En San Lázaro, “sepultan” de nueva cuenta minuta de mando mixto

Diputados del PRI, PVEM y Encuentro Social impusieron su mayoría en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para sepultar la minuta del Mando Mixto Policiaco.

Tras permanecer 17 meses en la congeladora, los diputados discutieron la minuta aprobada por el Senado el 17 de junio del 2016. Los legisladores del llamado Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) consiguieron apenas 13 votos en favor de dicha minuta, mientras que la bancada de Morena (Virgilio Caballero y Paola Félix Díaz) decidieron votar en abstención.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Jorge Ramos (PAN), lamentó que la bancada priista le haya “negado al país una reforma, que sin ser perfecta, sí tenía avances”. Explicó que la minuta en sentido negativo deberá ser turnada por el pleno de la Cámara de Diputados al Senado, el cual podrá insistir una vez más en su proyecto o bien desistir del mismo.

Sin embargo, Ramos Hernández consideró que con esta votación, la minuta tuvo sentencia “de defunción”, por lo que no habrá ni mando mixto ni mando único policiaco en lo que resta del sexenio.

En el debate, el diputado Francisco Escobedo (PRI) afirmó que para su bancada “la seguridad es la más alta prioridad”. Sin embargo, refirió que es mejor la figura del mando único, ya que la minuta del Senado adolece, dijo, y no resuelve el problema de la seguridad pública, ya que generaría “inestabilidad operativa”.

Argumentó que una segunda complicación del mando mixto es que las entidades federativas y/o municipios podrían renunciar o delegar las funciones de seguridad a la Federación.

las ONG vs LEY DE SEGURIDAD

Organizaciones internacionales advirtieron preocupación por la probable aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual, acusan, “pretende normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales”.

Amnistía Internacional, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otras ocho organizaciones extranjeras más expresaron que durante décadas han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país.

Asimismo, han observado los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad.

“Ante esta situación, urgimos al Congreso mexicano a rechazar una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos”, se lee en la declaración conjunta.