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Política

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En ningún caso la Sedena ha reinstalado a militares liberados

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que en los últimos 10 años sólo 18 elementos castrenses han solicitado ante esa dependencia el reconocimiento de inocencia, en su mayoría tras haber sido enjuiciados y liberados por el delito de narcotráfico.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que en los últimos 10 años sólo 18 elementos castrenses han solicitado ante esa dependencia el reconocimiento de inocencia, en su mayoría tras haber sido enjuiciados y liberados por el delito de narcotráfico.

Al responder una solicitud de información, la Secretaría de la Defensa Nacional precisó que en el 2006 (año en que salieron los elementos del Ejército a las calles para combatir la delincuencia), así como en los años 2007; 2008; 2009; 2012, y 2014, no hay registro de militares que hayan solicitado el reconocimiento de inocencia a esa dependencia.

Los 18 militares que tras un juicio pidieron a la Sedena su reconocimiento de inocencia y de reincorporación, lo hicieron en el 2010, 2011, 2013 y 2015.

Un caso conocido es el del general Ricardo Martínez Perea, quien será liberado el próximo 3 de abril luego de cumplir una sentencia de 15 años en prisión, acusado de vínculos con el narcotráfico a través de Gilberto García Mena, El June , del cartel del Golfo que entonces dirigía Osiel Cárdenas Guillén.

La defensa del militar presentó ante el Supremo Tribunal Militar de la Sedena la solicitud de reconocimiento de inocencia, con el cual pretende conservar el salario y los beneficios de seguridad social que debió haber recibido durante los 15 años de encarcelamiento.

Además de la sentencia de 15 años de prisión que el Consejo de Guerra Militar dio al general Martínez Perea, el 1 de abril del 2003; fuer dado de baja e inhabilitadospara cualquier cargo público por el mismo periodo de la sentencia.

Los números de la Sedena

Según la respuesta a la solicitud de información folio 0000700025116, en el 2010 únicamente un militar realizó ese procedimiento, tras haber sido enjuiciado por delitos contra la salud; la Sedena lo declaró infundado e improcedente.

Para el 2011, seis militares previamente procesados por los delitos de deserción, contra la salud y uso de documentos falsos también solicitaron a la Sedena, sin éxito, ser reconocidos como inocentes.

El 2013 representó el año en que más solicitudes recibió la Sedena desde que los militares salieron de los cuarteles para combatir a los cárteles del narcotráfico y el crimen. En ese año el primero del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto , la Sedena recibió 10 solicitudes de militares que fueron procesados por delitos contra la salud. Sin embargo, la dependencia declaró infundadas las solicitudes en nueve casos, y en uno más se encuentra actualmente en análisis de la misma.

En el documento se refiere que en el 2015 sólo se presentó una solicitud, la cual está en proceso de ser examinada. El militar en ese caso también fue procesado por delitos contra la salud. La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que hasta enero del 2016 no había recibido ninguna solicitud en ese sentido.

La petición de información a la Sedena fue hecha para conocer cuántos militares que han sido liberados o que purgaron una condena pueden reincorporarse a la dependencia. Como se observó en la respuesta, la Sedena no ha reconocido en ningún caso inocencia a alguno de los efectivos procesados. Cabe destacar que el 5 de octubre del 2015, el abogado Juan Velázquez dijo que cuatro de los siete militares consignados por la presunta ejecución extrajudicial de 15 personas en Tlatlaya, Estado de México, saldrían libres al no acreditarse responsabilidad en los hechos.

El litigante afirmó que las pruebas contra los elementos del Ejército fueron fabricadas por supuestos defensores de derechos humanos. Por ello, aseguró que estaban por salir cuatro de los siete militares, y los otros tres podrían hacerlo en el corto tiempo.

Al respecto, la Sedena indicó no poder informar sobre la situación legal de los siete militares procesados por el caso Tlatlaya, en virtud de que no han recibido sentencia.

jorge.monroy@eleconomista.mx

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