Finanzas bajo presión, de autoridades comiciales locales

Las elecciones a realizarse el próximo 1 de julio en Veracruz y Chiapas serán de especial vigilancia para el Instituto Nacional Electoral (INE). En dichas entidades, se elegirán autoridades de todos los niveles, desde presidente de la República, diputados locales, hasta presidentes municipales, en un contexto en el que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de esas entidades han presentado diferentes vicisitudes, desde económicas hasta operativas, en los procesos electorales inmediatos anteriores.

Para el exconsejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), Jesús Cantú, las elecciones tanto en Veracruz como en Chiapas significan al menos focos amarillos de alerta para el máximo órgano electoral del país, el INE.

En estas entidades “ha habido conflictos previos; el caso de Chiapas, en donde se removió a todos los consejeros electorales y va a tener elección de gobernador; pongo el caso de Veracruz, donde hubo problemas con la Dirección Ejecutiva, también en el pasado proceso electoral. Entonces, ahí hay dos entidades que, sin ninguna duda —pues por decirlo menos—, son focos amarillos y el INE ahí tendría que estar muy pendiente y dándole seguimiento puntual”, dijo Cantú.

En el caso de Chiapas, el Consejo General del INE decidió remover a los siete consejeros locales en mayo del 2016 debido a que incurrieron supuestamente en “omisiones graves y negligencia” en situaciones como el listado nominal de los votantes chiapanecos en el extranjero así como las cuotas de paridad de género.

En este mismo estado, la organización del actual proceso electoral se realiza en el marco de un déficit en el presupuesto de alrededor de 500 millones de pesos, afirmó la consejera del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado, Sofía Margarita Sánchez Domínguez.

En entrevista, la consejera precisó que con dicho déficit sólo se tienen garantizadas las prerrogativas de los partidos políticos hasta marzo; después de dicho mes, el instituto local electoral se quedará sin presupuesto para otorgar recursos a los organismos políticos, además de que no se tiene garantizado el presupuesto para tareas como el conteo rápido del próximo 1 de julio, entre otras tareas.

El IEPC solicitó al Congreso local un presupuesto de 953 millones 546,174 pesos y 90 centavos; sin embargo, el congreso chiapaneco autorizó, el pasado 26 de diciembre, un presupuesto de 435 millones 133,513 pesos y 32 centavos, menos de la mitad de lo que se había solicitado.

Derivado de ello, indicó la consejera Sánchez Domínguez, el IEPC interpuso un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se obligara al Congreso local a que se entreguen mayores recursos.

“Solicitamos la ayuda del Tribunal (...) el recorte del presupuesto no fue parejo para todos los órganos autónomos”, dijo Sánchez Domínguez.

El juicio electoral interpuesto bajo el expediente SUP-JE-0006/2018 fue resuelto por los magistrados de la Sala Superior el pasado 13 de febrero, cuya resolución fue la improcedencia del recurso y el reencauzamiento del mismo.

“Esta Sala Superior considera que el presente juicio electoral es improcedente, debido a que el Instituto Electoral local debe agotar la instancia jurisdiccional local. La Sala Superior ha sostenido, como regla general, que el principio de definitividad exige que se agoten las instancias reguladas en la ley, antes de acudir al ámbito federal (...) En este contexto, se estima que se debe reencauzar el medio de impugnación al Tribunal estatal para que en plenitud de jurisdicción conozca la demanda y dicte la determinación que corresponda conforme a derecho”, se puede leer en la resolución del juicio.

En Chiapas, el periodo de precampañas ha finalizado. El siguiente paso será la sesión del Consejo del IEPC local para analizar los topes de gastos de campañas tanto de diputados, alcaldes y gobernador que, de acuerdo con el calendario del órgano local electoral, se tiene previsto que se realice entre el 1 y el 26 de abril.

El exconsejero Cantú opinó que este tipo de casos se da porque no hay una cultura ante los procesos comiciales.

“Esto se debería ir consolidando con el paso de los años y la construcción de un servicio profesional electoral que efectivamente responda a las necesidades que tiene el país y las entidades federativas”, dijo.

“No puede haber independencia si no hay independencia financiera y, en este sentido, es uno de los graves problemas que adolecen en general todas las autoridades electorales, incluyendo la nacional; es que no existe un parámetro fijo para determinar cuál va a ser el monto de los recursos que van a recibir”, dijo.

Cantú añadió que, en vista de esta problemática, cada año los órganos locales electorales dependen “del humor” de los congresos, tanto a nivel federal como a nivel local, una situación que derivó porque los partidos no emitieron, en la reforma electoral del 2014, un parámetro para el otorgamiento de los recursos a los órganos electorales.

EL CASO veracruzano

Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero del Órgano Público Local Electoral de Veracruz, precisó que aún el gobierno estatal le adeuda 50 millones de pesos que corresponden al ejercicio fiscal del 2016.

“Estos (recursos) son fundamentales para cerrar el ejercicio presupuestal del 2017, (en) esta circunstancia se ha llegado al acuerdo y convenio con el gobierno del estado de que, a la brevedad, serán entregados al OPLE de Veracruz esos 50 millones, ya que tenemos todavía diversos deudores por lo que hace a este ejercicio presupuestal (2017), ese problema todavía lo traemos”, dijo.

Cabe señalar que, hace un año, a estas fechas, el gobierno estatal le adeudaba al OPLE alrededor de 160 millones de pesos comprometidos con diversos proveedores del proceso electoral del 2016. En aquel entonces, indicó Vázquez Barajas, el adeudo “dañó” la organización de la elección por la cual resultó electo el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.