridad admite que los subsistemas Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen poca infraestructura y personal contratado para la atención psiquiátrica, lo que supone un modelo de atención reactivo, solo para los problemas más graves.

Para tener una idea de cuántas personas con algún problema o condición mental cuentan con seguridad social, es posible revisar las cifras del Inegi, según las cuales, en el país hay siete millones 168,178 personas con algún problema o condición mental o con discapacidad. De esa cifra, 76% cuenta con afiliación a servicios de salud.

Deben ser atendidos con perspectiva de derechos, no de caridad

Susana de la Fuente, presidenta de la Asociación Asperger México, expuso que en los últimos años se han registrado avances importantes en la atención a estas personas, pues en 2015 fue promulgada la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, pero no se tiene reglamento.

Sin embargo, el problema es que no se atiende como se debe. Guadalupe Maldonado Guerrero, directora general de APAC, señaló que el mayor problema es que México no cuenta con una política pública para tratar de manera integral a las personas con algún problema o condición mental, ni con alguna discapacidad.

La especialista subrayó que las personas con una condición de vida distinta o con alguna discapacidad necesitan apoyo para su inclusión.

Dijo que hasta ahora se atienden a esas personas con un enfoque parcial. Los médicos los atienden sólo en parte de sus necesidades.

“Lo que tenemos son esfuerzos aislados, que se hacen en materia de atención. “Es como una orquesta donde cada músico toca un son diferente”, abundó.

Hay pocas instituciones que atienden de manera integral a las personas con una condición de discapacidad, sea cual sea. Es por ello que una familia con un integrante con parálisis cerebral puede recurrir hasta 10 diferentes tipos de instituciones para poder solventar sus necesidades, continuó.

Ante esa situación, la especialista remarcó, que lo que se requiere es una intervención integral con un enfoque psicosocial, desde una perspectiva de derechos y no de caridad, como en ocasiones se asume.

Además, recalcó que, bajo el entendimiento de que es una condición de vida y que es parte de la diversidad humana, necesitamos de un acompañamiento en las diversas etapas del desarrollo, desde el nacimiento hasta la vejez, basado en un enfoque integral.

También enfatizó que las condiciones mentales se engloban en los tipos de discapacidad psicosociales y deben entenderse como parte de la diversidad humana.

Dijo que los problemas para ser incluidos son parte de las barreras actitudinales y físicas que hemos impuesto como sociedad, basados en prejuicios y falta de información.

En ese sentido, mencionó que la persona debe estar al centro de las intervenciones, luego la familia y después la comunidad, a través de esfuerzos de inclusión en todas las esferas sociales.

La especialista refirió que, en el Reino Unido, cuando se detecta a una persona con parálisis cerebral, el Estado adquiere toda la responsabilidad de esa persona y lo atiende desde la medicación hasta la inclusión social.

En Japón, les ofrecen el apoyo desde bebés, hasta su inclusión en el mercado laboral. De hecho, ganan más que el resto porque se tuvieron que esforzar muchísimo para competir por un puesto de trabajo.

En tanto, en México hay personas con más de ocho años cuya condición no han sido diagnosticado, pues hay muchos mitos sobre los ritmos de desarrollo.

Maldonado Guerrero llamó la atención en que, en España la estimulación temprana es obligatoria para todos los niños, lo cual es muy valioso, porque en los bebés con signos de alarma de daño neurológico pueden tener unos mejores pronósticos si tienen una intervención temprana. En Australia se diagnostica desde los tres meses de edad.

En tanto, en México se diagnostica por norma médica después de los dos años, con lo cual se pierden meses vitales para la atención, remarcó.

La activista recordó el caso de una chica ciega que hasta los 19 años le detectaron que además tenía una condición de autismo.

Distintas autoridades han admitido que, en México, a nivel institucional, los servicios de atención psiquiátrica tienen como problemática en la atención de la salud mental el diagnóstico tardío de los trastornos mentales, favoreciendo la cronicidad de los padecimientos y el abandono terapéutico.

De acuerdo con el gobierno federal, eso se debe a la falta de personal capacitado para ello. A escala mundial, la tasa de psiquiatras va de 6.6 en países desarrollados a menos de 0.5 en los de ingresos bajos. La OMS recomienda al menos una tasa de 5. En 2016, se reportó en México un total de 4,393 psiquiatras, 3.68 por cada 100,000 habitantes, sin embargo, existe una disparidad respecto de su distribución, ya que la mayoría (60.3%) se encuentra en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De esta cantidad, solo 1,410 psiquiatras trabajan para el sistema de salud público y de estos el 52.8% son contratados por cuatro estados. Por su parte, María Gutiérrez Pérez, directora general del Centro Autismo Teletón afirmó que en México definitivamente la oferta de servicios, tanto públicos como privados, no es suficiente, prueba de ello es que tan solo la institución que dirige atiende a 200 pacientes y 200 más con servicios externos mediante asesorías y tiene en lista de espera a más de 2,500 familias.

Comentó que ese es el caso de otras instituciones de la sociedad civil que atienden a este sector de la población.

Por su parte Susana de la Fuente, comentó que se trata de servicios de salud caros y cuando no son proporcionados por el gobierno colocan en una situación económicamente delicada a las familias.

Aproximadamente una familia de un nivel socioeconómico bajo, con una beca del 75% tendría que gastar alrededor de 900 pesos mensuales, para recibir terapia semanal, en una organización especializada. Para tener intervenciones exitosas lo recomendable es por lo menos asistir a seis meses de terapias, por lo que en ese lapso gastarían más de 10,000 pesos al año, con una beca de 75 por ciento.

Necesarios diagnósticos oportunos y atención para todas las etapas de la vida

María Gutiérrez Pérez, directora general del Centro Autismo Teletón hizo énfasis en tener el diagnostico y detección de manera oportuna. “Mientras más temprano se detecten se tiene una mayor oportunidad de intervenir de la mano del desarrollo natural del niño y también de ayudarle a la familia a entender desde muy temprano el tipo de apoyos que necesitará el paciente para su desarrollo”.

Por ello indicó que una prioridad es que personal que atiende a las personas desde el nacimiento hasta los dos años de vida tenga los conocimientos que permitan detectar este tipo de problema o condición mental.

Asimismo, contar con los centros especializados para canalizar a las familias para tener un diagnóstico acertado y a partir de eso obtener la atención necesaria caso por caso.

Por ejemplo, servicios de vida diaria, conducta y comunicación, así como cuestiones sociales, autorregular emociones o bien para trabajar en habilidades académicas funcionales o laborales y para la vida independiente adulta.

Dijo que algo que no debe perderse de vista es que este tipo de condiciones se tienen durante toda la vida y en México la mayoría de las instituciones se concentran en la atención de los niños.

Por ello, el problema es que cuando las personas llegan a adultas con esas condiciones ya no encuentran servicios de atención para continuar con sus tratamientos o encontrar el apoyo que requieren.

Susana de la Fuente mencionó que el mayor déficit que tienen las personas con esta condición es en materia de interacciones y comunicación social.

Les cuesta mucho incorporarse socialmente, por lo que requieren de mucho apoyo para mejorar sus habilidades sociales y eso generalmente se consigue a través de terapias constantes.

Por ello son muy importantes las instituciones que puedan continuar dándoles su apoyo cuando dejan la etapa de niñez.

La presidenta de la Asociación Asperger México comentó que si bien no hay cifras exactas en materia de cobertura de servicios a este sector de la población, se calcula que alrededor de 70% de los niños con algún problema o condición mental están siendo atendidos, 50% de adolescentes y solo 10% de adultos mayores.

La presidenta de Asperger México mencionó que, si no reciben intervención terapéutica, no tienen una buena calidad de vida, no podrán tener un trabajo y por lo tanto independientes y autónomos.

Dijo que el tema de los adultos con esa condición y que no son independientes constituyen un problema de salud pública. Refirió que 85% de los adultos con trastorno del espectro autista no tienen empleo.

De acuerdo con el Inegi, en México mientras las personas sin discapacidad de 15 años o más con trabajo o en busca de empleo representan 67%, en el caso de las personas con discapacidad representa solo 38 por ciento. Si se analizan a detalle estos indicadores se observa que 53% de las mujeres sin discapacidad tienen o están en busca de empleo, en el caso de las mujeres con discapacidad es de apenas 26 por ciento. En el caso de los hombres 83% de los varones sin discapacidad tiene o busca empleo, mientras que los hombres con discapacidad la cifra solo llega a 48 por ciento.

Susana de la Fuente, presidenta de Asperger México recalcó que cuando tienen atención muchas personas se vuelven independientes pues de esa manera pueden despegar sus potencialidades. “Necesitan del apoyo, la comprensión y el conocimiento de la sociedad”, insistió.

Comentó que, en el caso de las personas con Asperger son sumamente capaces de salir adelante. “Son brillantes. Su problema no es que tengan un coeficiente intelectual bajo, sino que son personas que pueden salir adelante que solo necesitan un empujoncito”, abundó.

Dar becas en lugar de un sistema integral, no resuelve el problema

De la fuente comentó que tristemente con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se redujeron los apoyos públicos a organizaciones de la sociedad civil que tienen como causa atender a esos grupos sociales, pero el problema mayor es que la administración pública no tiene la capacidad de atender a la población que esas instituciones apoyaban.

Eso ha generado que adolescentes que ya no pueden ser atendidos en instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil tienen que recurrir a servicios privados que son bastante caros.

El resultado es que se quedan desprotegidos y con retrocesos en lo que ya habían conseguido. Eso se ha traducido en el incremento de casos de ansiedad y depresión en este sector de la población e incluso suicidios.

En tanto, Guadalupe Maldonado Guerrero, fue enfática al señalar que en México no se están dando los pasos en el sentido correcto para atender a esos mexicanos.

No basta con sólo dar una mensualidad a través de una beca. Para atender una parálisis cerebral, en promedio las familias gastan alrededor de 40,000 pesos mensuales en consultas y terapias, Con poco más de 1,000 pesos mensuales en una transferencia directa no se alcanzan a cubrir todas esas necesidades de terapias y rehabilitación medicina de alta especialidad. Se debe invertir en un sistema de salud que pueda responder de manera integrar a las necesidades de las personas en esa condición” indicó.

diego.badillo@eleconomista.mx

Temas relacionados

Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí

Últimas noticias

Noticias Recomendadas