Estado debe enfrentar redes de complicidad

La falta de procuración de justicia en el país es el “denominador común” en los problemas de derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, por lo que estas instituciones deben fortalecerse, señaló Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Al participar en el seminario “Periodismo entre el fuego cruzado, zonas de silencio y narcopolítica mexicana”, como parte del segundo aniversario del asesinato de la periodista Miroslava Breach, destacó que las instituciones de procuración de justicia deben ser independientes y combatir la impunidad.

“Tienen que cambiar su cultura para no ser distribuidores de indultos y esto tiene que ser visto como un desafío muy grande para cualquier administración en México y sus entidades federativas”, mencionó.

Ante familiares y amigos de la periodista asesinada en Chihuahua el 23 de marzo del 2017, Jarab destacó que el Estado mexicano tiene la tarea de enfrentar las redes de complicidad entre el crimen organizado y autoridades de distintos niveles, ya que en caso contrario se tolerarían zonas silenciadas de difícil ejercicio periodístico.

“Estas zonas donde se encuentran los periodistas investigadores, valientes, en el fuego cruzado y donde se aplica muchas veces una variación del plata o plomo, donde unos reciben el dinero a través de la publicidad oficial no regulada en este país y otros enfrentan riesgos de violencia extrema”, indicó.

Las obligaciones del Estado, refirió, evidentemente van más allá del sólo caso de Miroslava (Breach), son las obligaciones de protección, investigación, prevención.

Consideró que el mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras tiene avances rescatables en los últimos seis años en comparación con sus inicios, ya que ha mejorado su metodología de trabajo y hay personal que busca que tenga un mejor funcionamiento.

Sin embargo, puntualizó que se debe admitir que el mecanismo “no puede ser la respuesta integral de un Estado, porque es reactivo”, sino lo que falta es más investigación en los crímenes contra periodistas con tasas de “impunidad casi absoluta”.

En tanto, Jacobo Dayán, académico de la Universidad Iberoamericana, manifestó que en nuestro país el periodismo se encuentra en el “desamparo absoluto” al igual que los defensores de derechos humanos, y a pesar que en los últimos 20 años se han venido construyendo instituciones para su protección, éstas tienen más parecido a una simulación.

“Las instituciones, el marco legal, fueron creadas para una simulación absoluta, para sustentar esto están las múltiples visitas de los relatores especiales para la libertad de expresión (...) por lo regular en su gran mayoría aceptan estas recomendaciones y la situación nunca mejora”.

Expuso que los periodistas y defensores de derechos humanos se enfrentan a redes de complicidad entre políticas, empresariales y criminales, mientras que de parte del Estado no hay respaldo a nivel federal y estatal, en un marco de absoluta impunidad.

“El nivel de impunidad es cercano a 100%, esto es una política de Estado, no es una falla institucional; y cuando se llega a resolver cualquier cosa, por lo regular la resolución se queda en los niveles mucho muy bajos de la comisión criminal”, criticó.