Es complicado sancionar a opacos: Kurczyn

Uno de los principales retos en materia de acceso a la información en México está en los procedimientos mediante los cuales se sanciona a los funcionarios de gobierno que se niegan a proporcionar la información pública que poseen, señaló María Patricia Kurczyn Villalobos.

En entrevista, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dijo que “lo que más estorba en este momento” es el procedimiento que se sigue cuando el INAI resuelve que cierto sujeto obligado debe modificar su postura de no dar la información.

Lo complicado es que primero tiene que dar vista al Órgano Interno de Control (coordinado por la Secretaría de la Función Pública), instancia que puede sesionar y determinar que la información en cuestión es inexistente y simplemente consignarlo en un acta. Cuando eso ocurre, en ese momento termina el proceso, porque el INAI no puede ir a buscar entre sus archivos para demostrarle que sí tiene realmente la información que se niega a transparentar.

SAT y fideicomisos, entre los más renuentes

Kurczyn Villalobos comentó que actualmente el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el sindicato de Pemex y los fideicomisos son los sujetos obligados que más se resisten a hacer pública la información que poseen.

Comentó que la ley que vela por hacer efectivo el derecho de acceso a la información contempla sanciones para aquellos que se niegan a cumplir con su obligación de garantizar a los ciudadanos el disfrute de ese derecho.

Explicó que en días pasados el INAI le envió al SAT una resolución para externar por qué condonó varios créditos fiscales al gobierno del estado de Morelos, ante lo cual se inconformó argumentando que es información reservada; sin embargo, tendrá que cumplir con la ley.

Saber es un derecho humano constitucionalmente reconocido

Por otra parte, destacó que el acceso a la información es un derecho fundamental; es decir, es parte de los derechos humanos. Incluso no es un derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos porque incluso un extranjero puede solicitarla y la autoridad debe entregarla sin tener que preguntar quién la pide, por qué, ni para qué.

Indicó que si los mexicanos identifican a la corrupción como uno de los más lacerantes o que es uno de los que más ha impedido avanzar como nación, entonces debemos pensar que combatirlo requiere un sistema y como parte fundamental de éste es el acceso a la información pública. En ese sentido expuso que algo fundamental para garantizar el cumplimiento del acceso a la información es contar con un sistema confiable de archivos que permita entrar a la memoria donde está el respaldo de las acciones de los funcionarios.

Destacó que el Archivo General de la Nación no debe depender de la Secretaría de Gobernación.

Enfatizó que México aspira a tener un sistema de rendición de cuentas potente, lo cual no sólo implica conocer cuál es el destino y la forma en que se ejercen los presupuestos, sino la manera en que se diseñan, implementan, evalúan y se mantienen las políticas públicas destinadas a solucionar problemas y a través de las distintas agencias de los tres niveles de gobierno.

Desde ese punto de vista —agregó— el derecho de acceso a la información es un instrumento que permite avanzar en la democracia y que cada persona puede tener el cumplimiento de sus derechos humanos de manera general.

Si yo conozco perfectamente cuáles son las políticas públicas en determinadas áreas, cómo se combate la incompetencia de los funcionarios, cómo se capacitan y cómo se edifican las instalaciones y los instrumentos para ofrecer los servicios y se solucionan los problemas, entonces estaré en condiciones de tomar mejores decisiones en lo privado y en los relacionado con el ámbito público.

Dijo que si bien México llegó tarde a la reglamentación del derecho de acceso a la información, a partir del 2014 se ha acelerado en tener las condiciones para hacer efectivo el ejercicio de ese derecho porque se cuenta ya con un sistema nacional de acceso a la información, vinculado con otros como el Sistema nacional Anticorrupción, el de protección de datos personales y el de archivos ( en construcción), con lo cual se busca contar con un sistema  nacional de rendición  de cuentas.

Kurczyn destacó como un avance importante  que en todo el país funcionen ya los órganos garantes autónomos de acceso a la información que cumplen a escala estatal una tarea similar a la que realiza el INAI en el ámbito federal.

Sin embargo, la comisionada del INAI dijo que no sólo basta con que esas estructuras se encuentren en operación, sino que cuenten con el presupuesto para llevar a cabo sus tareas.

Eso los coloca en una situación en la que dependen de la voluntad política de los gobernadores o de que haya contrapesos en el Congreso local, ya que si se trata de un mandatario para quien la transparencia y el acceso a la información es algo importante, entonces la dotará de un presupuesto e instalaciones adecuados para cumplir con su tarea.

Eso explica que hay órganos garantes; es decir, institutos estatales de acceso a la información, que operan con presupuestos muy limitados.

En un momento dado depende de la voluntad política del gobierno estatal que quiera otorgar un presupuesto adecuado para que el órgano estatal pueda operar apropiadamente.

Destacó que si se da el caso de que el gobernador cuenta con una mayoría en el Congreso y considera que no le conviene que el órgano garante de acceso a la información sea fuerte y que seguramente pueda dar información, simplemente dará instrucciones para que le cierren un poco la llave al presupuesto.

En muchos casos no es de mala fe del gobernante, sino porque no se han dado cuenta de que tiene en esos institutos un instrumento poderoso que le ayudaría a controlar a su administración porque la sociedad misma lo va cuidar de que todos estén cumpliendo de manera correcta con sus funciones.

Kurczyn Villalobos dijo que actualmente hay estados cuyo órgano garante tiene un presupuesto adecuado, pero hay otros que a duras penas tienen un local y personal para su funcionamiento. Puso como ejemplo los institutos de acceso a la información de los estados de Chiapas y Morelos que tienen muy poco presupuesto para su operación.         

diego.badillo@eleconomista.mx